Un año sin Guadalupe: Oficialistas y opositores coinciden en señalar la inacción del Gobierno y la Justicia  

Los diputados de la provincia de San Luis, oficialistas y opositores, coincidieron en señalar la inacción política del Gobierno de Rodríguez Saá y la falta de claridad en el trabajo de la Justicia provincial en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la nena de 5 años que hace exactamente un año desapareció mientras jugaba frente a la casa de un familiar en un barrio del sur de la ciudad de San Luis.

Lo hicieron unos días antes de este doloroso aniversario que se cumple hoy, 14 de junio, a través de una declaración en la que expresaron su preocupación por la búsqueda de la verdad y le reclaman al Gobierno que realice “de manera urgente las acciones tendientes a la búsqueda de la verdad y justicia” en la causa por la desaparición de la nena.

“La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de San Luis declara: Artículo 1° Expresar preocupación por la búsqueda de la verdad y justicia en la causa de Guadalupe Lucero, a un año de su desaparición, remarcando la inacción política por parte del Gobierno de la Provincia de San Luis y la falta de claridad en el trabajo de la Justicia Provincial; Artículo 2°,  Se inste al Gobierno de la Provincia de San Luis a realizar de manera urgente las acciones tendientes a la búsqueda de la verdad y justicia en la causa de Guadalupe Lucero” dice la declaración aprobada por unanimidad el pasado miércoles.

La extensa fundamentación del proyecto cuyo contenido se comparte a continuación, fue elaborado por el bloque de diputados Unidos por San Luis que responde a Claudio Poggi, y relata la sucesión de hechos desde la desaparición de la nena hasta la actualidad.

 

 Fundamentos del Proyecto de Declaración

Guadalupe Belén Lucero Cialone, de cinco años de edad, fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, entre las 19.30 y las 20.00 hs., cuando desapareció de la puerta de la casa de su tía en el barrio “544 viviendas”, en la zona sur de la ciudad de San Luis, mientras jugaba con sus primos en oportunidad del festejo de un cumpleaños familiar. Desde ese momento, pese a los rastrillajes y marchas no se hallaron rastros de la niña.

Guadalupe desapareció en una zona donde había dos cámaras de seguridad. El dispositivo más cercano a la manzana H estaba a dos cuadras y media. La segunda cámara, estaba a más de tres cuadras. En caso de que el secuestrador y la niña hubieran pasado por la esquina donde estaban las cámaras, no habrían quedado registrados. Esas cámaras, según explicó un colaborador de la familia de la niña, no funcionaban. Además, la búsqueda con perros comenzó 24 horas después de la desaparición de Guadalupe y estuvo a cargo de policías puntanos que no contaban con la capacitación correspondiente. La policía y la Justicia de San Luis demoraron casi 96 horas en aplicar el alerta Sofía, un sistema de búsqueda que se instaló a nivel nacional a partir de la desaparición de Sofía Herrera, de tres años, en Río Grande, en Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008.

Los padres de Guadalupe fueron convocados dos días después de su desaparición para que autorizaran la difusión de la foto de la niña por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu). Debido a una cuestión burocrática, pasaron otros dos días hasta que la imagen de Guadalupe fue difundida a través del alerta Sofía; y se tardó más de una semana en realizar la declaración en cámara Gesell de las menores que acompañaban a Guadalupe.

A una semana de la desaparición de Guadalupe, el Ministro de Seguridad de la provincia, Luciano Anastasi, había afirmado que la misma no estaba perdida, que estaba “retenida en algún lugar”. El funcionario había advertido que la Justicia tenía pruebas al respecto.

El 23 de junio de 2021 Interpol emitió un alerta amarilla en búsqueda de Guadalupe Belén Lucero para buscar a la nena en todo el mundo, colocando en su página una fotografía con sus datos esenciales. La notificación amarilla es un alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, que se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas. También puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

Al principio la búsqueda se focaliza en encontrar a la menor con vida en el oeste de la ciudad de San Luis, en el Barrio 1º de Mayo, en el Puente Negro hacia la Ruta Pescadores. También, según el vocero de la policía de la provincia, se había llevado a cabo una búsqueda en el Dique Chico, en lo que sería el Río San Luis, pero sin éxito. También, según el vocero, se había rastrillado en un frigorífico, por un rastro que había marcado uno de los perros de la fuerza, pero finalmente no fue de interés a la causa.  La Policía también buscó en el dique “Paso de las Carretas”, zonas aledañas y en la localidad de Nogolí. Los investigadores también realizaron allanamientos en la provincia de Mendoza sin resultados positivos.

