DePolítica
La creación de “fondos rotatorios” de 5 y 10 millones de pesos que pueden usar discrecionalmente ministros y secretarios del gobierno provincial, como así también la transferencia de fondos a los municipios post 12 de septiembre, ya disparó más de cien cartas documentos a funcionarios e intendentes para advertirles sobre la comisión de delitos electorales.
Esos documentos fueron escritos por los abogados integrantes de la Comisión Jurídica para Delitos Electorales, que actúa bajo la coordinación nacional de Patricia Bullrich y que en San Luis integran unos 30 abogados.
Ese grupo de profesionales mantuvo un encuentro virtual con el candidato a diputado nacional, Claudio Poggi, para analizar los pasos a seguir en esa disputa legal que ya tiene un correlato con perfil escandaloso en medios porteños.
La noticia fue confirmada por la oficina de prensa de Avanzar, a través del siguiente comunicado:
La Comisión Jurídica para Delitos Electorales de Unidos Por San Luis que integran más de 30 abogados de la provincia de San Luis, que preside el Dr. Ricardo Endeiza, coordina el Dr. Ricardo Bazla, integrada a nivel nacional en la comisión que dirige Patricia Bullrich, se reunió con el candidato a diputado nacional de la fuerza, Claudio Poggi, para analizar las acciones realizadas y los próximos pasos a desarrollar, de cara a preservar la legalidad de los actos de gobierno durante el proceso electoral.
Desde el Comité ya se enviaron más de un centenar de cartas documentos, dirigidas a funcionarios del ejecutivo provincial de diferentes rangos y ministerios, como así también a todos los intendentes del kirchnerismo provincial enrolados en Fuerza San Luis.
Desde el comité se está poniendo especial atención en el uso de los recursos públicos que se intenta realizar sobre el recientemente creado “fondos rotatorios”- comúnmente conocidos como cajas chicas-, del que disponen ministerios y secretarias del ejecutivo provincial, que sumarian cientos de millones de pesos y de los que se podrá hacer uso de los mismos casi sin ninguna rendición de cuentas.
A esos fondos del estado, se le suman -al menos- más 400 millones de pesos que fueron girados a los municipios del kirchnerismo ´provincial en concepto de anticipos de coparticipación, que serán repartidos discrecionalmente a los intendentes, tanto en dinero o en bienes y de manera excepcional.
Los abogados que se reunieron con Claudio Poggi, expusieron las acciones judiciales que se llevarán adelante en los próximos días buscando impedir que el kirchnerismo sanluiseño cometa delitos con los dineros públicos, durante el proceso electoral.
