Un decreto firmado en marzo de 2021 por el entonces presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tilisarao, Juan Manuel Olguín, quien había asumido provisoriamente la intendencia luego de la renuncia del jefe comunal Jorge Omar «Gato» Fernández y publicado en el Boletín Oficial y Judicial de San Luis, contiene argumentos que hoy aparecen en abierta sintonía con la posición que sostiene el oficialismo de Potrero de los Funes frente al intento de sectores opositores de forzar una convocatoria inmediata a elecciones.
La referencia no es menor. En Potrero, Cristina Vallejo asumió la intendencia en su carácter de presidenta del Concejo Deliberante luego del fallecimiento de Olagaray el pasado 5 de mayo. Sin embargo, concejales vinculados al espacio de Alberto Rodríguez Saá y al exintendente Daniel Orlando aprobaron una resolución intimándola a convocar a elecciones.
Desde el oficialismo municipal calificaron esa maniobra como un intento de “golpe institucional”, especialmente porque —afirman— los mismos sectores habían avalado inicialmente la sucesión de Vallejo y luego modificaron su postura.
El documento de Tilisarao incorpora tres elementos que hoy cobran relevancia en esa discusión.
El primero es que reconoce expresamente que la acefalía municipal queda cubierta con la asunción del presidente del Concejo Deliberante. El decreto firmado por Juan Manuel y Hugo Olguín afirma que la vacancia “ha sido cubierta” por el titular del cuerpo legislativo y agrega que, con esa decisión, “fue resuelta” la continuidad institucional del Ejecutivo.
El segundo punto es la defensa explícita de la simultaneidad electoral. El texto sostiene que las elecciones municipales deben coincidir con elecciones provinciales o nacionales para respetar criterios de racionalidad institucional, economía de recursos y organización electoral.
Y el tercer aspecto —quizás el más político— es la advertencia sobre los riesgos de impulsar elecciones por fuera de ese esquema. Allí el decreto señala que multiplicar procesos electorales en un mismo año puede generar “un clima de permanente politización, cuando no de oportunismo político y, en algunos casos, de desestabilización institucional cuando las pasiones exceden el límite de la competencia democrática”.
La frase reapareció ahora en medio del conflicto político en Potrero de los Funes, donde el oficialismo sostiene que detrás del pedido de elecciones inmediatas existe una estrategia para deslegitimar la continuidad institucional abierta tras la muerte de Olagaray.
El contexto también agrega un elemento político sensible: el intendente fallecido había sido elegido hace apenas seis meses. Olagaray ganó las elecciones municipales del 11 de noviembre de 2025 y murió el pasado 5 de mayo, en pleno ejercicio de su mandato.
En ese marco, el antecedente de Tilisarao vuelve a instalar una pregunta política de fondo: si en 2021 la propia dirigencia provincial consideraba válida la continuidad institucional mediante la asunción del presidente del Concejo Deliberante y defendía postergar la elección para hacerla coincidir con otro calendario electoral, ¿por qué en Potrero algunos sectores exigen ahora una convocatoria inmediata?.