El jueves 8 de julio de 2021 se realizó una marcha encabezada por los familiares de Guadalupe pidiendo por la aparición «con vida» de la niña. En ese marco, la hermana Martha Pelloni referente de la “Red Infancia Robada”, apuntó al feudalismo en las provincias y las instituciones estatales. La misma afirmó que “en provincias donde las Instituciones públicas del Estado como son la Policía, los Juzgados que pertenecen a gobiernos que nunca caducan” son “signos visibles de feudalismo. Es de conocimiento público que los cargos de jefes de Policía y Jueces son nombrados por las autoridades del gobierno. Más allá que se realicen concursos de cargos para jueces. En esos gobiernos el ministro del Superior Tribunal de Justicia tiene la última palabra en las designaciones de cargos».       

El martes 24 de agosto de 2021, y luego de múltiples allanamientos y rastrillajes, un perro rastreador detectó una pista de Guadalupe en la Ruta 7 camino a Mendoza. El mismo can había detectado el aroma de la niña de 5 años en el medio de la calle, frente al domicilio de su tía, donde había estado jugando con sus primos antes de desaparecer. A partir de esta pista, se creyó que Guadalupe había sido “cargada” a un vehículo, después de cruzar por el terreno colindante a la ruta que va hacia Mendoza.         

El 1 de setiembre último, el Gobierno nacional oficializó un incremento en la recompensa para quienes puedan aportar datos útiles para dar con el paradero de la niña, elevándola de 2 a 5 millones de pesos. La decisión se tomó cuando la madre de Guadalupe, Yamila Cialone y su abuela, Silvia Domínguez, fueron recibidas por el presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, y de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por gestiones realizada por Susana Trimarco, creadora de la fundación “María de los Ángeles”. 

A principios de Setiembre de 2021, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, junto a sus pares, Sabina Frederic y Elizabeth Gómez Alcorta, solicitaron a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que la causa sea investigada como un posible caso de trata de personas.

Durante varios meses el caso fue investigado por la justicia puntana porque, hasta entonces, todo giraba en torno a una “búsqueda de personas o solicitud de paradero”, pero, a mediados de setiembre de 2021, el juez penal, Ariel Parrillis, cambió la carátula a “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación”, un delito federal, y por eso, todas las actuaciones se remitieron al fuero nacional, sin perjuicio de la continuidad de la búsqueda de la niña por parte del Poder Judicial puntano. Según alegó el magistrado, el traspaso buscaba «evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”.

El 17 de Setiembre de 2021, los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y el fiscal federal Leonel Gómez Barbella fueron designados para investigar la desaparición de Guadalupe. El fiscal ante el juzgado federal de San Luis, Cristian Rachid, solicitó conformar este equipo ante «la trascendencia, gravedad y complejidad del caso». Tanto los padres de Guadalupe, como Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida en el año 2002, bregaban para que intervinieran fiscales federales y el caso sea considerado y vinculado a la trata y explotación de personas. Cabe recordar que las actuaciones en la fiscalía federal se tramitaban sin perjuicio de la continuidad de la búsqueda de Guadalupe por parte del Poder Judicial provincial.

Recién hacia finales de octubre de 2021, la búsqueda de Guadalupe se enfocó en cruzar información de todos los celulares que estaban activos en la zona de la manzana H, del barrio “544 Viviendas” el 14 de junio de 2021, media hora antes y media hora después de las 19.20, cuando la niña fue vista por última vez en la puerta de la casa de su tía. Entre las razones de la demora, figuraba el hecho de que la Justicia de San Luis regulaba los procedimientos penales con un código que ya no se utilizaba en el resto del país y que otorga al juez la potestad para delegar en la policía la instrucción del sumario. Esto significaba que la causa por la búsqueda de Guadalupe seguía calificada como “averiguación de paradero”. El sumario estaba en el Departamento de Investigaciones de la policía de San Luis, a cargo del comisario mayor Ángel Pereyra. Este contenía las actas de procedimientos y operativos que se realizaron sin la aplicación de ninguna lógica o, al menos, un patrón de búsqueda, en lugares turísticos de la provincia, lejos de la denominada zona cero, donde Guadalupe fue vista por última vez. Para esa época no había revisión vehicular, como tampoco hubo en el momento de la desaparición de Guadalupe, cuando se demoró una semana en comenzar con los controles.

