San Luis encabeza el ranking nacional de desempeño fiscal. No lo dice el Gobierno provincial, sino un estudio de Empiria, la consultora que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza, elaborado con información oficial del Ministerio de Economía de la Nación. El trabajo evaluó 22 jurisdicciones y ubicó a San Luis por delante de Formosa, la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba.
El dato adquiere especial significado cuando se observa la situación financiera que recibió Claudio Poggi en diciembre de 2023.
El resultado se explica por una combinación de indicadores: equilibrio fiscal, ausencia de exposición financiera por deuda —0% frente al 16% del promedio nacional— y una capacidad de inversión que también sobresale. Por cada 100 pesos destinados a personal, San Luis asigna 32 a gastos de capital, mientras que el promedio nacional es de apenas 18.
Pero los números adquieren otra dimensión cuando se los coloca en perspectiva política.
En diciembre de 2023, Claudio Poggi recibió una provincia con un profundo desequilibrio fiscal. Durante los últimos años de la administración de Alberto Rodríguez Saá se habían utilizado recursos extraordinarios para sostener gastos corrientes, una práctica que comprometía la sustentabilidad de las finanzas públicas. El nuevo gobierno debió comenzar con un proceso de ajuste, revisión de gastos y reorganización del Estado.
Menos de tres años después, San Luis aparece al frente de una evaluación nacional de solvencia fiscal. Lo que comenzó como una necesidad de emergencia terminó convirtiéndose en un criterio de administración. Ese es, probablemente, el dato político más significativo del informe.
Sin embargo, la verdadera importancia del orden fiscal no está en los balances, sino en lo que permite hacer con los recursos públicos.
Tener las cuentas ordenadas significa contar con mayor previsibilidad para construir viviendas, invertir en escuelas, sostener programas de alfabetización, mejorar la infraestructura sanitaria y ejecutar obras públicas. También permite acompañar a los emprendedores, promover la actividad empresarial y estimular la generación de empleo privado.
El superávit no debería ser un fin en sí mismo. Su valor está en la posibilidad de sostener políticas públicas sin comprometer el futuro financiero de la provincia. Y esa es una diferencia sustancial entre administrar para equilibrar las cuentas y equilibrarlas para poder gobernar.
El informe también señala una debilidad que no conviene ignorar. Apenas el 19% de los ingresos de San Luis proviene de recursos propios y regalías, frente al 27% del promedio nacional. La dependencia de los fondos nacionales sigue siendo importante. Por eso, el próximo desafío no consiste solamente en preservar el equilibrio fiscal, sino en ampliar la actividad económica y fortalecer la capacidad de generar recursos propios.
El estudio de Empiria no dice que San Luis haya resuelto todos sus problemas. Tampoco mide la calidad de la educación, la atención sanitaria o el bienestar de la población. Su alcance es estrictamente fiscal. Pero sus resultados permiten reconocer una transformación significativa: Claudio Poggi pasó de administrar una provincia que tenía serios desequilibrios financieros a conducir una gestión cuyos indicadores fiscales constituyen hoy una de sus principales fortalezas.
Y lo verdaderamente importante será que esa fortaleza siga traduciéndose en más viviendas, mejores escuelas, infraestructura, trabajo y oportunidades para los puntanos.
