DePolíticaPor Juan José Laborda Ibarra
Tal vez pueda parecerles a quienes lean esta segunda nota relacionada con la historia de la Residencia de Gobernadores de Puente Blanco, un artículo muy “técnico”, o tal vez muy “jurídico”.
Pero la verdad es que nadie puede sustraerse de la profesión que eligió para su vida –Escribano en nuestro caso–, ni de los temas que lo apasionan –la Historia de San Luis–.
A este nuevo artículo lo motiva también haber detectado un error en la denominación registral del inmueble que se identificó en la Ley NºV-0997-2018 que sancionara la Legislatura Provincial para transformar la anterior Residencia de Puente Blanco en el “Centro Oncológico Provincial”.
En vez de afectarse la entonces Residencia de Gobernadores (Parcela N°90 del Plano N°5514), se afectó erróneamente el inmueble colindante a aquel, más conocido como “Laboratorios Puntanos” (Parcela N°91 del mismo plano).
Esta investigación acerca de la “historia jurídica” de un inmueble, los escribanos la denominamos “estudio de títulos”, y en lo que respecta a este caso, intentaremos explicarlo de la manera más entendible posible, proponiendo hacia el final –salvo mejor criterio de las autoridades provinciales– la rectificación de la citada Ley.
Historia del inmueble:
Ese inmueble formó parte en el siglo XIX del emprendimiento agropecuario de mayor superficie a la que los puntanos conocemos hoy como “La Aguada» o «La Aguadita de Pueyrredón”
Hasta donde se sabe este inmueble era de propiedad del señor Maximino Gatica, quien con fecha 31 de agosto de 1813, la transfirió al entonces “confinado” en San Luis don Juan Martin de Pueyrredón.
Nuestro historiador Reynaldo A. Pastor en su libro “San Luis ante la historia” (Buenos Aires 1938, paginas 201/02), reproduce el texto de la escritura de compra (ver foto).
La autorizó el entonces Alcalde de Primer Voto del Cabildo de San Luis, don Agustín Palma –“por falta de escribanos”-, y haciendo de testigos instrumentales los vecinos Francisco Vicente Lucero y Juan Manuel Panelo.
La propiedad poseía entonces una superficie de cinco leguas, medida en una legua de Oeste a Este y cinco de Sur a Norte.- La escritura decía que el campo se extendía “…por el Sud el Portezuelo que hace la Sierra Alta con el Cerro Chorrillo por donde andan y trafican las tropas de carretas, cuyo carril divide este derecho con el señor D. Ramón Esteban Ramos; por el Norte con tierras de la otra Aguada, que era de la Iglesia; por Naciente la Sierra Alta y por el Poniente con quien mejor lindare…”, y “cuyo valor equivale a ochocientas veinte y cinco pesos moneda corriente, de a ocho reales cada un peso que confiesa haber recibido de mano del expresado Juan Martin…”.
(Vaya como comentario al margen, al igual que hoy como sucede con el dólar estadounidense, la “moneda de pago” no fue el peso nacional, sino otro de valor más estable y reconocido, el “real español”…)
Un año después, con fecha 30 de diciembre de 1814, Juan Martin de Pueyrredón adquiriría la fracción colindante hacia el Norte que era de propiedad de la Iglesia.
Probablemente su denominación de “Aguada” o “Aguadita” provenga de la cantidad de vertientes que bajaban (y aun bajan) de la sierra y sus consecuentes reservorios en la misma.
Ya de regreso Juan Martin de Pueyrredón en Buenos Aires en el año 1816 – designado en ese mes de marzo por el Congreso de Tucumán Director Supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata-, quedó a cargo de la explotación agropecuaria y durante algunos años su hermano José Cipriano Pueyrredón.
Mientras este último vivió en San Luis (hasta 1822), algunos de sus hijos nacieron acá, entre ellos la puntana Isabel, quien muchos años después sería la madre de nuestro gran poeta José Hernández, autor del “Martin Fierro”. Pasaron los años y esa propiedad terminó siendo heredada por el único hijo de Juan Martín, de nombre Prilidiano Pueyrredón, afamado pintor y también ingeniero recibido en Paris (fue quien diseñó la casa de la hoy Residencia de Olivos).