A seis meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la investigación pasó al fuero federal con cambio de carátula y bajo la presunción del posible delito de tráfico de personas. El juez provincial, Ariel Parrillis remitió las actuaciones efectuadas y en trámite a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis, bajo la carátula «averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación».

El 8 de febrero del corriente, Guadalupe cumplió 6 años de vida. En esa oportunidad, la agrupación «Madres y Abuelas Unidas por Guadalupe», junto a familiares, inauguró un mural con su imagen en una pared ubicada en la esquina de Maipú y 25 de Mayo. Gladys Miranda, integrante de la agrupación, comentó que la idea de concretar ese mural fue para «mantener vigente y recordarle a la gente que ella aún no ha aparecido. Y como siempre digo tenemos una herida que todavía sangra porque Guadalupe no aparece».

A más de 8 meses de la desaparición de Guadalupe, la Justicia Federal citó a declarar a familiares de la niña por primera vez. Según había confirmado Yamila Cialone, madre de la niña, declaró junto a familiares de su entorno, como así también del círculo paterno y partícipes del cumpleaños que se celebraba ese día en el barrio 544 Viviendas. Fue ante el fiscal federal Christian Rachid, que afirmó que habían tomado “trece declaraciones al círculo más cercano de Guadalupe, entre ellos madre y padre» y acotó que estaban “revisando todo y profundizando lo que” había quedado “pendiente en la provincia».

Más de 10 mil personas de todo el país pusieron su firma en reclamo por la aparición con vida de Guadalupe. En dicho petitorio, se exigía al Gobierno Nacional que dispusiesen “todas las herramientas para encontrarla. Además, se solicitaba que los medios de comunicación siguieran difundiendo este hecho. La junta de firmas había sido impulsada a través de la plataforma Change.org. Por ello, este llamado de atención iba dirigido al Ministerio de Justicia de la Nación.

El 14 de marzo de 2022, una nueva marcha para pedir por la aparición de Guadalupe se realizó al cumplirse nueve meses de su desaparición. Un centenar de personas con fotos de Guadalupe acompañaron al padre de la niña, Eric Lucero, de la caminata que, en silencio comenzó en el edificio del Correo (San Martín e Illia), luego fue por Junín hasta la calle Colón y desde allí en contramano llegaron hasta el edificio de la Fiscalía Federal ubicada en esa misma arteria entre Pringles y Belgrano.

El pasado 15 de marzo, la abuela de Guadalupe había elevado un pedido expreso al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Este reclamo, pedía al Gobierno nacional disponer de las herramientas necesarias para poder hallar a la pequeña con vida y lo antes posible.

 El 14 de abril del corriente año, una carta anónima enviada desde Bahía Blanca había llegado un sobre con un escrito que expresaba un supuesto paradero de la pequeña en la localidad de Anchorena, en San Luis. Resulta que el dueño del hogar aludido, nunca dejó pasar a las autoridades a realizar la verificación debido a la negligencia de la Policía que no poseía una orden de allanamiento.

