Un grupo de legisladores del oficialismo blanqueó hoy, con el ingreso de una nota a la Cámara de Senadores, la intención del gobernador Alberto Rodríguez Saá de nombrar como Defensor del Pueblo a su socio político, el ex intendente de San Luis, Enrique Ponce, que viene de perder las elecciones municipales el pasado 11 de junio.
En la nota, le piden “al presidente de la Cámara Alta, el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, que convoque a asamblea legislativa a efectos de finalmente cubrir este cargo, proponiendo para el mismo al ex intendente Enrique Ponce”, informó La Gaceta Digital.
Ese cargo -consigna el medio digital- está vacante desde el sábado 8 de noviembre de 2004, y Rodríguez Saá quiere ocuparlo a menos de cinco meses de dejar el gobierno y en su embestida final para generar un “gobierno paralelo” que obstruya la próxima gestión gubernamental de Claudio Poggi.
Ponce quedó envuelto en una polémica cuando se conoció que fue “nombrado asesor del Gobierno provincial (con un sueldo de casi $800.000) y competidor como candidato a intendente dentro del lema oficialista” luego de haber “saltado” a las filas del oficialismo a pocos días de las elecciones.
El pedido de convocatoria a una asamblea legislativa para nombrar a Enrique Ponce como defensor del Pueblo se conoció hoy junto a la media sanción al proyecto de ley para crear nuevos cargos en el ámbito de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la provincia. Son un 38% más de cargos en el Senado, un 43% más en Diputados y otros 50 cargos de directores de Comisión en ambas cámaras, con sueldos de alrededor de 800 mil pesos mensuales.
También presentó otros proyectos para modificar el “Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial en el año 2023”, otorgándose un cheque en blanco para poder nombrar más personal político y modificar la estructura de la Universidad Provincial de Oficios UPRO -artículos de la Ley N° II-0879-2014- asignándoles seis veces más de presupuesto (como mínimo el 3,5% de los recursos fiscales de la Provincia) de manera de poder contener a los dirigentes del oficialismo que perdieron en las elecciones del pasado 11 de junio.