En un contexto nacional atravesado por el ajuste, la caída de la coparticipación y la recaudación, pero también por una herencia de desfinanciamiento que dejó la gestión de Rodríguez Saá, el Gobierno de San Luis busca blindar su política social y económica con el envío de dos proyectos de ley que marcarán el pulso en este momento de su gestión: una nueva Ley de Emergencia Económica y una Ley de Emergencia Habitacional.
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El anuncio se conoció este martes, tras una reunión ampliada de Gabinete encabezada por el gobernador Claudio Poggi en Casa de Gobierno, donde se delinearon los ejes de ambas iniciativas legislativas que llegarán a la Legislatura en los próximos días.
Un fondo anticrisis para garantizar salarios
El primero de los proyectos propone prorrogar la actual Ley de Emergencia Económica, incorporando un instrumento clave: la creación de un fondo de garantía que asegure el pago de sueldos estatales y beneficios del Plan de Inclusión Social, aun ante eventuales retrasos en las transferencias nacionales.
“Cuando el Gobernador asumió, las reservas estaban en cero y los números en rojo. Se venían decisiones que iban a dinamitar el Estado”, advirtió el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain. En ese marco, subrayó que el fondo permitirá cubrir dos meses de salarios sin depender de ingresos externos. “Es una garantía legal para que el Estado no se detenga”, puntualizó.
Vivienda como política de Estado
El segundo proyecto declara la Emergencia Habitacional y establece por ley que el 50% de los gastos de capital se destinarán exclusivamente a políticas habitacionales. El objetivo es claro: garantizar soluciones para todos los inscriptos en el plan “Tenemos Futuro”.
De acuerdo al relevamiento preliminar, un tercio de la población puntana enfrenta problemas habitacionales. “El déficit es el resultado de ocho años sin inversión sostenida en viviendas. Ahora queremos reparar eso desde una política estructural”, explicó Amondarain.
Previsibilidad en tiempos difíciles
Las medidas apuntan no solo a sostener el empleo y contener la demanda social, sino también a ordenar las finanzas con prioridades definidas por ley. En tiempos de incertidumbre, el Gobierno busca reforzar la institucionalidad con respuestas concretas.
Ambos proyectos serán claves para leer el rumbo político de la gestión Poggi en este segundo semestre: previsión presupuestaria, blindaje salarial y acceso a la vivienda como ejes de una estrategia que apunta a cumplir la palabra, responder a las necesidades prioritarias de la sociedad, todo sin perder el control de las cuentas.
TuBi para todos los parajes
Durante la misma reunión, también se anticipó la inminente ampliación del Plan TuBi a más de 80 escuelas rurales. A diferencia de las escuelas urbanas —donde sólo acceden los alumnos de quinto año—, en los parajes todos los estudiantes del nivel secundario recibirán su bicicleta. “Se diseñaron dos talles para adaptarse a las diferentes edades. Todos van a tener su TuBi”, señaló el funcionario.