El Procurador General de la provincia, Luis Martínez rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del periodista Diego Masci en el juicio que en su contra inició la ex ministra de Educación de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza por la publicación de un video que se había viralizado y en el cual ella admitía estar bajos los efectos de la marihuana.
En los hechos, el dictamen del Procurador es una ratificación del fallo condenatorio de la Jueza Laura Molina que tuvo repercusión mediática nacional a mediados del año pasado dada la singularidad del caso y el antecedente que significa para el libre ejercicio periodístico.
Lo controvertido del pronunciamiento del Procurador surge de una lectura política que esta página se permite realizar: al momento de conocerse esa noticia, que causó escándalo en la sociedad puntana al punto de que se le aceptó a Spinuzza la renuncia al cargo de ministra, el actual Procurador era un referente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia. De hecho Martínez votó contra un proyecto de declaración que reclamaba por el respeto a la libertad de expresión a propósito del «caso Spinuzza». Esa votación fue 20 en contra y 19 a favor.
Otro dato -a esta altura ya de color- ilustra todavía aún más este enredo de nombres y funciones de la política y la justica puntana: la funcionaria denunciante, o sea quien inició el juicio -Natalia Spinuzza- es hermana de Fernanda Spinuza, quien se convirtió en diputada al reemplazar en su banca al actual procurador Martínez. Coincidencias que dicen más que estas letras.
El dictamen del Procurador, con fecha 18 de mayo y firmado digitalmente, rechaza el planteo formulado por la defensa del periodista Diego Masci -su caso y el de otra periodista de Villa Mercedes fue incluido en el anuario 2020 de agresiones y/o actos de censura a la prensa que presentó FOPEA-, en un escrito de cuatro carillas que esta página publica a continuación.
El pronunciamiento judicial se conoció horas posteriores a que el periodista Mario Otero formulara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia y solicitud de investigación para que se garantice en la provincia de San Luis el cumplimiento del «derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del
pensamiento por cualquier medio» garantizado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV; presentación que esta página abordará en detalle en su edición del próximo domingo.
