Por Facundo Nahuel Altamirano.
Es licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Con un enfoque transnacional, investiga las relaciones entre política, cultura y academia en los estudios sobre comunicación y cultura en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX.
¿Es posible comprender la relación entre política, cultura y mercado en el siglo XX latinoamericano sin considerar el papel del Estado como promotor y regulador de la actividad editorial? ¿De qué manera las formaciones estatales se involucraron, directa o indirectamente, con esta actividad? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan El Estado editor en América Latina. Libros, política y cultura, el título más reciente de la editorial argentina Tren en Movimiento. Coordinado por Carlos Aguirre (Perú), Martín Bergel (Argentina) y Sebastián Rivera Mir (México), el volumen constituye una contribución relevante a la historia del libro y la edición, al proponer la noción de «Estado editor» como prisma para analizar las relaciones entre política, cultura y mercado. Frente a una historiografía centrada en la iniciativa privada, los itinerarios de escritores y editores o las tendencias de mercado, este trabajo recupera al Estado como integrante activo del ecosistema editorial.
La idea del Estado editor no se limita a destacar la acción institucional en la promoción o regulación de la edición, sino que incorpora un abanico amplio de formatos, relaciones y prácticas para comprender mejor las dimensiones políticas y materiales de la cultura impresa. Es especialmente útil para examinar los mecanismos mediante los cuales el Estado incorpora a grupos e intelectuales diversos —incluso contrahegemónicos— y para restituir su papel en la delimitación de cánones literarios nacionales o regionales.
Sin embargo, la apuesta del libro es doble: por un lado, busca recuperar como variable analítica la actividad editorial de un actor históricamente relegado y, por otro, intervenir en el debate contemporáneo sobre los alcances del Estado en América Latina. En un momento en que su función vuelve a ser objeto de controversia, la obra aporta un análisis histórico que ilumina las dimensiones culturales de sus capacidades materiales y simbólicas.
El volumen, organizado en cinco partes, recorre dos siglos de historia editorial latinoamericana. Sus quince capítulos muestran cómo distintas configuraciones estatales produjeron formas heterogéneas de intervención, enfrentando tensiones comunes: entre democratización de la producción y control de contenidos, o entre universalismo cultural y particularismo político. Lejos de ser un actor homogéneo, el Estado editor aparece como un espacio de negociaciones, disputas y entramados entre Estado y mercado, intelectuales y funcionarios, proyectos emancipadores y mecanismos de control.
La introducción ofrece «una cartografía del Estado editor en América Latina». Aguirre, Bergel y Rivera Mir sostienen que la historia editorial no puede comprenderse sin atender al rol de los Estados y sus agentes. Llama la atención, subrayan, que pese a su peso evidente, el tema haya sido poco explorado, con la excepción de un reciente estudio dirigido por Daniel Badenes, publicado por la editorial Filosurfer. La ausencia de un enfoque adecuado ha reforzado visiones dicotómicas entre Estado y mercado. El libro propone superarlas: no son ámbitos contrapuestos, sino dimensiones diferenciadas de un mismo proceso editorial.
De este modo, el volumen sitúa al Estado en el centro de los debates sobre historia política y cultural del libro en la región, acuñando la fórmula «formas del Estado editor» para dar cuenta del carácter plural de sus experiencias, sostenidas en la concepción ilustrada del libro como herramienta de transformación. Sobre esa base, desarrolla una tipología: el «Estado impresor», «pedagogo», «activista», «censor», «promotor» y «regulador», formas que suelen entrelazarse en la práctica.
El aporte fundamental es, en este marco, el de insertar al Estado dentro del ecosistema editorial y examinar cómo la producción y disputa de hegemonías se expresa en la actividad de autores, editores, impresores, distribuidores y lectores, siempre en el marco de una formación estatal. Como señalan los coordinadores, estos agentes actúan en un espacio condicionado por los límites y presiones del marco regulatorio de cada Estado editor. De lo que se trata, en definitiva, es de profundizar en sus relaciones con la cultura impresa y, al mismo tiempo, de repensar los alcances y límites de nociones como sociedad civil, esfera letrada o mercado, imposibles de abordar sin considerar la acción estatal.
