La elección de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación abrió un debate que trasciende los intereses de una profesión. Lo que estará en juego el próximo 20 de octubre es la representación de la abogacía en uno de los organismos más importantes para el funcionamiento de la Justicia Federal y Nacional, con decisiones que tienen consecuencias en todo el territorio argentino.
En ese contexto, integrantes de la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, llegaron a San Luis como parte de una recorrida por distintas provincias para presentar sus propuestas y recoger las inquietudes de los profesionales que ejercen ante los tribunales federales.
La elección permitirá renovar las cuatro bancas correspondientes a los abogados dentro del Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes cumplirán un mandato de cuatro años.
El organismo tiene responsabilidades fundamentales: interviene en los concursos para seleccionar a los magistrados de los tribunales federales y nacionales inferiores, ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces y administra recursos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
Por eso, aunque la elección está reservada a los profesionales habilitados para participar, sus consecuencias alcanzan también a los ciudadanos que necesitan recurrir a la Justicia.
Una mirada federal sobre los problemas de la Justicia
La Lista 3 está encabezada por Alberto «Nacho» Biglieri, quien cuenta con antecedentes como integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda candidata titular es Claudia Sarmiento, una abogada de San Juan con trayectoria en la representación colegial. La nómina incorpora además representantes vinculados con entidades profesionales de Córdoba y Mendoza.
La integración de candidatos de distintas provincias responde a uno de los principales planteos del sector: las condiciones para ejercer la abogacía no son iguales en todos los distritos del país.
Durante su visita a San Luis, la candidata sanjuanina explicó que la recorrida busca conocer de primera mano las dificultades que encuentran los abogados en los tribunales federales de cada jurisdicción.
Entre los problemas mencionó las demoras en los expedientes, las dificultades en el trato cotidiano con los juzgados, la falta de infraestructura, las limitaciones tecnológicas y las diferencias en los criterios utilizados para regular honorarios profesionales.
Según planteó, las necesidades de quienes ejercen en San Luis, San Juan, Jujuy o Chubut presentan particularidades que no siempre coinciden con las de los profesionales de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta consiste en trasladar esas demandas al Consejo de la Magistratura y mantener un vínculo permanente con los colegios y asociaciones de abogados de todo el país.
Concursos más transparentes y oportunidades para los abogados
Uno de los principales cuestionamientos de la Lista 3 está dirigido al sistema de concursos mediante el cual se selecciona a los candidatos para ocupar cargos judiciales.
La agrupación considera que los mecanismos actuales otorgan ventajas a quienes desarrollaron su carrera dentro de los tribunales frente a los abogados que ejercen de manera independiente.
Por ese motivo, propone revisar los criterios de evaluación y modificar los reglamentos para que la experiencia profesional de los litigantes tenga un reconocimiento equivalente al de los funcionarios judiciales.
El planteo apunta a que los años de ejercicio de la abogacía sean valorados de manera comparable con la antigüedad dentro de la estructura judicial.
La candidata sostuvo que esa diferencia desalienta la participación de los profesionales independientes en los concursos y limita la posibilidad de incorporar a la magistratura personas con experiencia directa en la representación de ciudadanos.
También cuestionó la discrecionalidad que, a su entender, existe en determinados procedimientos de selección y reclamó reglas más claras para garantizar la igualdad de oportunidades.
Modernización e inteligencia artificial
La modernización tecnológica de la Justicia Federal constituye otro de los compromisos centrales de la agrupación.
La candidata señaló que todavía existen trámites sencillos que requieren semanas para obtener una respuesta judicial, una situación que afecta tanto a los profesionales como a las personas involucradas en los expedientes.
En ese contexto, defendió la incorporación de herramientas digitales que permitan agilizar procedimientos administrativos y reducir demoras innecesarias.
La inteligencia artificial también forma parte de las propuestas. La Lista 3 considera que su utilización debe discutirse desde una perspectiva de responsabilidad y transparencia, en lugar de plantear una oposición absoluta a su incorporación.
El objetivo es aprovechar las posibilidades de estas tecnologías para resolver tareas simples y mejorar los tiempos de respuesta, sin desplazar las responsabilidades que corresponden a los magistrados y funcionarios judiciales.
Siete compromisos y rendición de cuentas
La agrupación presentó siete compromisos que abarcan la transparencia y el mérito en la selección de jueces, la independencia judicial y la responsabilidad institucional, la defensa del ejercicio profesional, la rendición pública de cuentas, la evaluación del funcionamiento judicial, la modernización tecnológica y una formación judicial abierta y plural.
Uno de los puntos destacados es el compromiso de publicar las posiciones adoptadas por sus representantes en el Consejo de la Magistratura y explicar los resultados de las gestiones realizadas.
La propuesta incluye trabajar de manera coordinada con los colegios profesionales, las federaciones y las asociaciones de abogados, para que las inquietudes de las distintas jurisdicciones puedan llegar al organismo nacional.
La candidata explicó que cuatro representantes no pueden mantener por sí solos un contacto permanente con todos los profesionales del país, por lo que considera indispensable apoyarse en las instituciones que los agrupan.
La Lista 3 también reivindica la continuidad del trabajo desarrollado desde 2022 por el espacio Abogados en Acción, que tiene representación en el Consejo a través de la consejera Jimena de la Torre.
La recorrida por San Luis forma parte de una campaña nacional que también incluye visitas a Mendoza, San Juan, Neuquén y otras provincias.
Más allá de la competencia electoral, el debate pone de relieve una cuestión institucional de alcance federal: cómo lograr que los problemas que enfrentan los abogados y los ciudadanos en los tribunales del interior tengan representación efectiva en las decisiones que se adoptan sobre el funcionamiento de la Justicia Federal argentina.
