En menos de una semana, Sergio Freixes —el ex “superministro” del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá— deberá presentarse en el Servicio Penitenciario de San Luis para comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó definitivamente firme. La condena es por coacción agravada: presionar a postulantes a cargos judiciales para que firmaran su renuncia anticipada como condición para asumir.
El escenario que hoy enfrenta Freixes no era completamente inesperado para su jefe político que miraba con atención como se desarrollaba ese proceso judicial. Cinco años atrás, Rodríguez Saá impulsó e hizo aprobar en la Legislatura la llamada Ley de Parajes —rebautizada en los pasillos como la “Ley Freixes”—, un régimen que permitía a personas condenadas evitar la cárcel si desarrollaban proyectos productivos en parajes del interior provincial.
Aquella norma, derogada en junio de 2024 por la gestión de Claudio Poggi, hubiera operado como un salvataje a medida del propio Freixes. En paralelo, Rodríguez Saá le otorgó rango municipal al Pueblo Ranquel, un gesto que también fue interpretado como parte de una estrategia de blindaje político.
Un expediente que vuelve desde 2004 y 2005
La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra Freixes, exministro de Legalidad de San Luis, por el delito de coacción agravada. El fallo cierra definitivamente un expediente que se originó en 2004 y 2005, cuando surgieron denuncias sobre presiones a jueces y funcionarios judiciales durante la primera gestión de Rodríguez Saá.
La causa comenzó tras la denuncia de la fiscal Gretel Diamante, a partir de que Marina Ziliotto -quien había concursado y obtenido un cargo como jueza de Cámara- declaró que al notificarle su designación se le exigió firmar una renuncia anticipada como requisito para asumir. Esa práctica, indicó, alcanzaba a otros magistrados y funcionarios.
Las acusaciones señalaban que, desde el Ministerio de Legalidad, se impulsaba un mecanismo mediante el cual los jueces debían firmar sus renuncias por adelantado, lo que dejaba sus cargos sujetos a presiones políticas. La situación derivó en un escándalo institucional de alcance nacional y abrió el debate sobre una posible intervención federal al Poder Judicial de San Luis.
La condena y el camino judicial
En 2018, el Tribunal Oral Federal condenó a Freixes por amenazas coactivas y amenazas agravadas, fijando una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.
Posteriormente, la Cámara Federal confirmó la sentencia. La defensa presentó recursos extraordinarios, pero todos fueron rechazados en instancias inferiores. Eso llevó el expediente a la Corte Suprema.
El fallo definitivo y la ejecución de la pena
El máximo tribunal desestimó el recurso de queja presentado por la defensa y ratificó la validez de todo lo actuado en las instancias anteriores. Con esa decisión, la condena quedó firme y ya no admite nuevas apelaciones.
A veinte años de los hechos investigados, el fallo cierra un proceso judicial extenso y confirma la responsabilidad penal del exfuncionario en las maniobras denunciadas.
Con la sentencia firme, corresponde ejecutar la pena impuesta a Freixes, quien había permanecido en libertad durante el proceso. La inhabilitación para ejercer cargos públicos también queda consolidada.
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