DePolíticaAl declarar que se enteró de lo que pasó el domingo en la Plaza Pringles dieciocho horas después, mientras presentaba en Buenos Aires el Observatorio de la Deuda Externa, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá confirmó lo que esta página advirtió el pasado 9 de julio: su desconexión con la realidad cotidiana de lo que pasa en San Luis.
De esos incidentes que se produjeron en el corazón de la capital puntana, se enteraron artistas que lideran las listas globales de Spotify antes que el propio Gobernador de San Luis. Esos jóvenes músicos fueron los primeros en repudiar al accionar policial gracias a los posteos que hicieron los mismos chicos que denunciaron la represión.
Hace casi un mes atrás DePolítica contó sobre los seis días que pasó el Gobernador en Buenos Aires sin llamar o recibir un llamado para estar al tanto de lo que sucedía en la provincia. Entonces había ido a ver a River.
Su nivel de desconexión es preocupante, más no está siquiera el soporte de la imagen de un Vicegobernador en ejercicio.
Rodríguez Saá está desconectado de lo que pasa en Terrazas y, peor aún, de la realidad de cada localidad de la provincia. Eso queda en evidencia por la cantidad de veces que ha tenido que pedir perdón públicamente por los yerros de su Gobierno.
Perdón a los comerciantes, perdón a los ciudadanos por los atropellos en plena pandemia, ahora perdón a los jóvenes, y así una lista interminable de arrepentimientos que lo han convertido en “el Gobernador del perdón”.
Esa es repetitivamente su primera reacción para disimular los horrores del equipo de jóvenes funcionarios que él define como brillantes, y en quienes ha delegado el ejercicio de la gestión.
Sucede que, de tantos perdones, está al límite de agotar el crédito a juzgar por los posteos en las redes sociales en los que la gente se expresa sobre su última intervención.
Más sus vaivenes ahora también son ideológicos en lo político: de furibundo opositor Kirchnerista, pasó a ser el artífice del armado K «Hay 2019», y ahora ordenó desmentir cualquier publicación que refleje su vínculo con Cristina y el kirchnerismo. No soy lo que soy parece decir.
Así es que con cada nuevo pedido de perdón revela lo ineficiente que es su gabinete, ineptitud que repercute hacia adentro y hacia afuera.
Por ejemplo, el ministerio de Seguridad. Ha quedado en evidencia el malestar y la preocupación que hay en la familia policial por el desorden y las formas de conducción del propio ministro Luciano Anastasi, a quien la Asamblea Permanente de Derechos Humanos responsabilizó esta semana por ese último accionar policial, a la vez que le recordó que “están impunes dos supuestos suicidios de personas” en comisarías de la provincia, en alusión a las muertes de Florencia Magalí Morales, en Santa Rosa del Conlara, y a Franco Maranguello, en Villa Mercedes.
Más grave aún, la APDH habló en ese comunicado de “torturas ocurridas en las distintas comisarías” que no se denuncian por miedo. “El poder político lo sabe pues se lo hemos hecho saber, sólo que mira para otro lado” dice uno de los párrafos.
Y tiene cuestiones sin resolver hacia afuera, porque la sociedad ve como la inseguridad, a falta de un plan, está desmadrada al punto que a los propios intendentes oficialistas se les hace cada día más difícil amortiguar ese malestar creciente, en una sociedad puntana que, en líneas generales, no se caracteriza por canalizar sus protestas en la calle.
Pero hay además un nombre que no puede despegarse de cualquier análisis que se haga sobre la gestión de Anastasi: ese nombre es Guadalupe.
La última palabra en torno a lo sucedido en la Plaza Pringles se dijo en las redes sociales, en donde se mutiplicaron videos como el que se comparte a continuación:
Otro caso es el del ministerio de Gobierno. El ministro Fabián Filomena no supo calibrar lo que pasaba ante sus narices con la decisión del vicegobernador Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz que le dijo No a su postulación como integrante de la Corte puntana. Pasó de largo el Gobierno.
En cambio, tuvo sintonía fina para elegir a los 30 fiscales cuyas asunciones resultaron un verdadero escándalo en tanto la mayoría evitó o reprobó el examen correspondiente. Incluso hubo contundentes rechazos de los colegios de abogados de San Luis y Villa Mercedes.
La ambigüedad con que respondió esta semana la ex presidenta del Consejo Provincial del PJ María Eva Morel en una entrevista del diario digital El Chorrillero durante su nombramiento como Defensora adjunta generó asombro y preocupación. Ese video, que se comparte a continuación, superó las 3000 visualizaciones en cuestión de horas.
