Capítulo único: el PJ a un año de la derrota

Los planes de anestesia de Rodríguez Saá para el PJ. El rol de Pipi Alí y la posibilidad de que se repitan en 2025 las mismas listas legislativas que en 2021.
14 de junio de 2024
Rodríguez Saá y su secreto: sabía que venía un derrota.

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Se cumplió esta semana un año de la derrota electoral que le cortó al Justicialismo de San Luis un invicto de 40 años.

La fecha quedó marcada en el calendario como el día en que lo imposible se hizo realidad: 11 de junio de 2023.

Alberto Rodríguez Saá condujo a paso firme hacia esa derrota de la que estaba advertido, tal como alguna vez esta página contó.

Un anticipo de esa debilidad había quedado en evidencia cuando en setiembre de 2022 modificó las reglas del juego electoral al imponer la utilización del llamado sistema de Lemas.

Sin embargo, incompresiblemente muchos no lo vieron o no lo quisieron ver. Y prestaron su reputación política a la caída de la estructura institucional y política más fuerte que hubo en todo el país durante 40 años.

¿Qué hizo Rodríguez Saá para perder lo que era imposible perder?

Por un lado, despojó al Estado de su quinta esencia y parceló su estructura en unidades de negocios en las que se multiplicaron los antifaces: quebró la relación del Gobierno con la sociedad.

Y por otro lado vació de contenido esa aceitada maquinaria política con sede en Héroes de Malvinas que funcionaba como un reloj y que sólo conocía victorias. Despreció el ejercicio político.

Ese final pertenece a un pasado reciente que sin embargo tiene raíces en la profundidad del tiempo. Nada sucedió de un día para otro.

Por eso es interesante mirar este tiempo presente, como si de una ventana al futuro se tratara. El día a día de algunos dirigentes que le pusieron el cuerpo a esa derrota permite tener una idea de lo que ha quedado.

También hay algunas señales que marcan el rumbo que Rodríguez Saá ha fijado para el Justicialismo de San Luis para los próximos años. Un camino en solitario desde que echó del partido a su hermano Adolfo Rodríguez Saá.

Veamos primero algunos casos de eso que ha quedado. Luego prestaremos atención a las señales.

Jorge Gato Fernández, fue candidato a gobernador.

El ex juez del Superior Tribunal, hoy cumple un rol de asesor en el Senado de la Nación, tiempo que alterna con la actividad privada en el sector agropecuario con sus emprendimientos en los departamentos Chacabuco y San Martín.

 

Eugenia Catalfamo, fue candidata a vicegobernadora.

La ex senadora, que fue nombrada al frente a la ULP cuando se imaginó a ese espacio como lugar de contención de dirigentes y funcionarios que quedaban sin cobertura desde el 10 de diciembre, lleva adelante la organización de reuniones en la sede partidaria de calle Bolívar. Unas treinta personas escucharon la charla inaugural de Rodríguez Saá. Meses atrás ensayó una especie de consultoría para intendencias en otras provincias junto al ex ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.

 

Marcelo Amitrano, fue candidato a gobernador del sublema “Blanca, Azul y Blanca”

El candidato de los 1952 votos aguarda su turno como expositor en esas charlas en la sede de calle Bolívar. Enfrenta dos procesos judiciales: en ambos está denunciado por los Delitos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

 

Mariela Cross, fue candidata a gobernadora por el sublema “Tierra, Techo y Trabajo”.

La joven dirigente de 38 años está organizando la tarea de conducción del Movimiento Evita en la provincia. Al cierre de esta semana viajaba a La Toma para reunirse con militantes mujeres de esa localidad, y en los próximos días haría lo mismo en Merlo. También coordina talleres de capacitación para jóvenes dirigentes.

 

Diego González, fue candidato a gobernador por el sublema “Modelo Productivo”.

Integró esa fórmula junto a Rody Flores. Esta semana insistió con una idea que repite. Y cita el momento en que el ex gobernador Rodríguez Saá dijo ante la Asamblea Legislativa que ese era su “último saludo en el escenario”.

“El explicaba que nosotros -dice González- estábamos escribiendo la última parte de su trayectoria juntos, luego vendrán las otras páginas que van a escribir ustedes… pero no nos dio ni la birome, ni el cuaderno, ni el libro. Eso en política tiene consecuencias y las consecuencias están a la vista”.

 

De quienes integraron el gabinete a las órdenes de Alberto Rodríguez Saá hay casi una decena de funcionarios que enfrenta procesos judiciales, dos de ellos imputados por la Justicia por hechos de corrupción: la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez y el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini.

En el caso de Ramírez queda aún sin resolver la causa en la que se investiga el pago por contratación en forma directa -una semana antes de dejar su cargo en el Gobierno- de más de 88 millones de pesos en concepto de anticipo financiero a una empresa para que hiciera el movimiento de suelos y la instalación de alambrado olímpico en dos canchas en el predio de la Universidad de La Punta. Ese expediente de pago lleva la firma del ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo.

