DePolíticaEl concejal Guillermo Araujo volvió a la carga ratificando la denuncia penal contra el intendente de San Luis, Sergio Tamayo por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”.
La acusación deriva del convenio que el intendente puntano firmó con la empresa Edesal cediéndole la gestión de la cobranza de las tasas y servicios municipales junto a la boleta del servicio eléctrico que brinda la compañía.
Pero además Araujo intimó a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para intentar determinar si hubo algún incumplimiento que derive en evasión impositiva en la firma de ese acuerdo.
La noticia de esa ratificación fue publicada por el propio Araujo en sus redes sociales, a la vez que cargó contra el juez Ariel Parrilis: “Lamento el accionar del juez, que amedrentándome intentó obligarme a responderle preguntas al abogado de fiscalía de Estado que defiende a Tamayo, cuando no debía ni correspondía que respondiera”.
“Por otro lado, hace un mes que, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, solicité en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos información relacionada con la firma del convenio en cuestión, para corroborar la posible comisión del delito de evasión”, escribió en sus redes Araujo.
Por esta horas analiza junto a su abogado Andrés Bazla recusar al Juez porque entienden que actuó amedrentándolo y como si fuera el abogado defensor del intendente.
“Llegamos con Bazla antes de las 11 a hacer la ratificación, alrededor de las 11:30 la secretaria que luego tomaría nota de la ratificación, le informó a mi abogado que él no podría entrar, que debía entrar yo solo y acatando el pedido entré sólo. Allí estaba el Juez, el abogado defensor de Tamayo, la secretaria y yo. Luego de preguntarme si ratificaba la denuncia les dije que sí, y que iba a ampliar la denuncia, y fue entonces cuando luego de ofertarles el escrito u oralizar mi ampliación, el Juez me dijo que lo oralizara para que luego me pudieran hacer algunas preguntas. Cuando me negué a responder sus preguntas, el Juez me dijo que estaba obligado a responder sus preguntas y que si no las respondía podía incurrir en un delito, cuyas penas podían ir de 3 meses a 5 años de prisión, con multas económicas…” le contó Araujo a esta página.
“En Rentas presenté una nota cuya contestación venció hace un mes, pidiendo, amparado en la ley de acceso a la información pública, información sobre este convenio y sobre el pago del impuesto a los sellos. Eso no es menor porque dado el monto del convenio, el impuesto a los sellos es un pago importante que se debiera haber hecho”, dijo Araujo.
“Si no se pagó ese impuesto se ha incurrido en otro delito que es evasión, o defraudación fiscal. Se venció el plazo y no me contestaron. Volví a insistir con otra nota y se venció nuevamente y no me contestaron, por eso decidí enviar una carta documento intimando a que me den esa información para ver si hay otro delito cometido”, le contó a esta página el concejal del interbloque San Luis Unido.
“Tamayo reconoció una deuda por más de $ 25.000.000 a favor de la empresa, que deberán pagar los vecinos de la ciudad y desistió de la demanda que el municipio tenía contra la misma y ese convenio se firmó sin la autorización del Concejo Deliberante, en fragante violación al principio republicano de división de poderes, al atribuirse facultades que son propias del cuerpo deliberativo”, argumenta la denuncia contra el intendente de San Luis.
