Con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica nacional y proteger los derechos de los sectores más vulnerables, el Gobierno de San Luis anticipó la presentación de dos proyectos de ley que serán enviados a la Legislatura provincial.
Las iniciativas apuntan a sostener el empleo público, garantizar el pago de salarios y planes sociales, y asegurar el acceso a la vivienda mediante la continuidad de los planes habitacionales.
Así se los hizo saber el gobernador Claudio Poggi a los intendentes y legisladores que formaron parte de la mesa de trabajo en Casa de Gobierno, luego de la reunión de gabinete ampliado en la que el primer mandatario anticipó la confección de esas iniciativas.
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La primera de las iniciativas propone prorrogar la Ley de Emergencia Pública en Materia Económica, Financiera, Administrativa y Social. Esta normativa, que ya está en vigencia, ha permitido al Estado provincial afrontar el complejo escenario económico sin recurrir al despido de personal ni al recorte de programas sociales. La prórroga propuesta extendería su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Según se explicó oficialmente, esta medida permite “preservar la paz social” y continuar con el cumplimiento de las obligaciones esenciales del Estado, entre ellas el pago de salarios, jubilaciones y beneficios sociales como el Plan de Inclusión. El proyecto también contempla herramientas administrativas para optimizar el uso de los recursos públicos ante la incertidumbre macroeconómica.
La información brindada por Agencia de Noticias consigna que «la iniciativa incluye la afectación de fondos para la constitución de una Reserva Salarial y Social, equivalente a dos nóminas salariales y dos liquidaciones de planes sociales, destinada a garantizar el pago de dichos conceptos ante eventuales situaciones transitorias de iliquidez».
«La medida se fundamenta en la disminución sostenida de los recursos por coparticipación federal y demás transferencias automáticas nacionales, que en 2025 se ubicarán en la peor marca de la última década, siendo los más bajos respecto del nivel habitual y normal de los últimos diez años» señalaron.
Prórroga de la Ley de Emergencia Económica
La Provincia quiere extender esta ley hasta diciembre de 2025. ¿Para qué sirve?
– Para asegurar el pago de sueldos y planes sociales.
– Para evitar despidos.
– Para tener margen de maniobra en un contexto nacional muy inestable.
La segunda iniciativa enviada por el Ejecutivo establece la declaración de emergencia habitacional en todo el territorio provincial. El objetivo es crear un marco normativo que garantice la continuidad ininterrumpida de la política habitacional como una política de Estado, independientemente del contexto político o económico.
El Gobierno busca dar una respuesta estructural a una demanda creciente que se ha agravado por el encarecimiento del crédito y la paralización de las obras nacionales. “San Luis tiene una fuerte tradición en materia de vivienda, y el acceso a un techo digno es un derecho que el Estado debe seguir garantizando”, argumentan desde el gabinete.
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini señaló que 66.504 grupos familiares conformados por un total de 190.761 personas completaron el formulario de inscripción al plan de viviendas. Esto significa un tercio de la población provincial con necesidades habitacionales, luego del parate de 8 años en la construcción de viviendas durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la demanda habitacional actual es “tremenda” y que, de no actuar con herramientas legales y presupuestarias específicas, el Estado provincial podría ver comprometida su capacidad de respuesta en los próximos meses.
Emergencia Habitacional
El otro proyecto declara la emergencia habitacional en toda la provincia. ¿Qué busca?
– Que los planes de vivienda continúen, pase lo que pase.
– Que el acceso a una casa digna siga siendo un derecho, no un lujo.
– Que la política habitacional se convierta en política de Estado.
Ambos proyectos reflejan una estrategia integral para sostener las funciones esenciales del Estado provincial en un contexto de alta volatilidad económica y reducción de transferencias nacionales. La prioridad del Gobierno es, según indicaron fuentes oficiales, cuidar el empleo, proteger a los sectores más vulnerables y mantener el rumbo de una política de vivienda que ha sido históricamente reconocida en la provincia.
El Gobierno provincial busca de esta manera garantizar el empleo, cuidar a los sectores más vulnerables y no frenar el plan de viviendas, a pesar del mal momento económico.
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