La causa por las amenazas denunciadas por la fiscal María Virginia Palacios sumó una nueva presentación. Salvador Hugo Scarso, abogado defensor de Ernesto Faustino Novillo, pidió poner fin al conflicto mediante una salida alternativa y, subsidiariamente, solicitó una pericia psiquiátrica forense sobre la denunciante.
La presentación fue realizada en el expediente PEX 506953/26, caratulado “Novillo Ernesto Faustino (Imp) Palacios María Virginia (Damn) Av. Amenazas”. En el escrito, Scarso reconstruye inicialmente los hechos a partir de la denuncia formulada por Palacios y de las posteriores declaraciones públicas sobre el caso.
Según consigna la defensa, Palacios denunció haber recibido amenazas y señaló a Ernesto Novillo, conocido como “El Tomero”, como presunto autor. También hizo referencia a la posibilidad de un homicidio por encargo y vinculó el conflicto con las sospechas surgidas a partir de una causa por un robo ocurrido en La Toma. El escrito recuerda además que Palacios solicitó protección y obtuvo custodia del grupo COAR en su domicilio del barrio Los Quebrachos, además de una medida perimetral contra Novillo.
A partir de allí, Scarso desarrolla una fuerte crítica a la situación personal de la fiscal. El abogado sostiene que Palacios atraviesa un estado de aislamiento y plantea, como posición de la defensa, la existencia de problemas vinculados con su salud mental y con un supuesto consumo de estimulantes. Incluso afirma que una internación voluntaria permitiría abordar la situación. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la postura expresada por el defensor en su presentación judicial.
El primer planteo concreto de Scarso es buscar una solución alternativa antes de avanzar con nuevas medidas probatorias. El abogado propone terminar el conflicto y lograr el archivo de los expedientes que, según señala, serían unidos por conexidad subjetiva. “Terminemos esto de una forma amigable”, expresa en uno de los pasajes del escrito.
Sin embargo, la presentación contempla un segundo escenario. Si esa salida no prospera, la defensa solicita que se requiera al Juez de Garantías la realización de una pericia psiquiátrica forense sobre María Virginia Palacios y, si técnicamente correspondiera, también una evaluación psicológica.
El objetivo planteado es determinar si existen indicadores clínicos de ideación paranoide o persecutoria u otra alteración relevante y establecer, en caso de existir fundamento clínico, si podría relacionarse con el consumo de sustancias. También pretende determinar si alguna condición contemporánea a los hechos pudo haber incidido sobre la percepción, atención, registro o recuerdo de Palacios respecto del episodio investigado.
La defensa introduce, no obstante, una precisión relevante: reconoce expresamente que no posee documentación médica, estudios toxicológicos ni otra constancia documental que permita acreditar que Palacios padezca una adicción o paranoia. También sostiene que la pericia no debería utilizarse para suplir esa falta de pruebas ni establecer un diagnóstico a partir de una sospecha.
Scarso argumenta que el examen debería quedar limitado a establecer si existe una posible condición clínica y, eventualmente, si pudo afectar funciones vinculadas con la percepción y el recuerdo. El pedido excluye, según el escrito, una investigación general sobre la vida privada o la salud de la denunciante.
Entre los puntos propuestos para la eventual pericia aparecen la existencia de indicadores de ideación paranoide o persecutoria; la posibilidad de determinar si existe una relación entre alguna condición y el consumo de sustancias; la eventual presencia de una alteración aguda al momento de la denuncia; y si una condición acreditada pudo afectar la atención, percepción, registro o posterior evocación de los acontecimientos. También pide establecer si existe un trastorno cognitivo o conductual y si aparecen indicadores compatibles con consumo problemático, abstinencia o intoxicación.
El defensor aclara además que no pretende que los profesionales determinen si Palacios dice la verdad, si su relato resulta creíble o si existió una fabulación deliberada. Tampoco pide que los peritos se pronuncien sobre la responsabilidad penal de Novillo ni sobre la existencia misma de las amenazas denunciadas, cuestiones cuya valoración corresponden a la Justicia.
Finalmente, Scarso solicita que, si fracasa la propuesta de solución alternativa, la pericia sea tramitada ante el Juez de Garantías y realizada por profesionales idóneos e independientes, con control de las partes y resguardo de la intimidad de Palacios. En caso de que no resulte procedente un examen directo, propone que se analicen las constancias que puedan incorporarse legalmente al expediente y que los especialistas expliciten las limitaciones de esa evaluación.
