El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, decidió llevar al Congreso una revisión integral de uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia: las miles de causas judiciales iniciadas por incumplir el aislamiento obligatorio.
Con un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, el legislador libertario propone relevar, a escala nacional, qué ocurrió con los denunciados, imputados y eventualmente condenados en el marco del artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023.
La iniciativa coloca a Almena como el impulsor político de una agenda que combina dos dimensiones sensibles: el funcionamiento del sistema judicial durante la emergencia y las posibles vulneraciones de derechos individuales en ese contexto.
Un pedido de información con alcance nacional
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, recabe información de todos los poderes judiciales del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— sobre el estado de las causas vinculadas al incumplimiento del ASPO.
Entre los datos requeridos figuran:
- Cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas.
- Estado actual de los expedientes, incluidos los archivados o prescriptos.
- Detalle de condenas y su grado de firmeza.
- Denuncias contra fuerzas de seguridad y su situación judicial o administrativa.
El objetivo, según plantea Almena, es construir por primera vez un mapa completo del impacto judicial de la cuarentena, a seis años de su implementación.
El eje político: revisar la “emergencia sanitaria”
En los fundamentos, Almena sostiene que su iniciativa busca indagar posibles excesos cometidos bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.
El texto advierte que, desde la instauración del aislamiento el 19 de marzo de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, se registraron denuncias en todo el país por abusos de autoridad y vulneraciones de derechos humanos.
En ese marco, el proyecto se posiciona dentro de un debate más amplio que atraviesa al sistema político: hasta dónde llegaron las restricciones y qué consecuencias dejaron.
San Luis, en el centro del planteo
Almena pone especial énfasis en su provincia, gobernada en ese período por Alberto Rodríguez Saá, a la que describe como una de las jurisdicciones con medidas más restrictivas.
Según detalla, allí se implementaron políticas como:
- Cierre de accesos provinciales.
- Restricciones al transporte de carga.
- Sistema de circulación por DNI (pares e impares).
Para el legislador, esas disposiciones derivaron en situaciones de desabastecimiento, conflictos interprovinciales y un clima de alta tensión social.
Dos casos que reabren la discusión
El proyecto también recupera dos episodios ocurridos en San Luis que, por su gravedad, marcaron la etapa más dura de la cuarentena.
El primero es el de Magalí Morales, detenida en abril de 2020 por una supuesta infracción y hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa de Conlara. Aunque inicialmente se habló de suicidio, investigaciones posteriores señalaron un contexto de tortura psicológica y trato degradante.
El segundo es el de Franco Gastón Maranguello, un adolescente de 16 años que fue demorado por violar restricciones sanitarias y luego encontrado sin vida en una dependencia policial de Villa Mercedes.
Ambos casos son citados por Almena como ejemplos de situaciones que requieren una revisión exhaustiva desde el Estado.
