Por Andrés Vallone
Analista político – Diputado nacional MC
Durante más de dos años, una parte sustantiva de la sociedad argentina decidió sostener al gobierno de Javier Milei bajo un acuerdo implícito: tolerar el ajuste con la expectativa de una estabilización futura. Ese contrato social, basado en la promesa de orden macroeconómico, fue el principal capital político del oficialismo. Hoy, sin embargo, comienzan a multiplicarse los indicios de desgaste. Ya no se trata de percepciones aisladas, sino de una tendencia que empieza a consolidarse.
Distintas consultoras privadas coinciden en señalar una caída sostenida en la imagen del gobierno. Niveles de aprobación que superaban el 55% en los primeros meses de gestión hoy oscilan entre el 40% y el 45%, con picos de desaprobación en sectores medios y bajos. A esto se suma un dato aún más sensible: más del 60% de los encuestados considera que su situación económica personal empeoró en el último año. La macro puede mostrar señales de orden, pero la micro —la vida cotidiana— sigue en crisis.
En ese contexto, los recientes episodios vinculados al denominado caso “Libra”, que involucran al presidente y a su hermana, Karina Milei, introducen un elemento corrosivo: la pérdida de credibilidad.
No es únicamente una discusión judicial, sino un golpe directo al corazón del relato oficialista, que había construido su legitimidad sobre la idea de una nueva ética pública.
El problema se agrava cuando aparecen cuestionamientos en figuras clave del propio esquema de poder. Las críticas hacia el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades y contradicciones en su función, impactan de lleno en la comunicación gubernamental, hasta ahora uno de los activos más eficaces del oficialismo. En paralelo, el caso que salpica al ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, en relación con la obra social de las Fuerzas Armadas, refuerza la percepción de que las prácticas que se prometieron erradicar siguen presentes bajo nuevas formas.
Cuando los escándalos comienzan a acumularse, el relato de excepcionalidad se debilita. Y cuando ese relato cae, el gobierno queda expuesto a la evaluación más cruda: la de los resultados concretos.
En el plano económico, los datos son contundentes. El consumo masivo registra caídas interanuales que, en algunos rubros, superan el 10%. La industria opera con niveles de capacidad instalada por debajo del 60%, reflejando una retracción persistente de la actividad. El salario real acumula una pérdida significativa frente a la inflación, y el empleo formal muestra signos de estancamiento, con crecimiento de la informalidad como contracara.
Este cuadro impacta directamente en el humor social. El ciudadano que aceptó el sacrificio empieza a exigir resultados. La tolerancia al ajuste no es infinita, y menos aún cuando los costos recaen siempre sobre los mismos sectores. La narrativa de la “herencia recibida”, que fue eficaz en la primera etapa, comienza a mostrar signos de agotamiento. Después de más de dos años de gestión, la sociedad espera respuestas del presente, no explicaciones del pasado.
El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada decisiva. Ya no alcanza con sostener el rumbo; necesita mostrar resultados tangibles y, sobre todo, reconstruir la confianza. Porque el vínculo con la sociedad no se basa únicamente en expectativas, sino en credibilidad. Y cuando esa credibilidad se erosiona, el contrato social entra en crisis.
Los signos de ruptura no implican aún un quiebre definitivo, pero sí una advertencia clara. La política argentina ha demostrado, una y otra vez, que el respaldo social puede ser tan intenso como efímero.
El desafío para el gobierno es evitar que el desgaste se transforme en desencanto irreversible. Porque cuando la sociedad siente que cumplió y no obtiene respuestas, el cambio de ciclo deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza.