Más aún, el ministro Filomena quedó envuelto en otro escándalo que lo implica junto a dos juezas actuales y una ex jueza en la asignación directa del cobro de las tasas judiciales de la provincia, a un estudio jurídico al cual se lo vincula, y al que se lo referencia en los pasillos judiciales. El mismo se puso en evidencia cuando, veinticuatro horas después de que se denunciara ese affaire, ordenó sacar el cartel con su nombre de la entrada del edificio en donde está ubicado el estudio jurídico en cuestión.
No menos desorden hay en el ministerio de Educación cuya ministra, María Eugenia Cantaloube está convencida, así lo dice en cada entrevista, de que el mundo mira a San Luis en materia educativa.
Poco y nada dicen para ella el fracaso en las evaluaciones nacionales que revelan cómo los chicos de San Luis pierden cada día más posibilidades futuras por sus malos resultados escolares.
Mientras, los docentes protagonizaron la más multitudinaria marcha de los últimos tiempos en defensa de la educación pública -las escuelas generativas son la herramienta del gobierno para quitarle poder a los maestros- y para rechazar un nuevo intento del Gobierno provincial de modificar el estatuto docente, luego del fracaso de una paritaria cuyo verdadero objetivo quedó revelado en menos de tres sesiones.
La intervención del Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes ahora en manos de la profesora particular de teatro del Gobernador, Adriana Bazzano es también toda una definición. Esa imposición ha sido y es muy cuestionada.
Como en Salud, en donde hay conflictos internos tanto con los médicos por la precariedad de sus condiciones de trabajo, el personal nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, cuyos comunicados en los que denuncian el desorden reinante son una constante; y hacia afuera, porque crece el malestar de los ciudadanos que descubren cada día que la atención en el Hospital «Ramón Carrillo» -con su conducción bicéfala- no tiene el espíritu solidario que caracterizó al viejo Policlínico Regional.
El desmanejo administrativo que pone al borde del infarto mes a mes a los trabajadores del Plan de Inclusión, sus denuncias porque se sienten usados políticamente y obligados a rechazar cualquier otra ayuda que llegue desde Nación, la falta de trabajo y los indicadores de pobreza inéditos en la historia de San Luis, son también una olla burbujeante a la que el Gobierno parece no prestarle atención. No por ahora, a un año de la elección.
Por ese desinterés han hecho escuchar su reclamo algunos hoteleros en las últimas horas, una vez que el ministro de Turismo, Luis “Piri” Macagno les confirmó la contratación de sus servicios para alojar a las participantes del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarios.
Ese acontecimiento, para el que esperan la llegada de unas cien mil personas, se hará el 8, 9 y 10 de octubre. El Gobierno ya está haciendo las reservas de hospedaje correspondientes.
Sucede que los hoteleros esperaban poder trabajar ese fin de semana extra largo – del 7 a 10 de octubre- como normalmente lo hacen todos los años. Tenían expectativas de que el Gobierno planificaría el Encuentro para otra fecha, de manera de abrir la oferta hotelera y así seguir ampliando el calendario de trabajo en octubre. Demasiado pedir.
Sólo queda esperar que el Gobierno esté a la altura de la organización de ese evento cuya magnitud no es fácil de dimensionar. Por ejemplo, desde la conducción de algunas de las organizaciones que vendrán, reclaman colectivos liberados para moverse de un lado a otro durante el Encuentro. Si sólo el Interurbano ya es todo un problema para las decenas de puntanos que a diario esperan en los pueblos, uno no puede imaginar cómo se resolverá el transporte para decenas de miles de personas.
«Si tenemos que acampar en la Plaza, así lo vamos a hacer» se escuchó en una de las reuniones organizativas.
La instalación mediática del gasto público descontrolado, la quema de reservas, y la confirmación de que en Terrazas se amontonan nuevos funcionarios contratados que ni siquiera tienen claro cuál es su trabajo -y con sueldos superiores a los 300 mil pesos mensuales- metió al gobierno en esa farragosa discusión y reveló su incapacidad para instalar una agenda propia, pese a revolear 1.200 millones de pesos de pauta publicitaria.
La respuesta pareció sacada de un manual de torpezas: el Gobierno va otra vez contra los ciudadanos. Esta vez abrió las puertas de los medios oficiales para disparar acusaciones, injuriar a sus rivales políticos y, de paso, denigrar el trabajo del resto de los medios de comunicación. Todo en línea con la política de la Secretaría de Comunicación a quien la periodista Vanesa Escudero denunció públicamente por “violencia económica, laboral y de género”. Aún no se han expresado los organismos que defienden los derechos de las mujeres. ¿Lo harán?.
Esto es apenas un sobrevuelo de lo que se revela en la superficie: la imagen de un gobernador que no gobierna. Un cargo vacante.
