Bartolomé Abdala no es un dirigente político cualquiera. Es el presidente provisional del Senado de la Nación y ocupa el tercer lugar en la línea sucesoria presidencial, después de Javier Milei y Victoria Villarruel. Su palabra pública tiene, por lo tanto, una dimensión institucional que difícilmente pueda compararse con la de un legislador que interviene en una discusión provincial.
Sin embargo, Abdala eligió sus redes sociales para lanzar acusaciones contra el gobierno de Claudio Poggi por la entrega de bicicletas del programa TUBI. Habló de clientelismo, de sobreprecios y de prioridades equivocadas. No se trató solamente de una opinión sobre la conveniencia de destinar recursos públicos a esa iniciativa. Fueron cuestionamientos que, por su naturaleza, requerían algún fundamento que permitiera sostenerlos.
Lo llamativo ocurrió después. Las publicaciones fueron borradas en Instagram y Facebook. Lo que había sido presentado públicamente como una denuncia desapareció de las cuentas del senador, sin que hasta ahora contemos con una explicación documentada de las razones.
Circula la versión de que la decisión respondió a una intervención de la Casa Rosada. Es un dato que todavía necesita confirmación, pero que, de comprobarse, incorporaría un componente institucional adicional: el Gobierno nacional habría tenido que intervenir para desactivar una controversia iniciada sin fundamentos por una de las máximas autoridades del Senado.
El episodio merece atención por lo que Abdala dijo, pero también por lo que ocurrió después. Porque retirar una publicación no equivale necesariamente a rectificar una acusación. Y porque quien denuncia públicamente una irregularidad tiene la responsabilidad de explicar en qué elementos se apoya, independientemente de que luego decida eliminar el mensaje.
Una coincidencia que no es inocua
Hay otro aspecto de esta historia que merece una lectura política.
Pocos días antes, Alberto Rodríguez Saá había cuestionado el mismo programa durante una intervención pública en Villa Mercedes. El exgobernador sostuvo que la entrega de bicicletas no representaba un cambio cultural vinculado al transporte, sino un negocio.
Sus declaraciones fueron recogidas por su página web personal el 19 de octubre. La publicación generó comentarios de lectores que cuestionaron duramente la posición del exmandatario.
La coincidencia entre Rodríguez Saá y Abdala no demuestra que exista un acuerdo entre ellos. Pero tampoco impide observar que sus intervenciones confluyen en una misma dirección: desacreditar una iniciativa del gobierno de Poggi.
Y allí aparece una cuestión que excede ampliamente la discusión sobre las bicicletas.
Hay un dato que ayuda a comprender mejor esta coincidencia. Abdala no es un desconocido para Alberto Rodríguez Saá. Fue su ministro de Turismo, Cultura y Deporte entre diciembre de 2008 y julio de 2009. Y en 2013 llegó a la Legislatura provincial por Compromiso Federal, el espacio político de los Rodríguez Saá.
Es una relación política que viene de lejos. No demuestra que exista hoy un acuerdo entre ambos, pero aporta un antecedente significativo para interpretar la coincidencia de sus cuestionamientos al gobierno de Poggi.
Rodríguez Saá tiene razones políticas para alentar una confrontación entre La Libertad Avanza y el oficialismo provincial. Una fuerza libertaria que compita por su cuenta contra Poggi podría disputar una parte del electorado que hoy acompaña al gobernador y modificar el escenario electoral de San Luis.
Desde esa perspectiva, la aparición de un dirigente nacional libertario cuestionando al gobierno provincial puede resultar funcional a los intereses del exgobernador alineado con el kirchnerismo nacional, incluso sin que exista una coordinación entre ambos.
La pregunta es si Abdala advierte esa posibilidad cuando decide intervenir en la política sanluiseña con acusaciones que coinciden con las del principal adversario de Poggi.
El peso de la investidura
Nada impide que el presidente provisional del Senado tenga opiniones sobre la política de su provincia. Tampoco que cuestione las decisiones de un gobernador, aunque pertenezca a un espacio político con el que el Gobierno nacional mantiene relaciones institucionales.
El problema aparece cuando esas opiniones se convierten en acusaciones concretas que luego desaparecen sin explicaciones.
Si Abdala dispone de información sobre sobreprecios en la compra de bicicletas, corresponde que la presente. Si considera que existe una utilización clientelar del programa, también debería explicar qué hechos permiten sostener esa afirmación.
Pero si decidió retirar sus publicaciones porque no tenía elementos para respaldar acusaciones de semejante gravedad, no alcanza con hacerlas desaparecer de las redes sociales. Debería reconocer públicamente su error y pedir disculpas al gobierno provincial y a quienes fueron alcanzados por sus cuestionamientos.
No se trata de exigirle que renuncie a sus opiniones políticas, sino de algo mucho más elemental: que asuma la responsabilidad por sus propias palabras. Y esa responsabilidad adquiere una dimensión especial cuando quien habla es el presidente provisional del Senado de la Nación.
La política admite diferencias, confrontaciones y denuncias. Lo que no debería naturalizarse es que las acusaciones aparezcan y desaparezcan de las redes sociales sin que sus autores se hagan cargo de ellas.
En San Luis, además, el episodio tiene una lectura particular. Mientras Rodríguez Saá intenta recuperar protagonismo político frente al gobierno de Poggi, Abdala interviene en esa misma confrontación desde una posición institucional que le otorga una visibilidad nacional muy superior a la de cualquier dirigente provincial.
No sabemos si esa coincidencia responde a una estrategia compartida. Lo que sí puede analizarse es su posible consecuencia política: Abdala se encarga de hacerle el juego político a su exjefe al potenciarle un cuestionamiento.
La eventual intervención de la Casa Rosada, si llega a confirmarse, permitiría comprender mejor por qué esas publicaciones fueron retiradas. Mientras tanto, queda pendiente una explicación del propio Abdala. No tanto sobre su derecho a cuestionar el programa TUBI, que nadie debería discutirle, sino sobre las acusaciones que eligió formular y que después dejaron de estar disponibles. Porque una publicación puede borrarse. La responsabilidad por lo que se dijo públicamente no desaparece con ella.
