Este lunes 23 de febrero, a las 11:30 horas la fiscal Linda Yanina Maluf Martínez realizará la audiencia de formulación de cargo contra el exministro de Producción, Marcelo Amitrano, el exsecretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y el excomisario Marcelo Balbo, en una causa en la que se los investiga por presuntos hechos de corrupción.
Esta audiencia que fue reprogramada a pedido del abogado de Balbo –originalmente se haría el 11 de febrero-, es parte del proceso judicial que enfrentan los exfuncionarios luego de la denuncia por la desaparición de vehículos oficiales y gastos en combustibles por 41 millones de pesos.
La carátula de la causa los enfrenta a la posible comisión de delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
No se conoce qué abogado se encargará de la defensa de Amitrano, en tanto trascendió que el excomisario Balbo ha designado a un abogado de Villa Mercedes. Por su parte Anzulovich parece haber escuchado la recomendación de un amigo y destacado magistrado del Poder Judicial para ser acompañado por un defensor oficial.
Cómo se origina la causa
La investigación se puso en marcha hacia fines de 2023, apenas días después de la asunción del segundo gobierno de Claudio Poggi. Fue entonces cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, advirtió a la titular de Seguridad, Nancy Sosa, sobre la desaparición de al menos cinco vehículos del área de Producción.
El entrecruzamiento de información entre distintas dependencias permitió reconstruir el recorrido administrativo de las unidades y ubicar su control bajo la órbita de Amitrano.
De acuerdo con la causa, entre enero y noviembre de 2023 esos rodados consumieron 51.415 litros de eurodiesel en estaciones de servicio del sur provincial y de la ciudad de San Luis, lo que implicó para el Estado un desembolso de $41.748.980.
La acusación sostiene que Amitrano tenía a su cargo la supervisión del uso de los vehículos oficiales, el control del combustible y la vigilancia de los conductores. Sin embargo —según la denuncia— esas obligaciones no se cumplieron, lo que habría derivado en un perjuicio significativo para el patrimonio público.
En paralelo, la pesquisa avanzó sobre la situación de Balbo. Los investigadores establecieron que tenía asignada una camioneta Toyota Hilux (dominio IAA 989) perteneciente al Ministerio de Producción. Durante 2023, el vehículo registró 193 cargas de combustible por un total de 10.547 litros de eurodiesel, con un costo de $8.564.164.
A raíz de estos hechos, el ex policía fue pasado a disponibilidad y se dispuso su retiro obligatorio. Para la Fiscalía de Estado, no existía justificación funcional que explicara el uso del vehículo ni el volumen de combustible consumido. El cuadro se agravó cuando la camioneta fue finalmente localizada: presentaba un estado de deterioro severo, con daños importantes y el motor desarmado en la parte trasera.
La investigación también alcanzó a Anzulovich, a quien se le atribuye haber tenido conocimiento de las maniobras irregulares vinculadas al movimiento de los vehículos y al consumo de combustible sin haber adoptado medidas para frenarlas.
En el marco del expediente, el Gobierno provincial logró recuperar tres unidades oficiales —un minibús, un camión volcador y un regador— que estaban guardadas en un galpón de Nueva Galia vinculado al ex ministro Sergio Freixes, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión por haber obligado a jueces a renunciar antes de asumir.