La reciente modificación de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de San Luis, homologada por la Justicia Electoral el 19 de diciembre, introdujo una cláusula que no pasa inadvertida en el escenario político provincial.
El nuevo artículo 51 bis obliga a los candidatos del PJ —o de frentes que lo integren, si los hubiese— a firmar una declaración jurada mediante la cual se comprometen a ajustar su mandato, de manera “inquebrantable”, a los lineamientos partidarios, bajo apercibimiento de restituir el cargo en caso de incumplimiento.
Formalmente, se trata de una decisión interna de un partido político. Políticamente, el alcance es mucho mayor. La norma instala la idea de un mandato condicionado, subordinado no solo a la Constitución y al voto popular, sino a la conducción partidaria de turno. Y en San Luis, ese concepto no es novedoso.
Durante los años de hegemonía del justicialismo provincial conducido por Alberto Rodríguez Saá, el poder político avanzó reiteradamente sobre la autonomía de otros poderes del Estado.
El caso más extremo —y judicialmente probado— fue el mecanismo por el cual jueces provinciales fueron obligados a firmar renuncias anticipadas, que quedaban en poder del Ejecutivo como herramienta de disciplinamiento.
Ese accionar tuvo un ejecutor central: Sergio Freixes, entonces ministro de la Legalidad, hoy condenado y detenido por haber forzado esas firmas, en una práctica que la Justicia calificó como ilícita y violatoria de la independencia judicial.
La analogía es inevitable. Aquella vez, se pretendió condicionar el ejercicio de la función judicial mediante un documento firmado bajo presión. Hoy, se busca condicionar el ejercicio de cargos electivos mediante una declaración jurada previa, incorporada como norma partidaria. Cambia el ámbito, pero persiste la lógica: el cargo no pertenece a quien lo ejerce por mandato constitucional, sino a la estructura de poder que lo habilita.
El nuevo artículo 51 bis no habla de disidencias políticas, ni de debates internos. Habla de “incumplimientos flagrantes” y de la obligación de devolver el cargo. No define quién juzga ese incumplimiento ni mediante qué procedimiento. En esa ambigüedad reside su verdadera potencia disciplinadora.
La reforma ya fue homologada. Está vigente. Y fue publicada hoy 29 de diciembre en el Boletín Oficial nacional.