Las exposiciones de los once senadores pre-opinantes a los legisladores puntanos en el debate por la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y con excepción de los argumentos que esgrimió Martín Lousteau, fueron realmente muy pobres. Ninguna levantó vuelo.
El ejercicio de escuchar detenidamente a los senadores confirma la idea de que la dirigencia política en general se habla a sí misma, o que maneja una agenda que le resulta muy distante a los ciudadanos. Una agenda paralela.
La del Senado, definida por Cristina Kirchner y llevada adelante por Oscar Parrilli, y la del Gobierno: la ampliación de la Corte Suprema, la posibilidad de eliminar las PASO, el ataque a Cristina, Venezuela…
La de la gente: inflación, inseguridad, falta de trabajo, pobreza.
Tal vez esa distancia, esa desconexión, sea el principal motivo de la crisis de representación que sienten los ciudadanos y que confirman los sondeos. Y no haya más que mirar esa brecha para entender el porqué de la aparición de figuras disruptivas como la de Javier Milei.
En el caso de las intervenciones de Gabriela González Riollo, Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez Saá revisten para DePolítica otro interés, por la lectura que se puede hacer de su representación y de los intereses políticos de la provincia de San Luis.
La primera de los puntanos en hablar fue González Riollo, quien votó en contra del proyecto. Concisa, dijo que la reforma afecta la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y a la República.
Se encargó de señalar la vinculación del gobernador Alberto Rodríguez Saá con la iniciativa de ampliar el número de integrantes de la Corte -su propuesta era una integración de 25 jueces-.
“Tenemos un gobernador muy preocupado porque se apruebe este proyecto que él impulso con el espacio político al que pertenece, el kirchernismo”, dijo González Riollo.
Marcó que en San Luis “pasa todo lo que no tiene que pasar en el funcionamiento de la Justicia”.
“En San Luis el Poder Ejecutivo avanza sobre la Justicia”, señaló y puso como ejemplo el intento de designar al vicegobernador en ejercicio como miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Le siguió en el orden de las exposiciones Eugenia Catalfamo. Se especulaba con una posible abstención, pero su voto en contra tuvo una clara intención y diversas lecturas más allá de su argumentación.
Despegarse del kirchnerismo fue esa idea, plasmada en el primer concepto que abordó Catalfamo, aunque fue un despegue a medias, porque le dio al oficialismo quórum con su presencia.
“Yo respondo a un modelo provincial, dirigido en mi provincia por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá que es peronista, no es kirchnerista” dijo. Y acusó a “los medios amarillistas -de San Luis- que responden al diputado nacional Claudio Poggi” por instalar esa idea.
Catalfamo también defendió la iniciativa de los 25 jueces que propuso Alberto Rodríguez Saá por razones de federalismo, y dijo que “Desde San Luis no vamos a fomentar la grieta. No queremos que exista la grieta”.
“Por qué no pensar que en algún momento, en un futuro cercano podamos tener a una persona trans ocupando un espacio en la Corte Suprema de Justicia” dijo Catalfamo para señalar su interés por una integración que respete la diversidad.
Versiones periodísticas señalaron que el gobernador Rodríguez Saá le ordenó quedarse y votar en contra molesto por la injerencia de su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, en la discusión previa del armado del proyecto.
Otros reparan en cuestiones estrictamente reglamentarias: si Catalfamo se abstenía, se consideraría ausente, y la sesión perdía quórum. No le quedó otra que votar en contra, sostienen, y aprovechar ese discurso para marcar distancia con el kirchnerismo.
Como sea, ya en Terrazas deslizan la idea de que no habrá un juez de San Luis en la eventual nueva conformación de la Corte por culpa de la posición que sostuvo Adolfo Rodríguez Saá.
El ex gobernador, actual senador, fue el tercero de los puntanos en argumentar, en este caso a favor del proyecto de ampliación del número de integrantes de la Corte.
Tuvo un rol clave para que el proyecto original de los gobernadores que proponían 25 jueces no prosperara. “No sé por qué hacen del número hacen una cosa tan trascendente” dijo, y comparó la Corte argentina con otros cortes en el mundo. “Los números se ajustan a las necesidades históricas de un país” dijo, y señaló como fallas de la actual conformación la paridad de género y la representación federal.
“Desacreditar el proyecto diciendo que es por cuestiones circunstanciales es una opinión que no ayuda en el diálogo para terminar la grieta, si es que se quiere terminar. Quien quiera ver en esto un atropello se equivoca” dijo.
Sus palabras fueron dirigidas a quienes argumentaron que esta iniciativa apunta a lograr impunidad judicial para la vicepresidenta Cristina Kirchner, y en ese sentido dijo que ya en 2016 hubo presentaciones de proyectos similares.
Rodríguez Saá también mostró sondeos para reflejar la mala consideración que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, argumento que luego otros legisladores refutarían señalando que también ese desprestigio alcanza al Poder Ejecutivo y a los legisladores, y no por eso nadie propone agregar más cargos.
Finalmente dijo que el sistema republicano requiere de una sanción en Diputados y que “como bien han dicho es muy dificultosa su aprobación porque solamente se puede obtener la mayoría haciendo acuerdos, y luego la designación de los integrantes de la Corte, en el supuesto de una aprobación el diputados, requiere de los dos tercios del Senado”.
Entendiendo que está garantizado el respeto de la Constitución y de los tres poderes del Estado, Rodríguez Saá votó a favor.
