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El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis le otorgó al bufete de abogados del ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena la ejecución de tasas y multas del Poder Judicial puntano.
Eso es lo que reveló un artículo del diario digital El Chorrillero que cita documentación oficial como el convenio homologado el 17 de septiembre de 2020 y firmado por las juezas Carolina Monte Riso, Cecilia Chada y Lilia Novillo, quien tres meses después renunciaría al máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a esa documentación citada en el informe, esas juezas autorizaron al bufete con domicilio en el 5° piso, departamento “C” del edificio de 9 de Julio N° 1008, a ejecutar el cobro de tasas y multas, a través del Acuerdo N° 442.
La directora de Contralor de Tasas, Ana Nigra fue quien firmó ese convenio en representación del Poder Judicial, y en nombre de LEG Estudio Jurídico lo hizo la doctora Candela Luaces Pérez, cuyo nombre aparece en una de las marquesinas plásticas que identifican la oficina de ese estudio en el ingreso de ese edificio.
Otro cartel similar dice que, en el mismo piso, en el mismo departamento, y con el mismo teléfono del estudio de Luaces Pérez, está la oficina jurídica del ministro de Gobierno, Fabián Filomena, bajo el nombre de estudio LICERH, al que Luaces Pérez se unió en 2017.
Un dato adicional apuntala esa conexión: el domicilio fiscal del ministro es el mismo del estudio jurídico al que se le adjudicó la ejecución de las tasas judiciales. Y curiosamente también allí tienen su oficina otros dos funcionarios empleados del ministerio de Filomena: la jefa del Programa Justicia, doctora Gimena Flores Blanchet, y el Jefe del Subprograma Reforma Legislativa, doctor Facundo Cañas Morsino, ambos integrantes del staff de LEG Estudio Jurídico. Esa condición de funcionarios y de abogados pertenecientes a un mismo estudio se puede constatar en el organigrama oficial del ministerio de Gobierno y en la web del propio estudio jurídico.
¿Qué rol le cabe al estudio a partir de la firma de ese convenio? Ni más ni menos que “la promoción, prosecución, seguimiento, control y finalización de todas las acciones judiciales y toda presentación y gestión judicial dirigidas al resguardo del crédito fiscal de la Provincia” cita el informe periodístico.
¿Dónde radica la relevancia de la publicación periodística? En que revela un doble status de Filomena: por un lado es el titular de la cartera en cuyas mesas se definen los nombres de jueces, fiscales y defensores de la provincia de San Luis; y por otro, es el referente del estudio jurídico responsable de la ejecución del dinero correspondiente a las tasas judiciales de la provincia de San Luis.
