Ninguno de los 204 dirigentes que hoy ocupan cargos formales en la estructura del Partido Justicialista emitió una sola palabra sobre la detención y el encarcelamiento de Sergio Freixes, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena por coacción agravada: presionar a funcionarios judiciales para que firmaran renuncias anticipadas antes de asumir.
El dirigente que durante décadas le garantizó al Justicialismo victorias consecutivas y contundentes en el departamento Dupuy atraviesa sus primeras horas en prisión sin ningún respaldo público.
Dicen que ingresó al Servicio Penitenciario un par de horas después de la medianoche, vestido de jean y camisa. La fuerza de esa imagen vuelve a poner en el centro a Alberto Rodríguez Saá: el silencio que lo rodea también es una declaración.
Que el exgobernador imaginó hace años este desenlace no es una hipótesis descabellada. Esta página reconstruyó cómo se ideó la llamada “Ley de Parajes”, rápidamente bautizada en los pasillos de la Legislatura como “ley Freixes”, pensada —entre otras cosas— para ofrecer(le) una vía de escape ante una eventual condena.
Hoy, con la peor pesadilla hecha realidad, la pregunta es inevitable: ¿qué piensa Rodríguez Saá sobre el destino de su alter ego, desde anoche en prisión? No lo sabemos. Y por ahora, su silencio es la única respuesta.
Pero no es el único. Tampoco hablaron los 24 integrantes del Consejo Provincial, ni los 11 miembros de la Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial. No se conoce ningún pronunciamiento público.
Ninguno de los 21 congresales nacionales emitió opinión, pese a que el caso tuvo una fuerte repercusión en medios nacionales.
Mucho menos los 108 dirigentes que presiden los consejos departamentales. Y ni hablar de los 40 que integran las conducciones partidarias de San Luis, Juana Koslay, Merlo, La Punta y Justo Daract.
Si este silencio y olvido será definitivo o apenas un repliegue táctico, lo sabremos cuando el peronismo vuelva a hablar.
