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Dos proyectos en relación a la situación de inseguridad que se vive en la provincia de San Luis fueron presentados por la legisladora Nacional, Gabriela González Riollo en el Senado de la Nación.
El primero de ellos apunta a conocer las “acciones que se están llevando adelante desde el Consejo de Seguridad Interior”, y requiere un detalle de “los planes elaborados y los que se encuentren en ejecución, tendientes a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes”.
Esa solicitud incluye otras cuatro consultas puntuales:
- Indique los motivos por los que no se encuentra un destacamento, en forma permanente, en la provincia de San Luis a fin de efectuar actividades de prevención, fiscalización y control.
- Datos y estadísticas precisos sobre los índices delictivos, en particular los relacionados al crimen organizado y narcotráfico registrado en la provincia de San Luis.
- Informe cantidad de denuncias realizadas a la línea *134, dependiente del Ministerio de Seguridad e informe estadísticas de las mismas, si han sido realizadas en forma anónima o no, tipo de delito y si se encuentran archivadas o en etapa de investigación, y cualquier dato de relevancia, circunscripto a la provincia de San Luis.
- Informe sobre el seguimiento posterior de las 125 comunicaciones en el año 2022, que se realizó o realiza a las víctimas de violencia de género en cuestión de la línea *134. Asimismo, informe, cantidad de denuncias que se encuentren en etapa de investigación, y cualquier dato de relevancia, circunscripto a la provincia de San Luis.
El segundo pedido de la legisladora puntana en el Senado nacional apunta a la vinculación entre el Gobierno provincial y Gendarmería Nacional.
Formalmente reclama conocer si “existe algún convenio vigente entre el gobierno de la Provincia de San Luis y Gendarmería Nacional Argentina y, en caso contrario, si existen tratativas para firmar nuevo convenio para instalar destacamentos en forma permanente en la provincia”.
Hay que recordar que esa relación quedó marcada en la memoria de los puntanos cuando el Gobernador Alberto Rodríguez Saá, siendo Jefe de Gabinete en el año 2001, ordenó que Gendarmería se retirara del territorio provincial.
Esa decisión fue a raíz del malestar que le generó que la Sección Seguridad Vial de la Gendarmería no acatara la orden de desalojar de la ruta 7 a un grupo de manifestantes.
Se trataba de una convocatoria de dirigentes del arco político opositor que se expresaban para frenar el proyecto de división de la ciudad de San Luis y la creación de cuatro nuevos municipios.
