«No puedo hablar, tengo que pedir permiso…»

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El periodista Mario Otero denunció al Gobierno de la provincia de San Luis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la imposibilidad de ejercer el pleno derecho de ejercicio periodístico y consecuentemente la libertad de expresión.
«Funcionarios a los que no se les permite ser entrevistados o bien, sólo bajo las condiciones que el Estado provincial de hecho impone; un estricto control o cercenamiento informativo; la obligatoriedad de acordar el tema a tratar; la asignación de horarios inconvenientes para la realización de entrevistas, filtros jerárquicos que impiden el acceso al funcionario para ser entrevistados, el rechazo a pedidos de entrevistas por su opinión crítica, la imposibilidad de acceder a información», son sólo algunas de las denuncias que formula Otero en su demanda de 18 carillas y en las que sintetiza, a partir de su experiencia personal, un montaje de comunicación inédito por su cerrazón y violatorio de derechos elementales.

Es verdaderamente lastimoso escuchar a los Ministros ante la solicitud de una entrevista o el pedido de una información puntual respondiendo que tienen que pedir permiso para poder hablar. Eso habla de cómo el Gobierno maneja la comunicación, pero habla mucho más de ellos.
Nunca hubo menos información de Gobierno como en este tiempo, es cierto; y tiene algo de paradójico, porque mientras los funcionarios se niegan a hablar excusándose en que requieren una autorización especial para poder hablar, en las redes sociales se ve cómo públicamente aparecen en fotos de concesionarios de autos que los saludan y agradecen por la adquisición de un nuevo vehículo. ¿Acaso pedirán permiso en esos casos?.

El planteo judicial que impulsa Otero con el patrocinio letrado del abogado Francisco Guiñazú reclama que dicho organismo internacional «intime al estado nacional y provincial para que aseguren al denunciante y/o a quien lo requiera, su derecho y libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, informándose en la recomendación (Comisión) o fallo (Corte) que el ejercicio de dicho derecho no puede estar sujeto a previa censura ni se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, previstos para impedir la comunicación o la circulación de ideas y opiniones, como ocurre en el hecho que aquí se denuncia».
Fundamenta Otero su planteo en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos referido al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, derecho que no puede estar sujeto a previa censura, ni ser restringido; en el artículo 24 de esa Convención en lo referido a la no discriminación de las personas; en su artículo 16 que garantiza la igualdad «no cumplida en este caso», y en derechos asegurados en el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres y la Constitución Nacional Argentina, Artículo 14, y la Constitución de la Provincia de San Luis en su Artículo 9 (sobre la obligatoriedad de la difusión de los actos de gobierno en especial aquellos referidos a gastos e inversiones) y su artículo 21 que asegura que es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio sin censura previa.

El foro que nuclea a periodistas FOPEA se pronunció también manifestando su preocupación «por el continuo debilitamiento de la libertad de expresión en San Luis». Lo hizo a través de un comunicado que puede ser leído a continuación en su formato original.

Este es la denuncia presentada por el periodista Mario Otero:

Foto portada: Red/Acción.