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La llegada de Gendarmería a San Luis es estratégica en dos sentidos.
En primer lugar porque viene a responder a una de las demandas urgentes que la sociedad le plantea al Gobierno, tal como lo confirmó el gobernador Claudio Poggi la semana pasada en una entrevista en la que dijo que el trabajo, la vivienda, la seguridad y la salud son las demandas que más escucha.
Y en segundo lugar, porque está en línea con uno de los cuatro ejes de gestión del gobierno provincial: combatir la inseguridad y la droga.
Precisamente el narcotráfico es un delito federal y el anterior gobierno fue, sin necesidad de ahondar en detalles, cuanto menos permisivo con la penetración de la droga en el territorio provincial.
Hay entonces un quiebre bien marcado en términos de la decisión de un gobierno y otro. Nueve días después de asumir, el nuevo gobierno gestionó el retorno de esa fuerza federal a San Luis de donde había sido expulsada 23 años atrás.
Que San Luis fuera la única provincia en la que no actuaba Gendarmería es una muestra cabal del relato que se instaló de una provincia que era “otro país” pero cuyas estadísticas actuales refutan de manera contundente, al punto de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona advirtió que luego de atender la urgencia de Rosario hay que abordar el problema del narcotráfico en Mendoza y en San Luis.
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