El 19 de septiembre, DePolítica contó una historia que por entonces estaba rodeada de interrogantes —ver ese artículo. Un móvil del COAR ingresaba prácticamente todos los días a Los Quebrachos para dejar a uno o dos efectivos destinados a custodiar la casa de una funcionaria judicial. Los vecinos habían advertido la presencia y fuentes oficiales confirmaron que la propia funcionaria había solicitado protección ante la Jefatura de Policía. Lo que todavía nadie explicaba públicamente era quién era y qué había ocurrido para justificar semejante dispositivo.
La incógnita ya tiene nombre: María Virginia Palacios, fiscal de Juicio de San Luis.
También se conoce ahora la gravedad del cuadro que llevó a disponer la custodia. Palacios denunció amenazas y manifestó temor por su integridad y la de su hija. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, confirmó posteriormente que el dispositivo comenzó el 20 de septiembre y que comprende tanto la vigilancia de su domicilio como el acompañamiento durante sus desplazamientos.
Pero conocer el nombre de la fiscal no terminó con la intriga. Por el contrario, abrió una historia mucho más compleja.
Ahora, Hugo Scarso, abogado defensor de Ernesto Faustino Novillo —el hombre denunciado por Palacios—, realizó una extensa presentación ante la Justicia en la que reclama investigar el trasfondo de la denuncia, producir nuevas pruebas y establecer qué relación existe entre las amenazas denunciadas por la fiscal y otro expediente originado en un robo ocurrido a fines de abril.
El robo que aparece detrás de todo
La historia se remonta al período comprendido entre el 28 y el 30 de abril, cuando fue denunciado un robo en el domicilio de María Lydia Yolanda Novillo, en La Toma.
Ese episodio terminó enfrentando a los hermanos Ernesto y Jorge Novillo, conocido como “Neneto”, y aparece repetidamente en el origen del conflicto que posteriormente involucró a Palacios.
Hay aquí un detalle que adquiere importancia a partir de la presentación de Scarso.
Según la denuncia de Palacios reproducida en el propio escrito de la defensa, la fiscal dijo conocer desde hacía años a Jorge “Neneto” Novillo y mantener una relación de amistad con él y su familia.
Scarso, sin embargo, reproduce la palabra “amistad” entre comillas.
No es la única vez que lo hace. En otro pasaje de su presentación vuelve a referirse a “Neneto” como “amigo” de Palacios, nuevamente entre comillas. La utilización de ese recurso aparece en un escrito que busca precisamente que la Justicia profundice sobre los vínculos existentes entre los distintos protagonistas de la historia.
La defensa pretende que se determine qué ocurrió realmente alrededor del robo, quiénes conocían la existencia del dinero, cuáles fueron las pruebas que condujeron hacia los sospechosos y qué participación tuvo cada una de las personas mencionadas.
De un robo a un supuesto plan para matar a la fiscal
El episodio adquirió una dimensión completamente diferente cuando Palacios dijo haber tomado conocimiento de una versión según la cual Ernesto Novillo habría pagado a Nicolás Mauricio Gómez, alias “El Porteño”, para matar tanto a ella como a Jorge “Neneto” Novillo.
La información no habría llegado directamente a Palacios.
Según consta en la presentación de Scarso, la versión tendría origen en dichos atribuidos a un interno apodado “Coco” Fábrega. La defensa reclama ahora que se determine quién escuchó directamente esa versión, qué dijo exactamente Fábrega y qué evidencia independiente existe para sostenerla.
Es uno de los puntos centrales del planteo: Scarso pide que no se dé por acreditada la existencia del supuesto encargo y que se reconstruya la cadena a través de la cual esa información llegó hasta Palacios.
Las cámaras de Los Quebrachos
La presentación también vuelve sobre el escenario que DePolítica puso por primera vez bajo la mirada pública: Los Quebrachos.
Scarso pidió preservar las grabaciones de las cámaras del barrio correspondientes al momento en que, según el relato incorporado a la causa, tres personas habrían llegado al lugar.
Quiere que se revisen los registros de ingreso y egreso, las cámaras que permitan reconstruir el recorrido y las imágenes del vehículo en el que esas personas se habrían trasladado. También reclama identificar al personal de seguridad que estaba trabajando y determinar qué observó.
