DePolítica
El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, uno de los mandatarios provinciales que esta semana participó del plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales en el Senado para argumentar en defensa de la iniciativa que impulsan los gobernadores peronistas para ampliar de cinco a veinticinco el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta en San Luis no menos de tres escándalos judiciales que estallaron en los últimos días.
Cronológicamente el primero de ellos fue su intención de nombrar a su vicegobernador, Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz como integrante del Superior Tribunal de Justicia puntano. El unánime rechazo que expresaron los colegios de abogados de toda la provincia, la dirigencia política opositora y numerosas instituciones de San Luis, terminó abortando ese “atropello institucional” -tal como fue definido por las principales figuras políticas puntanas- y obligó al vicegobernador a rechazar la propuesta, generando un quiebre político en su relación con el gobernador.
A ello le siguió la postulación de 30 abogados -la mayoría, actuales funcionarios provinciales- para ocupar cargos como fiscales y defensores adjuntos de las distintas circunscripciones judiciales puntanas.
Luego del acuerdo otorgado por los senadores del oficialismo a esos nombramientos estalló el escándalo: sólo uno de los 30 candidatos aprobó el examen que les tomó la comisión evaluadora del Consejo de la Magistratura. Uno aprobó, once no se presentaron a rendir y dieciocho fueron declarados “no recomendables” para esos cargos.
Pese a esas observaciones, el pasado viernes en el Salón Blanco del Superior Tribunal asumió una primera tanda de diez de esos fiscales, a los que la presidenta del Superior Tribunal, Carolina Monte Riso dijo -suponemos que quiso deslizar una ironía- que desconocía que eran funcionarios del gabinete provincial.
Pero un nuevo escándalo sacude a la administración Rodríguez Saá: esta semana se conoció que el Superior Tribunal de Justicia puntano le otorgó al bufete de abogados que dirige el actual ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena -en cuya cartera se digitaron los nombres de esos 30 fiscales- la ejecución de las tasas judiciales de la provincia de San Luis. El estudio se llama LEG, tiene domicilio a escasos 50 metros de la Corte puntana, y en el ejercen también dos abogados que son funcionarios empleados del ministerio de Filomena.
El ministro de Gobierno, dos de las actuales juezas, Carolina Monte Riso y Cecilia Chada, y la ex presidenta del Tribunal, Lilia Novillo fueron denunciados penalmente esta semana. En el caso de las juezas, por ceder la ejecución de las tasas judiciales al estudio que se referencia en el ministro Filomena, sin llamado a concurso y dejando afuera a unos 4 mil estudios que hoy litigan en San Luis.
En tanto los Colegios de Abogados de San Luis y de Villa Mercedes no sólo cuestionaron con firmeza esas asunciones, sino que desmintieron al Gobernador Rodríguez Saá en relación a su supuesto beneplácito sobre el proyecto de ampliar la Corte nacional de 5 a 25 miembros. Rodríguez Saá dijo en el Senado que los colegios puntanos estaban “maravillados” con esa iniciativa. Nada de eso es verdad.
Pese a todo este escenario Rodríguez Saá redobló la apuesta y abrió una nueva página en la agenda relacionada con la Justicia: la construcción de una “Ciudad Judicial”, que se ubicaría en el cruce de la Autopista Santos Ortiz y la Avenida Lafinur, en un radio de 9 hectáreas de la capital puntana.
Tres de los sietes funcionarios judiciales y del Ejecutivo que se sentaron en esa mesa de la que nació el anuncio, ya tienen denuncias penales: Filomena, Monte Riso y Chada.
El resto fueron los jueces Jorge Levingston y Jorge «Gato» Fernández, el procurador general de la provincia, Luis «Lucho» Martínez, y el secretario General de la Gobernación a cargo del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá hijo.
La primera etapa del proceso consistirá en un relevamiento que deberá estar terminado a fines de este año, para conocer las necesidades edilicias de quienes se desempeñan en cualquier ámbito judicial. Con esa información será el ministerio de Obras Públicas el encargado de proyectar la obra.