Edición y regulación
La primera parte del libro, «Visiones panorámicas», incluye tres estudios que analizan procesos editoriales de mediana duración. El capítulo 1, «Rostros y rastros del Estado editor en Colombia, 1930-1997», de Juan David Murillo Sandoval (Colombia), recorre los proyectos editoriales del Estado colombiano en tres momentos diferentes del siglo XX: la república liberal (1930-1946), la restauración conservadora (1946-1957) y el Frente Nacional (1947-1997). Este largo periodo le permite al autor seguir el proceso de construcción de una institucionalidad cultural de orden nacional. Las dos primeras etapas se caracterizaron, según Murillo Sandoval, por el vigor y protagonismo de intelectuales como Daniel Samper Ortega, Germán Arciniegas y Rafael Maya, quienes organizaron colecciones orientadas a legitimar proyectos políticos liberales (Samper Ortega y Arciniegas) y conservadores (Maya). Esta actividad reservó a los intelectuales una función rectora en la cultura, aunque reflejó empresas personales antes que iniciativas estatales. La tercera etapa, en cambio, destaca el papel central de instituciones como el Instituto Caro y Cuervo y el Instituto Colombiano de Cultura. El capítulo 2, «Del Estado impresor al sector estatal editor: Costa Rica (1883-2021)», a cargo de Iván Molina Jiménez, muestra que, a diferencia del caso colombiano, en Costa Rica los intelectuales no desempeñaron un papel destacado en la expansión de la cultura impresa del país. Aquí, más que por figuras de renombre, el Estado editor fue dirigido por sus instituciones públicas, en especial la universidad.
En tanto, el capítulo 3 –«Del Estado editor al Estado regulador: respuestas políticas a los problemas económicos (Brasil, siglo XXI)»– de Marisa Midori (Brasil) examina la presencia del Estado en la economía del libro. A partir del debate suscitado por la denominada Ley Cortez, presentada con el propósito de fijar un precio único en todo el territorio nacional para los libros recién publicados, Midori explora la tensión entre dos facetas del Estado en Brasil, el editor y el regulador (que no debe confundirse con el Estado censor). Su aporte se distingue dentro del volumen por enfocar el análisis en los instrumentos legales que el Estado impulsa o descarta para garantizar –o restringir– reglas de juego equitativas en el mercado editorial.
La segunda parte del libro, «Formas del Estado editor», reúne cuatro capítulos que analizan casos concretos que permiten conocer en profundidad algunos de sus desarrollos históricos más relevantes. El capítulo 4, «Ensoñaciones de una editorial universitaria: EUDEBA y su Biblioteca de Asia y África (1962-1966)», de Martín Bergel, explora uno de los capítulos más destacados de la historia editorial argentina, la EUDEBA de Boris Spivacow. Bergel se detiene en la colección dirigida por el periodista Gregorio Selser –la primera en español dedicada a estos continentes y reconocida por su impronta tercermundista– y reconstruye cómo la serie permitió a la editorial combinar su espíritu divulgador con un interés creciente por la realidad política del Tercer Mundo. Como ninguna otra colección del catálogo, la Biblioteca se plegó a la ola de radicalismo político impulsada por la emergencia de una nueva izquierda y participó explícitamente de los «vientos epocales de la revolución», a la vez que venía a suplir la vacancia de un espacio de saber todavía no institucionalizado sobre el Tercer Mundo en los claustros académicos.