El 26 de Abril de 2022, luego de más de 10 meses sin novedades en la investigación, se inició un rastrillaje exhaustivo, sin máquinas y con un recorrido a pie, en un descampado de 60 hectáreas ubicado frente a la casa de su tía, del que participaron 400 efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería,  especializados en búsqueda de personas. La hipótesis que manejaban los investigadores era que Guadalupe podría haberse accidentado en un barranco mientras jugaba con una nena, que dijo haber estado con ella el día de su desaparición. Dos puntos clave sustentaban esa nueva hipótesis: en primer lugar, una revisión del accionar de la policía de San Luis durante los primeros rastrillajes; al parecer, la Justicia federal detectó varias inconsistencias y errores de procedimiento, lo que llevaba a pensar que se podrían haber pasado por alto algunos datos significativos. El otro punto clave era la declaración en cámara Gesell de una amiga de Guadalupe que estuvo con ella la noche de la desaparición, que regresó a su casa con la ropa embarrada y mencionó algo sobre su amiga desaparecida. Ese rastrillaje dio como resultado el hallazgo de “una calza pequeña, de color oscuro y rajada, unas botitas número 30 y restos óseos quemados” que serían peritados para tratar de establecer si eran de humanos o de animales. La madre de la pequeña confirmó que la calza hallada no coincide con la que usaba su hija al momento de la desaparición.

A fines de abril del corriente año, en la causa habían declarado alrededor de 600 testigos, se habían realizado más de 400 allanamientos y 1.300 procedimientos, que hasta ese momento no habían arrojado alguna pista certera que permitiera trazar una línea de investigación contundente sobre el paradero de Guadalupe; la causa reunía unos 90 cuerpos que estaban siendo analizados por la Justicia federal, tras el cambio de fuero concretado en diciembre último, bajo la carátula de “averiguación, privación ilegítima de la libertad y/o apropiación”.

Hacia mediados del mes de mayo del presente año, las únicas hipótesis que manejan los investigadores eran que Guadalupe no se encontraría en la provincia y que podría tratarse de un caso de trata de personas. El 18 de Mayo, día del censo nacional, la mamá de Guadalupe Belén Lucero dejó un cartel al censista en la puerta de su casa haciendo mención a la desaparición de la nena como forma de continuar visibilizando la búsqueda: “En esta casa hoy Guadalupe Lucero no podrá ser censada porque está desaparecida. ¿Dónde está Guada?”.

En la sesión especial del jueves 2 de junio de 2022 en el Senado de la Nación, donde el jefe de Gabinete, Juan Manzur dio su primer informe de gestión desde que está en el cargo, la senadora nacional, Gabriela González Riollo pidió conocer cómo fue la implementación del alerta Sofía y por qué demoraron en activarla. Ante la contestación del jefe de Gabinete que se redujo a 15 segundos, la legisladora indagó  “Frente a la evasiva respuesta en su informe sobre las acciones concretas que se han llevado en la investigación y solo se priorizan los detalles políticos, mi pregunta puntual es ¿cómo fue el protocolo de implementación del Alerta Sofía y cuál fue el motivo de la demora de más de 48 horas para la activación?”. Planteó que “la celeridad en estos casos resulta fundamental” e hizo referencia a que en febrero presentó un pedido de informe que sigue sin contestación. Agregó “Le hago esta pregunta porque es la que nos hacemos todos los sanluiseños ante la desinformación oficial”, e insistió en que la provincia continúa “sin saber qué pasó con Guadalupe”.

La familia de Guadalupe convocó a una reunión “a todas las organizaciones de la comunidad” este martes 7 de junio en donde se planificará y organizará la marcha que se llevará a cabo el 14 de junio del corriente al cumplirse un año de su desaparición. “La familia pide Justicia y la renuncia del ministro de Seguridad y de la cúpula policial encargada de la investigación de Guadalupe”, dijo la abuela de Guadalupe. “El estado estuvo ausente desde el primer momento y cuando pasa al fuero federal es como decir, ‘listo, nos sacamos este problema de encima’” agregó.

En las últimas horas, ante un tuit del ministro de seguridad, Luciano Anastasi, en el que condenaba el accionar “de un grupo minúsculo de participantes” en la marcha de “Ni una Menos” que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, le recriminó por el mismo medio: Hablemos de Guada!!! Cuando el cambió de foco es su búsqueda en medios nacionales y en la importancia del caso, de una niña desaparecida, acá en San Luis, se mostró más turísticamente los rastrillajes, perdiendo así la importancia del foco principal «buscar a Guada con vida”

“A 1 año de su desaparición Exijo, que usted sea retirado de su cargo por falta de experiencia en lo que respecta la seguridad de San Luis, y el mal manejo del caso de mí hija.” 

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