El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quedó en el centro de una fuerte controversia política tras pronunciar dos afirmaciones que encendieron alarmas en el escenario nacional: por un lado, sostuvo que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, y por otro calificó a las víctimas fatales de la crisis de 2001 dentro de la idea de que “hay sacrificios que valen la pena”.
La primera de esas expresiones —por su carga institucional y su lectura potencialmente desestabilizante— fue interpretada en distintos sectores como un planteo de tono destituyente, al poner en cuestión la continuidad del mandato presidencial surgido de las urnas. La segunda generó un rechazo aún más transversal por la evidente insensibilidad política que implica relativizar muertes ocurridas en uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente.
Quintela formuló esas declaraciones durante una entrevista en el programa Mañana Sylvestre (Radio 10), donde advirtió que, si el actual rumbo económico se mantiene, la Argentina llegará a 2027 “con un país totalmente destruido y entregado”. En ese marco, evocó la crisis de 2001 y la consigna “que se vayan todos”, al señalar que el peronismo debe tener “la decisión” que —según su interpretación— permitió la reconstrucción posterior.
La denuncia de Stornelli
A partir de esos dichos, el fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una denuncia al considerar que las expresiones del mandatario riojano podrían encuadrar en delitos como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.
La presentación judicial elevó la tensión política y provocó el cierre de filas del peronismo.
El respaldo de “Pipi” Alí
En ese contexto, el diputado nacional por San Luis Ernesto “Pipi” Alí expresó un respaldo explícito a Quintela y denunció una supuesta ofensiva política y judicial.
A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que “cuando un gobierno no puede construir, elige castigar” y afirmó que La Rioja “no es atacada por casualidad”, sino “por no arrodillarse”. En el mismo mensaje, advirtió que se intenta “disciplinar a quienes gobiernan con autonomía y defienden a su pueblo”.
Alí planteó además que “no es justicia: es persecución política. Usan los tribunales como herramienta para condicionar decisiones y quebrar liderazgos provinciales”. Sobre este punto, cabe señalar que el propio diputado ha sido denunciado e imputado en una causa por presuntos hechos de corrupción, situación judicial que agrega un elemento de controversia a su posicionamiento público.
El diputado puntano encuadró el episodio en una disputa federal más amplia: “La historia argentina demuestra que cada vez que el poder central quiso imponer ajuste y obediencia, hubo pueblos que resistieron. Y La Rioja es uno de ellos”.
El mensaje concluye con un respaldo directo: “La Argentina necesita federalismo real, respeto institucional y una justicia que no responda al poder de turno. Acompañamos a Ricardo Quintela y al pueblo riojano”.
El PJ denunció “disciplinamiento”
En paralelo, el Partido Justicialista nacional difundió el documento “Solidaridad con el gobernador Quintela”, donde rechazó la denuncia impulsada por Stornelli y la calificó como parte de un esquema de “persecución política” contra dirigentes opositores al gobierno de Milei.
El texto sostiene que la presentación judicial carece de sustento jurídico porque se origina en opiniones vertidas en un medio de comunicación y advierte sobre un presunto uso de los tribunales de Comodoro Py como herramienta de disciplinamiento.
Desde el peronismo riojano también se pronunciaron en defensa del mandatario y advirtieron que “si tocan a Quintela, tocan al federalismo”, mientras el propio gobernador agradeció los apoyos y aseguró tener la “tranquilidad de saber que no está solo”.