Por su parte, el capítulo 5, «La plebaide: la colección Biblioteca Peruana y el gobierno nacionalista militar», de Carlos Aguirre, analiza cómo esta serie contribuyó a forjar un canon literario posoligárquico durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aguirre muestra que, aunque originalmente concebida por la editorial comercial PEISA, su realización fue posible gracias al apoyo estatal del gobierno revolucionario. Esta comunión entre agentes públicos y privados fue posible debido al interés compartido por democratizar el acceso a la cultura impresa en Perú: para la editorial PEISA resultaba conveniente desde un punto de vista comercial ampliar el mercado mediante la incorporación de nuevos lectores; para el gobierno militar, la ampliación del mercado se presentaba propicia como mediación para llegar a los sectores populares que, gracias a las políticas gubernamentales de alfabetización, se constituían en potenciales destinatarios de la propaganda oficial.
El capítulo 6, «Libros baratos para la posrevolución. Los usos políticos de la edición desde el Estado mexicano (1935-1977)», de Sebastián Rivera Mir, analiza las apropiaciones que el Estado posrevolucionario hizo de los impresos durante el siglo XX. El capítulo se detiene en dos experiencias poco trabajadas: la creación de la Comisión Editora Popular durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y el lanzamiento de una red de librerías del Fondo de Cultura Económica durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976). Pese a sus diferencias, ambas iniciativas modularon una alternativa editorial dirigida a concretar un objetivo cultural caro a la tradición plebeya de la Revolución Mexicana: llevar el libro a las masas. Finalmente, el capítulo 7, «El Estado editor en Brasil. La trayectoria de tres casos subnacionales», de Ana Elisa Ribeiro (Brasil), se detiene en los casos de la Biblioteca Pública de Paraná en Curitiba durante el siglo XIX y, ya en el siglo XX, de la Imprensa Oficial del Estado de Alagoas y la Companhia Editora de Pernambuco. Más allá de las particularidades de cada caso, Ribeiro identifica una constante en la historia editorial del Estado brasileño: la autonomía de las editoriales estatales siempre ha sido relativa. En periodos más democráticos, la intervención estatal en los procesos editoriales tiende a reducirse, mientras se observa una marcada preferencia por la edición literaria frente a otros géneros.
Socialismo y edición
La tercera parte del libro, «Socialismo y edición», analiza las políticas editoriales de la Revolución Cubana, del régimen militar de Velasco Alvarado en Perú y de la «vía chilena al socialismo» de la Unidad Popular. El capítulo 8, «Don Quijote cabalga de nuevo. La experiencia editorial en Cuba (1960-1967)», de Jorge Fornet (Cuba), muestra que la Revolución Cubana otorgó un lugar central al desarrollo de una cultura impresa afín con los ideales humanistas que proclamaba. Así emergieron nuevos suplementos culturales, nació Casa de las Américas y se inauguró la Imprenta Nacional de Cuba, que comenzó su actividad editorial con la impresión del Quijote. Fornet describe que, con la obra de Cervantes, durante semanas «La Habana fue una enorme carcajada», una expresión exagerada pero que ofrece una imagen vívida del cruce imaginado por la elite revolucionaria entre la cultura letrada y los sectores populares. En este contexto, la campaña de alfabetización de 1961 dio origen a un nuevo público lector y provocó una demanda masiva de libros. Para satisfacerla, el gobierno creó la Editorial Nacional y, en 1967, el Instituto Cubano del Libro. Durante este periodo, Cuba editó a autores clásicos de la literatura universal, como Homero, Shakespeare o Dostoievski, y a referentes teóricos de la nueva izquierda, como Herbert Marcuse, Ernest Mandel y Louis Althusser. ¿Cómo fue posible? El Estado editor cubano decidió suspender el pago de derechos de autor, en un gesto desafiante de nacionalización –o más bien de internacionalización, como precisa el autor– de la cultura universal, lo que permitió a la elite revolucionaria poner a disposición del público decenas de títulos en tiradas de millones de ejemplares.
