La génesis: una reforma judicial y un mecanismo de presión
Todo comenzó en junio de 2004, cuando una reforma sancionada por la Legislatura provincial amplió la estructura del Poder Judicial de San Luis y creó nuevas Cámaras, Fiscalías y Juzgados. Esa reconfiguración estructural desencadenó concursos públicos y una oleada de designaciones.
Pero, según la investigación que entonces llevó adelante la Agente Fiscal de Primer Instancia N°3 de Villa Mercedes, Gretel Diamante de Ponce, detrás de esas designaciones operaba un mecanismo paralelo: la exigencia de renuncias en blanco —sin fecha— como condición para acceder o mantener cargos judiciales.
Aquella presentación de Diamante ante el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que tuvo el patrocinio de los abogados Hugo Wortman Jofré, Juan Manuel Aleman y Federico Pinto, sostenía que esa práctica de pedir las renuncias anticipadas no era aislada, sino “sistemática, masiva y coactiva”, impulsada por altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
El método: renuncias sin fecha, reuniones en el Ministerio y amenazas veladas
De acuerdo con los testimonios que la fiscal recogió —y que elevó en ese documento a la Procuración General de la Nación— la metodología incluía tres pasos:
- Citación informal –a los postulantes que eran “propuestos”- al Ministerio de Legalidad (Sergio Freixes) o al despacho del Vice Ministro (Mario Zavala), en donde se hacían las reuniones.
- Entrega de un texto ya elaborado que los candidatos debían firmar como renuncia anticipada.
- Advertencia indirecta o directa de que su designación dependía de ese gesto.
En algunos casos, según relata el expediente, se mencionaban supuestas “reestructuraciones necesarias”, la posibilidad de “sanear el Poder Judicial” y el argumento de evitar una eventual intervención federal a ese Poder muy cuestionado incluso por la Corte Suprema, luego de un fallo que le puso fin a la doble intendencia de la ciudad de San Luis.
Pero para la fiscal Diamante, lo que realmente se consolidaba era una relación de subordinación política incompatible con la independencia judicial.
Los casos que detonaron la denuncia
A lo largo de más de veinte páginas, la fiscal relató entrevistas personales y testimonios de jueces, camaristas y funcionarios que dijeron haber sido presionados.
Entre los casos más relevantes:
1. Marina Zilliotto
- Defensora de Pobres y Encausados.
- Fue designada camarista a comienzos de 2005.
- Aseguró que la obligaron a firmar su renuncia sin fecha en el despacho del Vice Ministro Mario Zavala.
- Intentó recuperar el documento, pero el Ejecutivo la consideró formalmente renunciada.
- Perdió su trabajo y quedó afuera de la estructura judicial.
2. Viviana Oste
- Jueza del Juzgado Civil N°3 de Villa Mercedes.
- Reconoció que también presentó su renuncia a disposición del Ejecutivo.
- Afirmó que lo hizo “para evitar una intervención federal sobre el Poder Judicial”.
- Admitió que firmó la renuncia sin copia y sin fecha.
3. Gabriel Marcelo Leonhardt
- Juez de Paz Letrado.
- Declaró que al mes de asumir —tras concurso— fue citado por el Vice Ministro, quien le dictó el texto de renuncia.
- Dijo que se trataba de “una cuestión política”.
4. Martha Vallica de Figari
- Integrante de la Cámara Penal II.
- Confirmó que entregó su renuncia por temor a que se promoviera un jury en su contra.
En todos los casos, según la fiscal, los funcionarios renunciantes actuaron bajo temor fundado, y algunos declararon que temían represalias contra sus familias si denunciaban.
Una cronología de los hechos
Junio 2004
- Se aprueba la reforma judicial que crea nuevas Cámaras, Fiscalías y Juzgados.
Octubre 2004
- Comienzan a surgir los primeros nombres para cubrir vacantes.
- Los candidatos propuestos son citados al Ministerio de Legalidad.
- Allí se los insta a firmar renuncias anticipadas.
Diciembre 2004
- El Senado provincial acuerda las designaciones.
- Algunos funcionarios ya habían entregado renuncias en blanco como condición.
Febrero 2005
- Continúan los concursos para cubrir cargos restantes.
- La Corte Suprema de la Nación resuelve un conflicto entre intendencias, cuestionando duramente al Poder Judicial puntano.
- El clima institucional se vuelve tenso.
Marzo 2005
- Tres miembros del Superior Tribunal presentan su renuncia.
- El Ministro Sergio Freixes anuncia en televisión que varios jueces han puesto sus renuncias “a disposición del Ejecutivo”.
- Zilliotto, Oste, Leonhardt, Vallica y otros funcionarios confirman —ante la fiscal— que habían entregado renuncias presionadas o sin fecha.
Abril 2005
- Gretel Diamante formaliza su denuncia ante la Procuración General de la Nación.
- Esteban Righi deriva el caso a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mendoza para profundizar la investigación.
La gravedad institucional señalada por la fiscal
Para Diamante, los hechos que documentó configuraban un cuadro de coacción agravada, previsto en el artículo 149 ter del Código Penal. En su presentación sostuvo que existía una estrategia sistémica del Poder Ejecutivo destinada a condicionar la independencia judicial, articulada a través del uso de renuncias sin fecha que, en la práctica, garantizaban la “sumisión total” del magistrado involucrado.
Señaló además que los mecanismos locales para denunciar o impugnar estas presiones podían resultar ineficaces, debido a que distintos órganos jurisdiccionales estaban “sometidos o influenciados”, lo que hacía inviable obtener protección institucional dentro de la propia provincia.
Por eso planteó que la única vía posible era la intervención de la Justicia Federal, acompañada de medidas probatorias urgentes, la preservación de testigos y un análisis del caso bajo los estándares de imparcialidad e independencia establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
En la parte final de su escrito, Diamante subrayó que dar este paso tenía para ella un costo personal y profesional muy alto: vivía y trabajaba en San Luis, temía posibles represalias que pudieran afectar su futuro y consideraba que los hechos denunciados marcaban el límite entre aquello que puede ser tolerado y aquello que no. Aun así, decidió avanzar y solicitar formalmente que se tuviera por presentada la denuncia y que se dispusieran de inmediato las medidas probatorias necesarias para acreditar los hechos.
Un documento que regresa al centro de la escena 20 años después
El expediente muestra, con nombres, fechas y declaraciones, cómo funcionaba un mecanismo de presión institucional que afectó la estructura judicial de San Luis en 2004–2005.
Hoy, a la luz del fallo reciente de la Corte Suprema que confirma las condenas por coacción agravada contra Sergio Freixes y Mario Zavala, este documento adquiere un valor histórico y probatorio decisivo, porque relata los hechos en primera persona, en tiempo real y con testimonios que anticiparon —20 años antes— la resolución judicial que finalmente los sancionó.
