A 20 días de las elecciones provinciales, la Justicia Electoral aún no aprueba el modelo de Boleta Única Papel con el que se deberá votar el próximo 11 de mayo. Este paso administrativo es indispensable para que el Correo Argentino –que también participa en tareas de logística y escrutinio- pueda iniciar la impresión del material electoral. La situación reviste una gravedad inédita. No sólo compromete el normal desarrollo del acto eleccionario, sino que afecta la necesaria difusión pública que permitiría a los votantes familiarizarse con el nuevo sistema de votación.
Pero el alcance del conflicto va mucho más allá. La demora de la jueza Electoral, Cynthia Fernández Paz pone en riesgo la celebración misma de los comicios, donde se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores, además de cargos municipales en varias localidades.
De persistir esta omisión, el Poder Judicial provincial quedaría incurso en una falta constitucional de extrema gravedad, ya que vulnera el principio republicano de gobierno, en tanto impide a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir a sus representantes.
Tan delicado es el escenario que podría habilitar la aplicación del Artículo 6° de la Constitución Nacional, que faculta al Gobierno Federal a intervenir el Poder Judicial para garantizar la forma republicana de gobierno, representativa y federal a través de elecciones libres y periódicas.
