No es Poggi, es delito

Los 700 funcionarios de Terrazas del Portezuelo escucharon una orden al unísono: “digan que es culpa de Poggi”.

Esa es toda la estrategia oficialista para tratar de reconvertir un fallo de la Justicia Federal adverso al Gobierno, en un ataque propagandístico orientado a erosionar al ganador de las PASO.

Fue como cuando a los chicos los descubren haciendo una travesura y en el acto acusan a otro. Fue él, dicen para sacarse de encima la responsabilidad. Claro que aquí no se trata ni de chicos, ni de travesuras, según el Juez Federal.

En pocas palabras, Terrazas debe esperar hasta el lunes 15 de noviembre para poner a funcionar nuevamente “la máquina de la felicidad”.

Ojalá el espíritu solidario que se les vio a estos funcionarios luego de la derrota en las elecciones, se sostenga luego del resultado electoral del 14 de noviembre. Habrá que ver con qué semblante serán así de generosos como los hemos visto.

Lo cierto es que el contrataque político al fallo judicial habilitó la mención del nombre prohibido durante años para los funcionarios y dirigentes oficialistas: Claudio Poggi.

 

Veinticuatro horas de incertidumbre.

El jueves, cuando se conoció el fallo de la Jueza Federal, María Servini, que le prohibió hasta después de las elecciones al Ministerio de Cultura de la Nación la entrega de dinero por la implementación del programa ‘Más Cultura Joven’, empezaron los interrogantes. ¿Podría llegar a pasar también en San Luis?.

Ese subsidio nacional permitía el acceso a actividades culturales para jóvenes de entre 18 y 24 años para la compra de libros y otras actividades recreativas relacionadas con el arte. Nadie niega su utilidad, pero instrumentado inmediatamente después de las elecciones no deja dudas de que responde a una intencionalidad política electoral.

La respuesta no se hizo esperar. El viernes, veinticuatro horas después del fallo de Servini se conoció un pronunciamiento similar por parte del Juez Federal en San Luis, Juan Esteban Maqueda a instancias de la medida cautelar solicita por el Fiscal Federal Subrogante, Cristian Rachid.

El juez entiende que hay “vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país”

Por eso Maqueda resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada al Poder Ejecutivo Provincial al solo efecto que los ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios competentes del Gobierno Provincial se abstengan de ejecutar, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo, las siguientes medidas: a) suscribir contratos de mutuo en ejecución de la línea de Microcréditos autorizada por Decreto N° 5692 – JGM – 2021 y modificado por Decreto N° 6029 – JGM – 2021; b) efectuar pagos en ejecución del plan de asistencia al desempleado previsto por Art. 1° del Decreto N° 5963 – JGM – 2021; c) efectuar pagos en ejecución de la ayuda extraordinaria prevista por Art. 2° del Decreto N° 5963 – JGM – 2021; d) entregar subsidios en dinero -sin perjuicio de provisiones en especie- conforme lo previsto por Resolución 2266 – MHP – 2021, ar. 4° último párrafo, modificada por Resolución 2375 – MHP – 2021, ambas ratificadas por Decreto N° 5963 – JGM – 2021. Quedan excluidos del alcance de esta cautelar, los casos en que se acredite y justifique debidamente ser imprescindible su ejecución para garantizar la seguridad y/o la salud pública de la población”.

Share