Daniel Poder
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Posverdad: Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. (Real Academia Española).
Es cierto, los diarios papel en el mundo mueren. Otra cosa es asesinarlos.
El diario propiedad del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá dejó de imprimirse como diario, luego de 58 años. Y no murió de muerte natural.
La noticia, en el lenguaje de una redacción, tiene varios puntos de entrada tanto en clave política como empresaria.
La dirigencia política de San Luis fue testigo esta semana de una nueva y contundente demostración de la profundidad del cambio de época que se vive en San Luis. Y eso que para algunos sólo estamos viendo el trailer del verdadero cambio que opera en la sociedad.
Esa desaparición física como diario papel es mucho más que una decisión empresarial a esta altura inexorable en tanto los hábitos de consumo de información cambiaron y la conversación pública se concentra en las plataformas digitales y particularmente en las redes sociales. La decisión va mucho más allá de ese contexto.
Es imposible no leer su desaparición en formato papel como una suerte de despedida de Alberto Rodríguez Saá en la vida política de San Luis.
Ambos tienen demasiado en común: son productos de un mismo tiempo pasado. Se construyeron mutuamente.
A tal punto la suerte de uno ha sido la suerte del otro, que este punto final no admite un reproche que podría ser válido: es inconcebible que una estructura de negocio alimentada durante tantos años de la manera en que se nutrió el diario no haya tenido un plan para el día después. Un día después que empezó hace años.
Rodríguez Saá comprende lo que significa la decisión que tomó esta semana contra quienes le dicen que lo mejor es terminar con todo, de una sola vez.
Lo atropellan las contradicciones. Por caso, la manera en que despidió a sus empleados con pagas inferiores a las que les correspondían es otra interesante manera de entrar en el tema. Cómo no prestarle atención a ese detalle cuando a esa decisión la toma alguien que se babea hablando de justicia social.
Si de esa bandera se trata hay que decir que los integrantes más débiles de la cadena de producción del diario, los canillitas, hicieron pública esta semana una carta abierta en la que reclamaron por la desprotección en la que quedaron. Con desesperación y hasta ternura sugirieron soluciones “sin ser empresarios ni estudiosos en la materia”, a la vez que denunciaron esa desprotección que los “condena a la marginalidad”.
El artículo que a modo de in memoriam se publicó el diario a sí mismo, revela otro dato de mucho valor. Ya no habrá una mesa de contención que con criterio periodístico filtre los intereses de su dueño -tensión propia de los medios propiedad de políticos y gobernantes-. No, no habrá más filtros de los profesionales periodísticos que sobreviven en esa redacción.
El propio Alberto Rodríguez Saá asumió la dirección general y dejó en evidencia, explícitamente, el carácter panfletario que tendrá cada publicación suya.
Una idea o pregunta para terminar: cuántas veces una noticia puede decir tanto y convertirse en semejante evidencia de cómo los tiempos cambiaron.
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Uno quisiera creer que fue deliberado, en honor a estos tiempos de posverdad. De hecho, sería más fácil entenderlo desde ese lugar, desde la búsqueda de una instalación mediática basada en esa cuestionable lógica, pero lógica al fin.
De lo contrario es alarmante pensar que el senador Bartolomé Abdala, tercero en la línea sucesoria presidencial de la República Argentina y por cuyas manos uno imagina pasan expedientes que le pueden cambiar la vida a millones de argentinos, confunde el valor de un pliego licitatorio con el valor total de las obras que requiere la reconstrucción del abandonado Hospital Policlínico de Villa Mercedes.
Deberá Abdala aprender a manejar su ansiedad política. Es sabido que quiere ser candidato a gobernador en 2027; de hecho ha mantenido reuniones con intendentes y dirigentes a los que les prometió la bajada de obras nacionales, pero hay que decir que hasta el momento -a siete meses de su asunción como Senador- las únicas obras nacionales que llegaron a la provincia han sido fruto del acuerdo del jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos con el gobernador Claudio Poggi.
Como sea, hay que reconocer que su vocación por cierto es muy legítima, y también que está anabolizada por quienes quieren que fracase el gobierno de Poggi.
La publicación errónea -que se multiplicó sin objeciones en numerosos medios de la provincia de San Luis- no pasó en cambio el filtro de los lectores que advirtieron el error y se lo señalaron. “Milei hay uno solo” le escribieron, antes que Abdala borrara el posteo sin pedir disculpas.
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El pasado 23 de junio esta página informó sobre la existencia de una investigación judicial que involucra al intendente de San Francisco del Monte de Oro y su entorno por una supuesta defraudación contra una mujer a la que habrían despojado de un bien inmueble.
En ese expediente también se menciona a su pareja Ivana del Carmen Castro, su secretario de Gobierno, Davorin Sepak, actual secretario de Gobierno del municipio y su esposa.
La denunciante es Liliana Beatriz Valdez, de 74 años, que cuenta con el patrocinio legal del doctor Marcelo Estrada. Esta página pudo confirmar que en los últimos días ese abogado fue contactado por otros vecinos de la región que, trascendida la denuncia, querían aportar más información sobre cómo opera el negocio inmobiliario en esa localidad, según ellos, desde hace varios años.
En esos encuentros, un vecino de la provincia de Córdoba habría mencionado a familiares directos del intendente; otros refirieron a una persona cuyo apellido sería Zalazar -seguiría en el negocio inmobiliario luego de un paso por la función pública en el pueblo y arrastraría una causa por defraudación en Buenos Aires) y a otra persona mencionada como Gustavo Sosa, con un expediente judicial abierto en Villa Mercedes por venta de terrenos en San Francisco.
En el estudio del doctor Estrada se fortalece una hipótesis de trabajo: creen que se trata de una organización, que tiene un jefe e integrantes que reiteran actividades en el ámbito inmobiliario y que se sirve de la estructura municipal. Y avanzan en una denuncia por la posible configuración del delito de asociación ilícita, además de otras conductas criminales en perjuicio del Estado y de terceros.
La investigación en curso -que mantiene un alto interés en el pueblo- se enriquecerá con la presentación de más pruebas una vez concluida la inminente feria judicial, y con el posible ingreso del reconocido especialista en derecho penal, José Luis Dopazo como copatrocinante. Todo un dato.
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