A diferencia de Fornet, que presenta una política cultural aparentemente homogénea, el capítulo 9, «Quimantú y las disputas por la construcción del socialismo en Chile», de Ivette Lozoya (Chile), destaca las contradicciones y tensiones de un proceso de transformación en curso. El estudio retoma el caso de Quimantú, hito editorial en Chile y símbolo de la «vía chilena al socialismo», que fue también –como subraya la autora– un espacio de disputa respecto a la dirección de la política cultural de la Unidad Popular. Antes que resultado de consensos amplios, Quimantú creció a partir de iniciativas fragmentadas que reflejaban diferencias dentro del proyecto socialista.
Finalmente, esta sección del libro concluye con el capítulo «‘Una revolución que no se explica, se empobrece’: la revista Participación y la labor de los intelectuales durante el gobierno velasquista en el Perú», de Anna Cant (Inglaterra) y Mijail Mitrovic (Perú). Se trata del único capítulo del volumen que pone el foco en una revista promovida por el Estado. El ensayo explora la revista Participación (1972-1975), editada por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos), una de las apuestas políticas más ambiciosas del velasquismo, dirigida a la conquista de los sectores populares y campesinos. A través de una «microhistoria» de la publicación, el capítulo pone de relieve las tensiones entre el Estado y las formaciones intelectuales afines al proyecto velasquista.
Pedagogía, edición y censura
La cuarta parte del libro se titula «Edición y pedagogías estatales». La sección comienza con el capítulo 11, «Libros Cormorán y la revolución del libro en Chile (1967-1973)», de Patricio Bascuñán (Chile). El trabajo recuerda que el clímax editorial que suscitó la Unidad Popular no surgió en el vacío, sino que tuvo como antecedente destacado esta experiencia de menor escala, pero que, sin embargo, condensó en un pequeño episodio las capacidades editoriales del campo cultural chileno que más tarde Quimantú desarrollaría plenamente. Bascuñán sitúa la serie Libros Cormorán en el contexto de la «revolución del libro en Chile», ocurrida en los años 60 del siglo XX, que el autor describe como un proceso de adaptación del libro a la moderna cultura de masas, un momento de la historia chilena en el que el libro supo competir –o complementarse– con la prensa, el cine, la radio y la televisión. Libros Cormorán fue un hito clave en este proceso y su originalidad radicó en la opción por promover ediciones económicas y en formato de bolsillo, apuntando de este modo a un público masivo y heterogéneo, con un catálogo de izquierda, laico y latinoamericanista.
El capítulo 12, «De México para los maestros latinoamericanos. La actividad editorial del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina, CREFAL (1951-1961)», de Kenya Bello (México), ilumina una faceta poco explorada del Estado editor mexicano. En el CREFAL, institución creada en los años 50 bajo el auspicio de la Unesco, la diplomacia cultural mexicana desempeñó un rol decisivo. Se trata de uno de los ensayos que enfatiza procesos editoriales transnacionales, en este caso, la convergencia entre las misiones culturales impulsadas por la Unesco en la región y las que el Estado mexicano venía desarrollando en el ámbito rural.
El capítulo 13, «Edición y revolución en Cuba: el Instituto Cubano del Libro y la ‘serie editorial’ Ciencias Sociales», de Martín Ribadero (Argentina), explora las políticas editoriales desarrolladas por el gobierno revolucionario de Cuba, que modificaron de manera radical el universo del libro y la edición en la mayor de las Antillas. Entre las múltiples iniciativas del Estado editor en Cuba, Ribadero recupera la «serie editorial» Ciencias Sociales, diseñada por el Instituto Cubano del Libro. La serie le proporciona al autor una vía de entrada privilegiada para analizar los cambios editoriales promovidos por una nueva institucionalidad en proceso de formación, así como para reconocer sus límites y contradicciones. En un panorama editorial caracterizado por las tensiones entre la masificación del libro y un creciente control por parte de las autoridades sobre el contenido de las publicaciones, la serie Ciencias Sociales incorporó, sin embargo, temas y autores afines a la dinámica transnacional de modernización de las humanidades y ciencias sociales en el periodo. Su catálogo abarcó desde figuras políticas locales como Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara hasta referentes de una tradición marxista crítica del estalinismo, como Lukács, Gramsci, Trotsky y Marcuse. Así, Ribadero muestra que, hasta mediados de la década de 1970, la serie reflejó un momento de efervescencia editorial alentado por una dirección dispuesta a explorar nuevos horizontes teóricos, ideológicos y científicos, con el propósito de modernizar la vida universitaria y cultural de la isla.
