La caída sostenida de la recaudación impositiva encendió luces rojas en el Gobierno nacional y reconfiguró la negociación con los gobernadores. En enero, los ingresos tributarios registraron una baja interanual real cercana al 8%, el sexto mes consecutivo en retroceso, un dato que golpea tanto a la Nación como a las provincias y obliga a revisar uno de los ejes discursivos del oficialismo: la baja de impuestos.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a analizar la posibilidad de postergar hasta 2028 la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas incluida en la reforma laboral, tal como adelantó LaPolíticaOnLine. La decisión implicaría diferir la aplicación más allá del mandato de Javier Milei y también del de la mayoría de los gobernadores, que concluyen en 2027, una coincidencia temporal que facilita el consenso político pero expone la fragilidad fiscal del presente.
Hasta hace pocas semanas, Caputo sostenía como alternativa una cláusula “gatillo”: que la rebaja se active recién cuando la economía crezca al 4%. Sin embargo, en las provincias cuestionan esos cálculos y advierten que un eventual repunte no garantiza mayor coparticipación, sobre todo si el crecimiento se apoya en sectores con beneficios impositivos. Para varios mandatarios, la propuesta funciona más como una forma de ganar tiempo que como una solución efectiva al problema de fondo.
Corriente ata un aumento para estatales al envío de fondos nacionales
El deterioro de los ingresos ya tiene efectos concretos en los territorios. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés fue explícito al reconocer que la provincia no cuenta con recursos para otorgar aumentos salariales a los empleados públicos si no hay asistencia nacional. “Sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una recuperación de la recaudación federal, el bolsillo de los estatales seguirá en espera”, sostuvo, en un contexto de creciente tensión gremial y con el inicio del ciclo lectivo como telón de fondo.
La posición de Valdés sintetiza un reclamo extendido entre los gobernadores: previsibilidad fiscal. En las provincias sostienen que cualquier modificación tributaria que afecte sus ingresos debe venir acompañada de mecanismos de compensación claros. De lo contrario, el ajuste se traslada de manera directa a salarios, servicios y obra pública.
Mientras en la Casa Rosada buscan sostener el discurso de la baja de impuestos sin exhibir una marcha atrás política, los números imponen límites cada vez más evidentes. La negociación por Ganancias sigue abierta, pero con una certeza compartida en Nación y provincias: con la recaudación en caída, nadie está dispuesto a resignar recursos.