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Cínico: Dicho de una persona: Que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. Usado también como sustantivo. (Real Academia Española).
Quién sabe. Tal vez en 20, 30, o 50 años, cuando ya no esté vivo ninguno de los que hoy leen este artículo, ni quien lo escribe, tal vez alguien, algún estudiante de historia, algún periodista -supongamos que este oficio sobreviva-, quién sabe, algún empleado legislativo, o sea quien sea que revise las versiones taquigráficas de la Legislatura provincial, se entere allí, con esos documentos históricos en la mano, que hubo una vez un gobernador que intentó hacer caer un gobierno elegido por los ciudadanos de la provincia de San Luis.
Y leerán que su nombre era de un tal Alberto Rodríguez Saá. Triste lugar ya le reserva la historia.
A lo largo de cuatro años de vida esta página publicó numerosas críticas a la gestión de gobierno y al manejo político que Rodríguez Saá hizo y que llevó al PJ a perder un invicto de 40 años y a romper las mejores prácticas de gobierno que caracterizaron a esta provincia por años, décadas.
Esa mirada siempre estuvo estrictamente enfocada en su actividad como gobernante, como dirigente; lo que se criticó fue su actuación en la esfera pública, un escenario en el que nadie podrá negar que se movió con un enorme cinismo.
Por caso, en los últimos días de su gobierno, en diciembre de 2023, hizo pública una suerte de entrevista documental llamada “Apuntes para Gobernar” en la que decía: “Si yo a alguien le he hecho daño, cómo me gustaría saberlo, ir a pedirle disculpas, o remediarlo si puedo”.
Cinismo puro.
El que hablaba era el mismo que con las cámaras apagadas convocaba a sus legisladores a una reunión para contarles cómo debía seguir legislativamente el plan que estaba llevando adelante desde el 11 de junio para destruir al gobierno que asumía.
El sabía que inevitablemente ese plan significaba afectar el presente y el futuro de los ciudadanos. Y no le importó. Más pobreza, más dolores, más sufrimiento para una sociedad que le había dicho basta.
Por eso, los siete minutos treinta segundos que duró la alocución del diputado Alberto Leyes en el recinto de la Legislatura, cuando esta semana se votó el rechazo a las cuentas de la anterior administración, han sido los siete minutos treinta segundos más impactantes, contundentes y reveladores de la existencia de ese plan de desestabilización urdido por el ex gobernador, padre de la derrota, padre del rencor, para intentar hacer caer al gobierno elegido en las urnas en junio de 2023.
Esos minutos fueron sin duda la ratificación más cabal de cuanta denuncia periodística se ha escuchado desde el 10 de diciembre en adelante. Incluso, desde mucho antes también, como lo comprueba la serie de artículos que publicó DePolítica sobre la existencia de ese plan, de algunas de las acciones que se concretaron y de las que quedaron afortunadamente truncadas.
Hay que decirlo. No ha habido en la historia política de la provincia un gobernador dispuesto a someter a la población de San Luis a tanta injusticia y dolor a cuenta de su rencor porque hayan elegido otra opción de gobierno. Padre del rencor.
Si hasta Pablo Lucero, el ex gobernador que en 1854 cuando tuvo que dejar el poder en manos de Justo Daract se fue llevándose consigo la guardia militar tuvo un límite: no dejar desprotegida a la población de la provincia a merced de un malón.
Ese límite no lo tuvo Rodríguez Saá. Lo cruzó sin miramientos. Y eso habla de su enorme desprecio para con los ciudadanos en tanto no se sometan a su voluntad.
Veamos qué dice la versión taquigráfica que quedó para la historia. El que habla, sin ser desmentido, es el diputado Alberto Leyes, a quien nadie podría negarle que conoció a Rodríguez Saá.
Muchos de los diputados hoy presentes en el recinto y otros que finalizaron su mandato el 10 de diciembre, fueron testigos de una reunión convocada por el entonces gobernador de la provincia en la cual nos dijo que se iba a mandar un paquete de leyes que significaría el desguace de la Provincia, que la iba a detonar y así asfixiar a un Gobierno elegido por el pueblo, generar la imposibilidad de disponer de fondos distribuyéndolos en distintos organismos y en menos de dos años tuviese que entregarlo.
Ese es el Alberto Rodríguez Saá que conocerán quienes revisen los documentos de la Legislatura del año 2024. El que decía que si había ofendido a alguien quería pedirle perdón.
Sigamos.