Los otros denunciados son el ex ministro de Seguridad, Luciano Anastasi (dos causas penales en su contra, una junto al diputado nacional Ernesto Alí); el ex ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, (firmó el pase a planta permanente más de 5000 empleados públicos violando la ley presupuestaria;  la ex secretaria de Medios, Carolina Agüero García denunciada por “orquestar un sistema de prestaciones de servicios de promoción y difusión de actos institucionales, direccionados a su ex pareja y progenitor de su hija, Mariano Alberto Viteri dedicado a una actividad declarada en AFIP, diferente a las tareas encomendadas” que le permitió facturar más de 102 millones de pesos; el ex ministro de Salud, Cristian Niño que puso su firma para contratar en menos de 10 meses unos 800 agentes de salud adicionales a los 4.909 presupuestados para el año 2023. Niño fue denunciado por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionario Público.

El ex ministro de Inclusión, Nicolás Anzulovich fue denunciado por enriquecimiento ilícito por una trabajadora del plan, y se lo vio días pasados acompañando a Catalfamo en la sede de calle Bolívar.

La ex secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza se convirtió en la gerente comercial de la empresa Ital Vinil que le vendía caños al Gobierno.

La ex ministra de Mujeres, Ayelén Mazzina quedó colgada luego de su experiencia en el gabinete de Alberto Fernández.

El ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena sigue en su estudio jurídico particular, al que nunca dejó de asistir.

El ex secretario de Turismo, Luis Piri Macagno desapareció del radar político luego de su viaje a Europa, tras la derrota electoral del PJ.

De la ex ministra de Educación, Eugenia Cantaloube, no hay pistas.

Fuera de los nombres del gabinete también aparece entre los denunciados Sergio Freixes, sino el dirigente político de mayor confianza de Rodríguez Saá, que enredó en un entramado de corrupción al hijo del ex gobernador, Alberto Rodríguez Saá hijo por la explotación del territorio ranquel.

Pocos recuerdan a esta altura que la presidenta del Partido se llama María Angélica Torrontegui.

 

Hasta aquí lo que ha quedado. Veamos ahora algunas señales que permiten adelantar qué pasará en el Partido Justicialista.

A esta altura si algo está claro es que el ex gobernador, padre de la derrota, padre del rencor, no piensa en dejar en manos de nadie los destinos del partido.

No pudo evitarlo con el gobierno de la provincia, pero sí lo hará con el PJ, a partir de su manejo del congreso partidario.

Su plan es mantener este nivel de inactividad en el partido, al punto de que los congresos departamentales no se reúnen desde hace más de un año. Tampoco sesiona el Congreso Provincial.

Los pedidos de intendentes de raíz peronista como Maximiliano Frontera y Toti Videla para que se renueve la conducción del partido en elecciones con padrón abierto o cerrado están en la papelera de Rodríguez Saá.

Ernesto “Pipi” Alí, que esta semana fue duramente criticado en comentarios en redes sociales por su presencia entre los manifestantes que rechazaban la aprobación de la Ley Bases y que terminó con hechos de violencia y barbarie -le incendiaron el móvil a Cadena 3- es el dirigente elegido por Rodríguez Saá para continuar liderando -en su nombre- el partido.

DePolítica habló de esa decisión en un artículo publicado en octubre del año pasado titulado “El Plan Alí”.

El diputado nacional e intendente de La Toma con licencia estuvo días pasados en Quines en donde dialogó con dirigentes del departamento Ayacucho.

Tiene dos nombres para un lugar: el candidato a senador provincial de ese departamento. Se trata de dirigentes muy enfrentados con Oscar “Paco” Macías. Uno es Sergio “Peteco” Alvarez; el otro, Martín Di Franco.

Alí gira con la misión de volver a encender la chispa militante.

No es una tarea sencilla. Enfrenta el hartazgo de la sociedad contra la dirigencia que gobernó hasta diciembre pasado. Enfrenta una voluntad de cambio expresada con mucha claridad en las urnas. Enfrenta -ya fuera del gobierno- la escasez de recursos que implica hacer política desde el llano.

Más grave aún, enfrenta señales de que Rodríguez Saá se va encerrar aún más sobre el minúsculo grupo con que se rodeó en sus últimos días en el Gobierno.

Por caso hay quienes aseguran que los diputados provinciales buscarán su reelección en 2025 sin cambios sustanciales en las listas. De hecho, se sospecha que los modos con los que se manejan apuntan a congraciarlos con la mirada de Rodríguez Saá, que los quiere radicalizados.

En el mismo sentido fue leída la insistencia con que la diputada nacional, Natalia Zabala Chacur -si hay alguien incondicional de Rodríguez Saá- dice que buscará de mínima su reelección en esa banca en el Congreso Nacional.

¿Alguien se anima a pensar que lo dice por pura vocación y rebeldía política?, ¿o hay detrás suyo un ventrílocuo que empezó su monólogo?.

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