30 de julio de 2022

Nuevo atropello institucional

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El doctor Francisco Guiñazú.

Opina Francisco César Guiñazú.

 

Con profunda preocupación advierto un nuevo atropello a la Justicia Provincial y a la ciudadanía en general por parte del Poder Ejecutivo y el Senado Provincial (oficialismo) que, a través del Decreto Acuerdo N° 3-HCS-2022, promovieron la designación de siete nuevos funcionarios judiciales provisorios (fiscales y defensores adjuntos) de los cuáles cinco no fueron evaluados en su conocimiento jurídico y práctica profesional, al igual que los otros diez recientemente designados.

La urgencia planteada no justifica la designación de funcionarios que no cumplieron con el proceso de evaluación previsto en la ley 615/08, que procura garantizar la idoneidad como requisito de admisibilidad (Art. 23 de la Constitución Provincial y 16 de la Nacional), lo que resulta de extrema gravedad institucional, aunque la decisión esté respaldada por el inconstitucional art. 118 de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno provincial a través de la ley 0086-2021.

Resalto que transcurrió casi un año desde que fue aprobado el nuevo Código de Procedimiento Penal y desde que se sancionara la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia, por lo que hubo suficiente tiempo para hacer el concurso exigido para los funcionarios judiciales; ello agravado por el hecho de que cuando se los convocó para ser examinados, muchos de los postulantes no se presentaron y otros fueron declarados cómo “no recomendables”; sin embargo, varios ya están en ejercicio de sus cargos, destacando que las garantías y derechos más importantes de las que gozamos los ciudadanos (vida, libertad, propiedad, honor, etc.) pueden depender de quienes fueron discrecionalmente elegidos para ocupar esos cargos.

En definitiva, una negligencia (omitir evaluaciones) no puede subsanarse con otra negligencia (designación discrecional de los amigos del poder), por lo que insto a quienes forman parte de la estructura del poder dominante en la provincia, a priorizar la idoneidad, como resguardo constitucional para un mejor servicio de Justicia.

Señor Gobernador, Senadores oficialistas, Ministros del Poder Ejecutivo y Judicial, la seguridad jurídica se apoya en las normas constitucionales y no en su omnímoda y caprichosa voluntad.

Atentamente.

Francisco César Guiñazú.

 

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