Pero hay otro pedido especialmente significativo.
La defensa quiere que Palacios amplíe su declaración y diga si vio personalmente a esas tres personas, desde dónde las observó, durante cuánto tiempo, en qué condiciones de visibilidad y cuál es el elemento concreto que utiliza para atribuirle a Ernesto Novillo alguna intervención en ese episodio.
Scarso también pidió oficialmente a la administración de Los Quebrachos que informe cuándo ingresó el COAR al barrio, si actualmente continúa custodiando a Palacios y si la fiscal todavía reside allí.
Es decir, parte de aquello que el 19 de septiembre aparecía ante los vecinos como una misteriosa custodia policial ahora forma parte de las medidas que la propia defensa pretende incorporar formalmente al expediente.
Los audios y otra pieza de la historia
Otro capítulo son los audios aportados en relación con la denuncia.
Scarso reclama acceder a los archivos originales y completos, no solamente a transcripciones o fragmentos. Pide conocer su origen, cuándo fueron obtenidos, mediante qué dispositivo, quién los entregó y cómo fueron preservados.
Si existieran controversias, solicita pericias destinadas a establecer su autenticidad, detectar posibles cortes o ediciones e identificar técnicamente las voces.
El vínculo de Palacios con “El Porteño”
La presentación incorpora además otro asunto sensible: la relación entre Virginia Palacios y Nicolás Mauricio Gómez, “El Porteño”, precisamente el hombre mencionado en la versión sobre el supuesto plan para matarla.
Según la denuncia de Palacios citada en el escrito, Gómez había concurrido algunas veces a su domicilio y realizado trabajos de mantenimiento.
Scarso pide investigar ese vínculo: cuándo se hicieron esos trabajos, quién los organizó y qué elementos independientes existen para determinar sus características.
En ese contexto aparece otra acusación. Según una manifestación atribuida a la pareja de Gómez, Palacios habría recibido dinero para conseguir la libertad del hombre.
Scarso rechaza expresamente esa versión. Sostiene que Gómez recuperó la libertad el 31 de octubre de 2025 mediante una resolución judicial dictada en un hábeas corpus promovido por su defensa y que posteriormente fue detenido en otra causa.
El escrito, sin embargo, introduce una precisión relevante: esa documentación puede demostrar cuál fue el procedimiento judicial mediante el cual Gómez obtuvo la libertad, pero por sí misma no permite descartar una eventual entrega de dinero ajena al fundamento de aquella decisión. Por eso Scarso reclama que se determine qué dijo exactamente la pareja de Gómez y cuál fue su fuente de conocimiento.
Scarso quiere unir las dos historias
La pretensión central de la defensa es que el robo y la denuncia de Palacios no sean investigados como dos mundos separados.
Scarso pidió la acumulación de las actuaciones por conexidad y que intervenga una misma Fiscalía, con coordinación de las diligencias y acceso recíproco a las pruebas, aunque se mantengan legajos separados.
Su planteo es que el robo, el enfrentamiento entre los hermanos Novillo, el vínculo de Palacios con “Neneto”, las acusaciones que posteriormente comenzaron a circular contra la fiscal y finalmente la denuncia por amenazas forman parte de una secuencia que debe ser reconstruida integralmente.
Las acusaciones que Scarso formula contra Palacios y otros integrantes del Poder Judicial son graves. Pero existe una distinción indispensable: son hipótesis y acusaciones de la defensa, no hechos acreditados judicialmente. El propio escrito aclara que no pretende presentarlas como probadas y reclama que sean investigadas y contrastadas.
Nueve días después de aquella primera publicación de DePolítica, la imagen que despertó la curiosidad de los vecinos de Los Quebrachos adquiere otra dimensión.
Ya se sabe quién vive detrás de la custodia: la fiscal Virginia Palacios.
También se sabe por qué pidió protección y cuál es la denuncia que realizó.
Lo que todavía deberá determinar la Justicia es qué hay detrás de una trama que comenzó con un robo, derivó en acusaciones cruzadas, terminó con la versión de un supuesto plan para matar a una fiscal y mantiene hoy a una de las funcionarias judiciales más conocidas de San Luis bajo custodia policial.