Los herederos de Prilidiano a fines del Siglo XIX la venderían al matrimonio compuesto por el chileno Valentín Luco Núñez y la puntana Juana Laborda Lucero. Viuda esta última, y a modo de anticipo de herencia, le transfirió en vida la propiedad a sus hijas, adjudicándole la fracción que va desde la Sierra (al este) hasta las vías del tren (oeste) a su hija Hortensia, y la fracción contigua hacia el Oeste (hoy calle Sucre) a su otra hija de nombre Manuela, posterior donante al Estado Provincial del hoy “Parque de las Naciones” en 1910.
Muchos años después – y ya fraccionada la propiedad en varias parcelas-, con fecha 7 de Septiembre de 1951 y según Escritura que autorizara el Escribano de San Luis, José Antonio Cacace, el empresario de la construcción de nombre José Juan Chediack adquirió por la suma de $ 84.500 moneda nacional a los esposos Hortensia Luco Laborda de Despouy y Enrique José Despouy, una fracción de terreno de propiedad de la primera y que se ubicaba en “los suburbios hacia el naciente de esta Ciudad sobre Ruta Nacional N°7 carretera General San Martin en el barrio denominado Puente Blanco” –dice la escritura-, teniendo como frente Sur la citada ruta nacional (hoy Avenida del Fundador).
Ese inmueble poseía entonces una superficie total de 21.146 Mts2 según el “plano confeccionado por el Ingeniero Jorge Ugolini» –dice la Escritura–.
Su dominio se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de su nuevo dueño al Tomo 3 Segunda Sección de Capital, Folio 437 Número 313 de fecha 18 de septiembre de 1951.
Años después construiría ahí su vivienda familiar y los talleres de su empresa constructora.
Diecisiete años después, en el año 1968, y mediante Ley de Expropiación N°3302 de fecha 26 de noviembre, el Estado Provincial adquiriría la totalidad de ese inmueble.
El dominio a favor del Estado, se inscribió al Tomo 10 Ley 3236 de Capital, Folio 217/219 Numero 3022/3023 con fecha 6 de junio de 1969.
Meses después, el Estado Provincial decidió confeccionar un nuevo Plano de Mensura y División sobre el inmueble registrado bajo el N°5514, quedando reducido el inmueble a dos parcelas (la N°90 de una superficie de 7.639,14 mts2. y la N°91 de 13.059,88 mts2).
Posteriormente y con fecha 13 de Junio de 1969, el Gobierno Provincial mediante Decreto en Acuerdo de Ministros y suscripto por el entonces Gobernador Matías Laborda Ibarra y sus ministros Julio Argentino Quevedo Mendoza, Francisco Guillermo Maqueda, Luis Roberto Barroso, Gerónimo Cesar Landaburu y el Subsecretario de Gobierno Hipólito Saá, resolvió donar al Consejo Nacional de Educación Técnica solamente la Parcela N°91 (donde se encuentra hoy “Laboratorios Puntanos”) -reservándose la Parcela Nº90-, habiéndose inscripto su nuevo dominio al Tomo 12 Ley 3236 de Capital, Folio 474 Numero 3373 de fecha 20 de Febrero de 1970.
Pasaron varios años hasta que como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional N°24.049 de “Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación a las Provincias (que incluía también los edificios), al Gobierno Provincial le fue devuelto ese mismo inmueble, habiéndose inscripto nuevamente su dominio al Tomo 188 Ley 3236 de Capital, Folio 290 Número 1364 de fecha 13 de agosto de 1999.
Las dos parcelas al día de hoy.
La Parcela N°91 (hoy “Laboratorios Puntanos”), tras su “recorrido” histórico entre distintos titulares, desde su adquisición en 1968 por el Gobierno Provincia, hoy descansa registralmente nuevamente a su nombre al Tomo 188 Ley 3236 de Capital Folio 290 Número 1364.
La Parcela N°90 (hoy “Residencia Oficial de Puente Blanco”), descansa registral y residualmente, desde 1968 hasta el día hoy, en el Tomo 10 Ley 3236 de Capital, Folio 217/19, Numero 3032/23.
La Ley de Afectación N°V-0997-2018
La citada Ley afectó por error el inmueble individualizado al Tomo 188 antes mencionado –ver fotografía de dicha ley–, es decir la Parcela N°91 (del hoy “Laboratorios Puntanos”), cuando debió ser la Parcela N°90, es decir “la inscripta al Tomo 10 …” ex Residencia Oficial.
Si es entonces intención del Gobierno el cambio del destino de la ex Residencia Oficial en Centro Oncológico Provincial, entiendo debería rectificarse la citada ley, y así materializarse registralmente de manera correcta un excelente proyecto en materia de salud pública.
Escribano Juan José LABORDA IBARRA
