Un fallo contra la sociedad

La casta judicial, los ruidos de Todos Unidos, otro escándalo en una universidad y la construcción política de Claudio Poggi.
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El Juez Marcos Flores Leyes, que ordenó devolver el colectivo de los sobreprecios.

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La sociedad de San Luis sigue recibiendo muy males señales desde algunos despachos del Poder Judicial.

¿Esta allí la verdadera casta de San Luis?. ¿Es sólo un organismo colonizado por Alberto Rodríguez Saá para que le cubra su retirada? ¿O empieza a descubrir su juego político para generar zozobra con fallos adversos a la expectativa de la sociedad?. Tal vez las tres cosas juntas.

El cambio cultural que los puntanos votaron el 11 de junio debe traducirse en mejoras sustanciales en términos de  seguridad y de que los delincuentes y quienes se aprovecharon del Estado para hacer negocios sean castigados, y no protegidos.

El fallo del Juez Marcos Flores Leyes que ordenó devolver el colectivo que Cintia Ramírez, primera imputada por corrupción del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, compró pagando un sobreprecio superior a los cien millones de pesos operó en ese sentido: proteger a  los que se aprovecharon del Estado.

La metáfora que circuló entre abogados para explicar el significado de su fallo fue contundente: “esto es como si a vos te roban y el Juez le diera al ladrón para que use eso que te robó”.

Flores Leyes falló en contra de las expectativas de la sociedad. Y a favor de la corrupción. Ese fallo será apelado por Fiscalía de Estado y por el fiscal Francisco Assat Alí.

Su sentencia estuvo en sintonía con lo que los senadores que responden al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, Hugo Olguín (Chacabuco), Mariana Cruz (San Martín), Sergio Moreira (Dupuy) y Juan Torres (Pringles) votaron esta semana al negarse a ponerle un freno a la puerta giratoria por la que los delincuentes entran y salen.

Todo en la misma semana en la que también quedó muy expuesto el Procurador General de la provincia, el ex presidente del bloque de diputados del Frente Unidad Justicialista, Luis Martínez.

El reconocido abogado penalista y actual director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo lo cruzó fuerte. Dijo que su único antecedente para ocupar el rol de jefe de los fiscales fue haber sido diputado de Rodríguez Saá. Y que incluso le faltan los años de ejercicio profesional que se requiere para sentarse en ese sillón.

“Ha quedado claro que no sabe nada” le recriminó Berruezo a Martínez, que intentó polemizar con la ministra de Seguridad, Nancy Sosa que le pidió públicamente a la Justicia que se comprometa con la sociedad.

Las estadísticas que brindó la ministra son lapidarias para el trabajo de los fiscales a las órdenes de Martínez: de los 1087 delincuentes detenidos in fraganti en lo que va del año, 970 están libres, y a sólo 50 se les dictó prisión preventiva, más la mitad de ellos la cumple en sus propios domicilios.

El reclamo por la inseguridad es tan fuerte que es la primera vez que el tema salta las barreras del mundillo judicial y lo abre ante los ojos de la sociedad en general.

Será interesante entonces ver de qué lado se ponen los jueces: del lado de la sociedad, o del lado de los delincuentes y de quienes se aprovecharon del Estado.

 

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Hace tres meses DePolítica contó qué pasaba en las entrañas de Todos Unidos. Vamos a repetirlo:

No es la primera vez que -aunque sin decir su nombre-, Gisela Vartalitis es mencionada como sujeto político propio y de peso en las decisiones de ese espacio (Todos Unidos). El albertismo puro supo sacarle provecho a esa idea a la que recurre, aún hoy, sin hartazgo, y confiados en su efectividad, para sembrar temores y generar discordias.

Sin embargo, lo nuevo es la centralidad que su dimensión personal cobra como protagonista en la lectura de un documento político del propio Consejo Provincial partidario.

Y en ese mismo artículo publicado el 16 de marzo se habló de lo que tarde o temprano podía llegar a pasar:

Si se aquietan las aguas, o si la suspensión de (Hugo) Murgos abre la puerta a salidas voluntarias de otros dirigentes que estarían incómodos, se sabrá en cuestión de días.

