El intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, realizó una dura crítica al accionar de la Jueza, Nora Graciela Villegas que permitió que un condenado por femicidio recuperara la libertad condicional y terminara atacando a una nena.
Para el jefe comunal, el caso deja al descubierto un problema estructural del sistema judicial y el impacto social directo de decisiones que, lejos de ser técnicas o abstractas, terminan teniendo consecuencias dramáticas.
“Estos casos no pueden quedar impunes”, afirmó Postiguillo en diálogo con DePolítica, al tiempo que marcó los límites de su rol institucional: “Un intendente no tiene competencia ni poder de policía, ni tampoco puede pedir un jury”.
Un debate sin suficiente información
En ese sentido, remarcó que el debate público suele estar atravesado por el desconocimiento y explicó que el jury de enjuiciamiento solo puede ser impulsado por el Ejecutivo provincial, legisladores o el Colegio de Abogados, y que el órgano está integrado por nueve miembros: tres del Superior Tribunal de Justicia, tres diputados y tres abogados de la matrícula.
Sin embargo, el cuestionamiento fue mucho más profundo. “No tenemos mucha experiencia en juries o destituciones. Por lo general funciona como una corporación: se abroquelan y se autodefenden”, sostuvo. Y definió el caso con una expresión categórica: “Esto es mala praxis. Aunque no sea un término jurídico, es muy gráfico: actuaron mal”.
Un patrón más grave
Postiguillo vinculó la decisión de la jueza Villegas con un patrón más amplio de mal desempeño judicial. “Si los jueces no son probos, si no hablan por sus sentencias prontas, no hay justicia”, advirtió. Y lanzó una señal de alarma sobre las consecuencias sociales: “Cuando la gente se harte de que no haya justicia, se va a autodefender”. Según su mirada, ese proceso ya se percibe en distintas ciudades del país, donde “los vecinos hacen justicia por mano propia” ante la falta de respuesta judicial.
El intendente también puso el foco en el sistema de designación y control de magistrados. “El Poder Legislativo y el Ejecutivo se someten cada cuatro años a la voluntad popular. Si la gente no te califica, dejás el cargo. En cambio, los jueces llegan por una cuña y, en muchos casos, no le ganaron un concurso a nadie. Llegan para quedarse de por vida”, señaló.
Y reclamó mayor transparencia: “No presentan balance, no sabemos cuántas causas resuelven, no conocemos su horario de trabajo y, en muchos casos, viven por encima de lo que les da el sueldo”.
«Un criminal no puede estar libre»
En relación con las responsabilidades posteriores a la liberación de un condenado, fue tajante: “No puede estar libre un criminal sin que ellos sepan a dónde lo dejaron libre”. Además, aclaró un punto clave frente a reclamos recurrentes de la sociedad: “Los ejecutivos no tenemos competencia para restringir el derecho a transitar. Cuando un juez libera a una persona, puede estar donde quiera. Ni los municipios ni los consejos deliberantes podemos prohibirle circular”.
Las críticas también alcanzaron al Ministerio Público Fiscal. “Lo que digo de los jueces también les cabe a los fiscales”, afirmó, y cuestionó la falta de presencia en momentos críticos: “Con la reforma judicial, fijate qué fiscal está un viernes, un sábado o un domingo en una comisaría de San Luis. Cualquier caso, largalo, porque si no hay que trabajar”.
La salud de la nena atacada
Postiguillo se refirió al estado de la nena, como el único dato alentador en un hecho que definió como “gravísimo”. Confirmó que la menor “sigue internada en el Sanatorio Allende, en Córdoba” y que “lo único alentador es que sigue evolucionando”.
También destacó la respuesta del sistema de salud y de las fuerzas de seguridad: “La rapidez con la que actuó la policía, la premura de los médicos, la contención inicial en Santa Rosa, luego en el hospital Madre Catalina y el traslado a Córdoba hicieron posible que hoy esté evolucionando. Gracias a Dios, favorablemente”.
