El gobernador Claudio Poggi anunció que instruyó a la Fiscal de Estado de la Provincia, María Fabiana Zárate, a formular una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, y solicitar su remoción del cargo.
La presentación apunta contra una resolución dictada el 2 de marzo de 2026 en el incidente de regulación de honorarios vinculado a la causa “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis, Serving S.R.L. y/o otros s/ acción preventiva de daño ambiental”. Según la denuncia, la magistrada habría fijado una base regulatoria de 93.000 JUS, equivalente a casi $4.000 millones, y regulado honorarios por más de $1.198 millones a favor de dos profesionales que intervinieron en una etapa inicial del proceso.
Para el Gobierno provincial, la decisión resulta “estrafalaria, desmedida y grotesca”, tal como expresó Poggi en sus redes sociales. El mandatario sostuvo que la regulación se dictó en una causa por un supuesto daño ambiental derivado de una obra pública proyectada en la zona del Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay, pero remarcó que esa obra “nunca se realizó” y que, por lo tanto, “no produjo ningún daño ambiental”.
En la denuncia, Fiscalía de Estado afirma que la jueza habría transformado arbitrariamente un proceso ambiental de monto indeterminado en uno con valor económico determinable. El escrito sostiene que la propia magistrada reconoció que la acción preventiva de daño ambiental carecía de monto económico concreto, pero luego asignó como base regulatoria una suma equivalente a 93.000 JUS.
Ese punto es central en la presentación: para la Fiscalía, la jueza incurrió en una contradicción jurídica grave al sostener que el proceso era de monto indeterminado y, al mismo tiempo, fijarle una base económica millonaria. Según el planteo, esa decisión no sería un simple error interpretativo, sino un apartamiento deliberado del derecho vigente.
La denuncia encuadra la conducta de Fernández Paz en tres causales previstas por la Ley de Jurado de Enjuiciamiento: desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y graves irregularidades en el procedimiento que habrían provocado desprestigio del Poder Judicial.
Además de pedir la remoción, Fiscalía de Estado solicitó la suspensión preventiva de la magistrada mientras dure el proceso. El argumento es que en el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 tramitan 37 causas en las que el Estado provincial es parte, por lo que su permanencia al frente del tribunal podría generar, según la presentación, un riesgo institucional y procesal para la defensa de los intereses públicos.
El escrito también cuestiona el impacto económico de la resolución. Según los cálculos incorporados por Fiscalía de Estado, la base de casi $4.000 millones equivaldría, por ejemplo, a 61 viviendas familiares, 54 camionetas patrullero, 38 ambulancias de mediana complejidad, 5.642 computadoras o 230 respiradores artificiales. En tanto, los honorarios regulados por más de $1.198 millones representarían el equivalente a 18 viviendas, 39 patrulleros, 11 ambulancias o 69 respiradores.
Poggi fue más allá y vinculó el caso con la defensa del patrimonio público. “Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho”, sostuvo el Gobernador.
La presentación también incorpora otros antecedentes judiciales para intentar demostrar, según Fiscalía de Estado, un supuesto “patrón de conducta” de la magistrada. Entre ellos menciona una denuncia previa tramitada bajo el expediente JUR 95/26 y otras causas en las que se cuestionan decisiones de Fernández Paz por presunto apartamiento del derecho aplicable.
La jueza deberá ahora enfrentar el análisis del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver primero sobre la admisibilidad formal de la denuncia y, eventualmente, sobre la apertura del proceso. También deberá pronunciarse sobre el pedido de suspensión preventiva formulado por la Fiscalía.