Fueron 80 días de espera. Hasta que pasó.

Un grupo de dirigentes de ese espació anunció esta semana una renuncia masiva. Hablan de unos 200 dirigentes de toda la provincia. Fue en una conferencia de prensa que encabezaron Javier Darnay, José Gil, Julio Gómez, Roberto Quiroga y de la que participaron dos dirigentes que fueron expulsados de ese espacio: Harold Bridger y Hugo Murgo.

Para Bridger se perdió “la esencia doctrinaria” del partido, que fue “superada por el capricho de un dirigente que se llama a ser el conductor del mismo… ante esa situación donde ya prevalece el capricho de una persona para un conjunto de personas que lo acompañan, es que nosotros no nos sentimos comprometidos en continuar apoyando a esa persona. Esa persona es Adolfo Rodríguez Saá”.
Hugo Murgo fue al punto que otros evaden y responsabilizó a Gisela Vartalitis.Podés tomar un camino malo, como ha tomado Adolfo, y hacer estos disturbios que está haciendo por la mujer, que sabemos todos que es la que maneja la situación. Entonces, chicos, si vamos a hablar claro, hablemos claro”.

Ahora bien, si se le pidiera a la Inteligencia Artificial una nube de palabras sobre lo que dejó la conferencia que esta semana brindó un grupo de mujeres del espacio Todos Unidos para cuestionar la salida de esos dirigentes aparecerían las ideas: corrupción, denuncia, manos, millones, basta.

Lo que en cambio la Inteligencia Artificial no podría decir, pero salta a los ojos de la dirigencia política, es el desorden que habita en el espacio político que se referencia en quien fuera cinco veces gobernador de San Luis. Impensado.

De hecho, Todos Unidos es el único partido que integró el frente electoral que lideró Poggi para llegar a la Gobernación y con el que hoy gobierna, que genera ruidos para afuera.

Ni la Unión Cívica Radical -siempre caracterizada por sus tironeos internos-, ni Propuesta Republicana PRO, Movimiento Libres del Sur, Partido Demócrata, Partido GEN, Exodo Puntano, Mirada Socialista, Partido Mercedinos por el Cambio, Partido Sanluiseños por el Cambio, Juntos Podemos, Movimiento de Integración y Desarrollo MID y Acción Renovadora, ninguno de los espacios de ese frente llamado Cambia San Luis desafina hablando en lenguaje musical.

El ruido llega de Todos Unidos.

Lo cierto es que también internamente hay quienes creen que ambas conferencias no fueron lo mejor que puede mostrar el partido. También hay malestar con esas formas.

Como sea, esta semana Alfonso Vergés asumió como ministro de Ciencia e Innovación. Pasaron seis meses para que finalmente Todos Unidos completara con un nombre propio la grilla ministerial. ¿Habrá alguna nueva salida?

El reloj estuvo en cuenta regresiva todo este tiempo en la mesa de conducción de ese espacio. Seis meses.

Un párrafo final para esa conferencia que fue todo un espectáculo público: La idea de que una dirigente es atacada por su condición de mujer ya atrasa, y es de una vulgaridad tal que le termina haciendo el juego a aquellos que de verdad utilizaron a las mujeres para hacer politiquería de género. Uno desearía que no se repitan esas formas.

 

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Esta semana una delegación de la Policía Federal secuestró cuatro computadoras que estaban afectadas al área de Hacienda, en la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

El procedimiento se concretó este jueves por la mañana, durante dos horas según le confiaron fuentes de la investigación a DePolítica, y responde a una solicitud que había realizado el año pasado el rector Marcelo Sosa, quien reclamó un peritaje oficial a sus sistemas informáticos.

El asesor legal de la UNViMe, Juan Manuel Quiroga, explicó que la intervención de los efectivos se originó por orden de la Fiscalía Federal, oficina en la que Sosa radicó la denuncia penal el pasado 7 de diciembre, al detectarse el presunto ataque sufrido en los sistemas contables unos días antes, más precisamente el día 28 de noviembre.