En esa misma reunión se pretendió asegurar la mayoría de las cámaras mediante la modificación de la ley orgánica otorgando cargos vitalicios con altos sueldos a propuestas de los diputados y senadores. Ahora se ven en las Cuentas de Inversión el porqué de los gastos caprichosos e irresponsables, había una intencionalidad, se podía decir una estrategia política en detrimento de los intereses del pueblo. Lo que digo es fácilmente comprobable, sólo si vemos los sumarios del año pasado, no únicamente la ley llamada de los 53 cargos, sino también el ingreso de las reformas en la ULP, UPRO que se le otorgaba un presupuesto del 0,70 al 3,5, es decir, cinco veces el que posee todo el Poder Legislativo. También la designación del defensor del Pueblo y la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que era independiente del Ejecutivo en fondos y designaciones”.
¿Un poco más de esa versión taquigráfica?.
¿De qué justicia social hablamos cuando el gobernador tenía de gastos reservados 2 millones de pesos por día y en ese momento un beneficiario de inclusión cobraba 60 mil, es decir, que lo que el ex mandatario gastaba en un día una persona del plan necesitaba más de 33 meses para ganarlo… quiénes estamos desde la primera hora cuando el Gobierno sembró la provincia de viviendas, escuelas, rutas, diques, acueductos y otras obras que hicieron posible un San Luis digno de ser vivido, resulta nostálgico cotejar aquel pasado pujante en este presente que nos ha conducido la gestión anterior.
La confirmación de ese plan fue parte del debate en la sesión en la que la Legislatura rechazó la cuenta de inversión del año 2023, el último año del gobierno de Rodríguez Saá, y confirmó que se fue dejando un déficit de más de 93 mil millones de pesos.
La votación para el rechazo de esa cuenta ofrece también una interesante mirada política sobre quiénes votaron.
El resultado fue 26 votos a favor del rechazo del ejercicio económico de la anterior administración provincial; y 9 en contra de esa desaprobación, conforme el resultado que presentó el Tribunal de Cuentas Provincial.
De acuerdo a la reconstrucción que DePolítica pudo hacer sólo nueve de los diputados que aún responden a Rodríguez Saá votaron en contra: Silvia Sosa Araujo, Joaquín Beltrán, Florencia Palacios, Federico Berardo, Rodrigo Cabaña, Fernanda Spinuzza, Gloria Petrino, Marcelo Paez Logioia y María del Carmen Gostelli.
Otros seis se ausentaron al momento de la votación y de esa manera -alguien así podría leerlo- evitaron respaldar a Rodríguez Saá con su voto: Walter Aguilar, Sonia Delarco, Enzo Mirábile, Marcos Gatica, Carlos Muñoz y Claudia Pinelli.
Aún a riesgo de ser redundante DePolítica repasa a continuación algunas de las acciones que formaron parte de ese plan desestabilizador de Rodríguez Saá.
- Nombrar nuevas autoridades en la Universidad de La Punta para cobijar a dirigentes y utilizar su presupuesto para financiar la impresión de su diario familiar.
- Municipalizar las UPrO (Universidades de oficios) y quitarle su control al Estado provincial.
- Sacarle a la provincia la administración del complejo de La Pedrera para generar una suerte de municipalidad paralela que actuara en Villa Mercedes.
- Desguazar Vialidad Provincial para repartir su maquinaria vial en cada municipio políticamente amigo.
- Darle autonomía al Mólino Fénix para nombrar dirigentes y utilizar su presupuesto políticamente.
- Desarmar San Luis Agua y conformar un consorcio con intervención de los municipios.
- Nombrar un nuevo Defensor del Pueblo.
- Hacer contrataciones masivas para explotar con nuevas plantas permanentes el Estado provincial.
- Crear 58 cargos de un millón de pesos en el ámbito legislativo para sus ex funcionarios, amigos y familiares.
- Crear una mesa directiva “a perpetuidad” en el Hospital Carrillo que manejara su propio presupuesto.
- Convertir el Ente de Control de Rutas en un organismo autónomo del Estado pero que se financiera con sus recursos.
- Secar las reservas de los ahorros en dólares que durante años juntó la provincia.
- Modificar la coparticipación a los municipios para reducir el presupuesto del gobierno provincial y su margen de maniobra.
- Utilizar el otorgamiento indiscriminado de aumentos salariales para desfinanciar al Estado a través del llamado Tratado de La Toma.
- Un plan de obras públicas faraónicas, innecesarias o inoportunas para exprimir hasta el último peso y pagar anticipos financieros -con dudoso destino- por encima de lo que establece la ley.
La historia está escrita.
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DePolítica está en condiciones de adelantar que esta semana el universo político libertario de San Luis entrará en ebullición.
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