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En las próximas horas, la ministra de Salud de la provincia, Silvia Sosa Araujo recibirá una carta documento en la que será intimada para que en el término de cinco días haga público el listado de quienes se han vacunado supuestamente sin seguir los protocolos establecidos conformes las prioridades.
El texto de esa intimación se pulía en las últimas horas de este lunes, en el escritorio del abogado Ricardo Bazla, quien le adelantó a esta página el contenido de esa presentación.
“Esta intimación será bajo apercibimiento de iniciar las acciones penales por la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, discriminación y tráfico de influencia”, explicó el letrado, que nos descarta que se pueda configurar otro delito más grave: la figura de la asociacion ilícita “al haber tres o más integrantes del Gobierno responsables de esta situación”.
Pero las responsabilidades podrían -a criterio de esta presentación legal- ramificarse incluso entre quienes pudiesen haber sido vacunados por fuera de los procedimientos formales correspondientes.
“Incluso podría quedar incursos algunos de los que han aceptados ser vacunados teniendo pleno conocimiento de no reunir las condiciones prioritarias establecidas de acuerdo a las condiciones de la pandemia” aseguró Bazla.
En verdad, en las últimas horas se han viralizado mensajes con los supuestos nombres de dirigentes políticos y profesionales puntanos que habrían accedido a ser vacunados en condición VIP, aunque por ahora nadie ha confirmado o desmentido la veracidad de esa información.
