Tres hechos concretos confirman el complejo escenario electoral que afronta el Gobierno y cuyo relato se desmorona cada día con la aparición de nuevas estadísticas oficiales que confirman la gravísima realidad cotidiana de miles de familias sanluiseñas. La última de ellas dio cuenta de que el 61,9% de los chicos de San Luis son pobres.
Son tres ideas que, por acción u omisión, revelan la particular estrategia con la que Alberto Rodríguez Saá intentar dotar de competitividad a sus candidatos.
Conviene enumerarlas antes de poner la lupa sobre cada una de ellas: No se habla de la fecha de la elección, no se explica cómo funciona el sistema de lemas y se desalienta la participación electoral.
La primera: No se habla de la fecha de la elección.
Es toda una particularidad que nos advierte de que no es una casualidad. Ninguno de los candidatos del gobierno ni sus propagandas hablan de que la elección es el 11 de junio.
A sólo 18 días de la elección de Gobernador, intendentes, senadores, diputados y concejales, no todos los sanluiseños -asfixiados en otras preocupaciones diarias- saben que el 11 de junio se vota en San Luis.
La palabra elecciones parece haber sido absorbida en un discurso general que imponen los medios masivos, fundamentalmente la televisión, pero como parte de un proceso sin mayores detalles, incierto y hasta lejano.
Ninguno de los candidatos del oficialismo habla concretamente del 11 de junio en mayúsculas.
La segunda: El Gobierno no explica lo que esconde el sistema de lemas.
La decisión de Rodríguez Saá de utilizar el sistema de lemas nació de la debilidad del oficialismo para presentar un candidato lo suficientemente competitivo como para ganar la elección por sí solo. Los primeros mensajes que se bajaron para enmascarar esa debilidad apuntaron a una suerte de democratización de la oferta electoral, al permitir que miles de candidatos, en el caso del oficialismo en su gran mayoría ya funcionarios o empleados con rango que se han sentido condicionados a jugar para revalidar sus contratos, hagan su primera participación.
Sin embargo, el propio Gobierno no ha explicado cómo funciona el sistema electoral que le permite al candidato A, abastecerse de los votos de los candidatos, B, C, D, E, etc, de su mismo lema.
Posiblemente porque el conocimiento por parte del electorado de esa suerte de voto indirecto que propone el sistema de lemas podría ser muy perjudicial para los candidatos oficialistas quienes arrastran consigo las responsabilidades de gobierno, por ejemplo en el caso de las intendencias.
La tercera: mientras menos, mejor.
Desalentar la participación electoral parece una de las claves en las que el gobierno cifra parte de sus expectativas. Siempre ha sido para todos los oficialismos, y no es esta una excepción.
A menor cantidad de votos, se fortalece la cosecha que aporta el núcleo duro oficialista, siempre en un piso del 30% ya a las 8 de la mañana cuando se abren las escuelas para votar.
De allí que no hay campañas para invitar a los ciudadanos a votar y en todo caso lo que se multiplica en las redes sociales -muchos son claramente identificables como trolls- son los mensajes promoviendo el voto en blanco, o nulo, como una manera de neutralizar cualquier vocación de cambio real por parte de la sociedad.
En ese sentido pareciera que el Gobierno buscara exacerbar al límite el malestar ciudadano para que se llegue al extremo de no votar, en lugar de votar en su contra; una suerte de castigo contra toda la dirigencia política, y no contra quienes tienen las responsabilidades por un mal gobierno.