El año pasado, la propia Universidad informó que el personal que se desempeña en el área de Liquidación de Sueldos efectuó en esa fecha el trabajo de carga de información, conforme a las nuevas paritarias salariales, con el objetivo de que se cumpliera al día siguiente con el trámite final que se comunica a la entidad bancaria.

Sin embargo, al presentarse el día 29 se encontró con la novedad de que el sistema SIU-Mapuche utilizado para este fin “había sido alterado y modificado”.

“Las modificaciones consistieron en la alteración de descripciones, categorías y fórmulas de cálculo del sistema, lo que perjudicó el trabajo de las agentes administrativas y los haberes de más de 500 empleados, generando un desequilibrio en los montos de sueldos”, dice en uno de los párrafos la presentación legal.

Sobre la base de los hechos relatados, se presume que los autores de la “acción ilícita actuaron de forma dolosa y sin autorización, conociendo claves y fórmulas del sistema, a través de la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o mediante cualquier forma de atentado al fundamento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a la Universidad”.

La denuncia presentada se funda en el artículo 153 Bis del Código Penal, que “sanciona a quien sin autorización accede, introduce, altera, borra, o suprime datos informáticos o atenta contra el funcionamiento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a otro, sin perjuicios de otros tipos penales más graves que pudieran corresponder o resultar de la investigación”.

En la denuncia se hace constar que este acceso no autorizado al sistema constituye una violación a la “información privada de los datos informáticos que son privados, ya que son personales de los empleados de la Universidad”.

También se señala que la intención fue producir un “perjuicio patrimonial” a la institución, “ya que la alteración de los datos provocó un desequilibrio en los montos de sueldos, lo que hubiera generado un gasto exorbitante para la Universidad y deudas en relación al sistema de seguridad social”.

A modo ejemplificativo, uno de los sueldos liquidados de una docente superaba los 21 millones de pesos.

En la denuncia también se presentan a modo de prueba el Acta confeccionada por agentes de la UNViMe que acredita la alteración del sistema SIU-Mapuche por el área de Hacienda, print de pantallas con datos personales, financieros, académicos que fueron accedidos por los autores de los hechos, fotografías tomadas por los agentes administrativos y declaraciones de diferentes testigos, que son los agentes involucrados en esta tarea de liquidación de sueldos y funcionarios de mayor rango, como los Secretarios de Hacienda y Administración y General.

La denuncia que lleva la firma del rector Sosa solicita “se proceda a designar peritaje informático por el cuerpo profesional forense para que determine ingresos al SIU-Mapuche, autorizados al ingreso, niveles de autorización, IP de ingresos y/o todo otro dato relevante para el esclarecimiento de los hechos”.

 

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Las nuevas formas de vinculación que lleva adelante el Gobernador Claudio Poggi y de la que están dando cuenta los propios intendentes de toda la provincia, junto a las acciones de gobierno que se despliegan en la Gira institucional significarán una consolidación política de la que esta página quiere dejar constancia.

Así lo reflejan algunos de los intendentes que lo recibieron en sus pueblos esta semana que pasó, sorprendidos por las formas de una nueva relación que nada tiene que ver con aquella imposición brutal que padecieron en los años del anterior gobierno.

El diálogo, la presencia en el lugar, el contacto cara con intendentes, concejales, directivos de instituciones, clubes, organizaciones y los propios vecinos marcan una diferencia abismal con lo que terminó en diciembre pasado.

Esta semana la Gira institucional continuará en trece localidades: el lunes Poggi visitará en Cortaderas a familiares de un veterano de Malvinas; el martes estará en El Volcán, El Trapiche y La Carolina; el miércoles en Zanjitas, Navia y Unión; el jueves visitará El Bagual, Fortuna y Nueva Galia; y el viernes en La Toma, Naschel y Tilisarao.

Vale esta breve mención a la actividad oficial para dejar constancia de esa construcción política que sucede por estas horas y cuyos resultados se verán con el paso del tiempo. Todos avisados.

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