La quinta y última parte del volumen se titula «El Estado censor/regulador». El capítulo 14, «El Estado Novo editor en Brasil. El papel del Departamento de Prensa y Propaganda (DIP) y del Instituto Nacional del Libro (INL)», de Thiago Mio Salla (Brasil), explora el rol destacado que las publicaciones impresas tuvieron durante el Estado Novo brasileño (1937-1945). Salla recupera el papel de los dos frentes principales de producción de contenidos editoriales en el periodo. Ambos organismos se complementaron y desplegaron dos facetas de una misma política cultural: si el Departamento de Prensa y Propaganda se dedicó a la impresión de materiales apologéticos del gobierno de Vargas, el Instituto Nacional del Libro se dispuso a recuperar para el público brasileño obras esenciales de la cultura nacional, con el propósito de organizar un canon histórico y literario afín al gobierno de turno.
Finalmente, el libro culmina con el capítulo 15, «El Estado censor: la actividad editorial del comunismo argentino desde la persecución estatal (1930-1955)», de la historiadora Adriana Petra (Argentina). La autora parte del examen de la censura ejercida por el Estado argentino sobre la actividad editorial del comunismo entre 1930 y 1955 para plantear una advertencia metodológica decisiva: la historia editorial de las izquierdas en América Latina no puede reconstruirse sin considerar el papel del Estado censor, cuya huella se revela en los archivos de la represión y la censura. Petra se concentra en la actividad editorial del comunismo argentino –particularmente en las editoriales Problemas y Lautaro– porque constituye un caso singular dentro de la cultura de izquierdas. Por un lado, porque su producción se articuló con una vasta red transnacional de circulación de impresos, sin precedentes en otras tradiciones políticas. Por el otro, porque pese a la censura y la clandestinidad forzada, la actividad editorial de los comunistas nunca se interrumpió. Ahora bien, el interés de Petra no radica en la recuperación episódica de tal o cual experiencia editorial, sino en cumplir con un doble objetivo de investigación. En primer lugar, observar el modo en que el Estado censuró la actividad impresa del comunismo argentino. En segundo lugar, recomponer cómo, pese a la censura, el comunismo formó parte, en la clandestinidad, de la expansión del mercado editorial argentino.
Con esta variedad de estudios, la obra presenta un mosaico de experiencias que ponen de relieve distintos momentos del Estado editor en América Latina. A través de un recorrido que invita a detenernos en una variedad de casos singulares, podemos ver entonces al Estado reproducir –por la positiva, promoviendo; por la negativa, censurando– a gran escala el ideal ilustrado que depositaba en la cultura impresa una fuerza pedagógica transformadora. Gracias a la heterogeneidad de sus estudios y a la diversidad de sus enfoques, el libro ofrece así una vía de entrada novedosa y fundamental a la historia política y cultural de nuestro continente. Uno de los méritos del volumen reside en mostrar que la historia del libro y la historia política en América Latina no transcurrieron por carriles separados y que los emprendimientos editoriales del Estado no solo reflejaron –a su manera, a través de una serie compleja de mediaciones– un proyecto de sociedad, sino también sus contradicciones.
Este artículo se puede leer en su publicación original en https://nuso.org/articulo/estado-editor-america-latina/