Derrotado en las urnas, alguna vez Alberto Rodríguez Saá intentó dividir la ciudad de San Luis en cuatro. Fueron aquellos aciagos días que terminaron el 18 de setiembre de 2000. Veintitrés años después la historia se repite.
Otra vez derrotado en elecciones, el pasado 11 de junio, y a menos de cinco meses de dejar el poder, Rodríguez Saá inició su embestida para crear un “estado paralelo” en donde cobijar a cientos de funcionarios y dirigentes políticos de su gobierno con sueldos de alrededor de 800 mil pesos mensuales.
Chavismo puro. En 2009, el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo hizo en su país.
Derrotado electoralmente en la Alcaldía de Caracas, el «líder bolivariano» dictó una «Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital» que se aprobó 7 de abril de ese año, a través de la cual creó un nuevo cargo y nombró un jefe de gobierno. Tras perder la elección se había asegurado que le transfirieran al Estado «la gestión de varios hospitales, la Policía Metropolitana y otros organismos».
Como Chávez entonces, Alberto Rodríguez Saá ya puso en marcha ese plan para crear un «estado paralelo» y dio el primer paso.
Este martes logró que sus senadores en tiempo récord -la iniciativa ingresó el lunes- le dieran media sanción a un proyecto de ley que crea nuevos cargos en el ámbito de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la provincia. Son un 38% más de cargos en el Senado, un 43% más en Diputados y otros 50 cargos de directores de Comisión en ambas cámaras.
Esa iniciativa contó con los votos afirmativos de María Angélica Torrontegui (Pueyrredón), Mariana Cruz (San Martín), Carlos García (Belgrano), Diego García (Ayacucho), Daniel Camilli (Pringles), Diamela Freixes (Dupuy).
Otros dos proyectos que apuntan a crear ese “estado paralelo”, que Rodríguez Saá intenta seguir gobernando después del 10 de diciembre, pasaron a comisión en el Senado y disponen lo siguiente:
El primero: modifica el “Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial en el año 2023”, lo cual se constituye en un cheque en blanco para nuevos nombramientos por parte de Alberto Rodríguez Saá.
El segundo: modifica la constitución y estructura de la Universidad Provincial de Oficios UPRO -artículos de la Ley N° II-0879-2014- asignándoles seis veces más de presupuesto (como mínimo el 3,5% de los recursos fiscales de la Provincia) y le reserva a Rodríguez Saá la posibilidad de nombrar en esos cargos a funcionarios y dirigentes del oficialismo provincial. También condiciona cualquier posibilidad de que la UPRO sea intervenida para revertir el nuevo status.