Endeiza: «La imparcialidad e independencia del Poder Judicial de San Luis es una quimera»

15 de febrero de 2022

Por Ricardo Endeiza 

Ex fiscal de Estado de la Provincia, Ex conjuez Federal – Ex conjuez Provincial, Presidente Asamblea General Partidaria Avanzar San Luis

 

Con profundo pesar me anoticio de una nueva violación a las instituciones más básicas del régimen republicano en la Provincia de San Luis, y tristemente debo decir también que lo hago casi sin asombro, pues realmente es doloroso ver como el poder que dirige los destinos de la provincia inexorablemente no tiene límite alguno en su permanente conducta de destruir la institucionalidad.

El nuevo hito en esta serie ininterrumpida y sistemática de atropellos es el hecho de que en un mismo día se anuncia que el Vicegobernador de la Provincia Eduardo Mones Ruiz (hijo) va a renunciar a tal cargo e inmediatamente es postulado para integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

Esto que en San Luis algunos pretenden mostrar como algo normal, no lo es de ninguna manera. El vicegobernador de la Provincia que de un día a otro va a dar un salto de presidir un poder del estado a la cabeza de otro, es el mismo que hace 3 meses fue candidato a diputado nacional por la lista del oficialismo provincial que dirige el gobernador de la Provincia Alberto Rodríguez Saá y no resultó electo.

Vaya a saber con qué fines, ahora es propuesto para integrar el Superior Tribunal de Justicia, violando groseramente el principio básico e indiscutido desde hace siglos en el mundo civilizado y democrático, de que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial es fundamental para las instituciones de la República. Por ello, todo cuanto pueda interferir en tal independencia e imparcialidad destruye las instituciones y las garantías más elementales de los que habitamos la provincia.

Esta postulación no hace sino traernos a la memoria otro tipo de escandalosas maniobras realizadas por el régimen que gobierna la provincia, podemos mencionar entre ellas la designación -en el año 2016- de Lilia Ana Novillo en el mismo cargo, luego de haber renunciado unos meses antes al mismo cargo para participar en unas elecciones PASO para ser pre candidata a Intendente de la Ciudad de San Luis, para luego de ser derrotada pasar a desempeñarse como apoderada del partido de Rodríguez Saá y de ahí sin más ser designada nuevamente (designación a la que formalmente me opuse junto a un grupo de ciudadanos con la pertinente presentación ante el Senado de la Provincia).

Resultado: Desde ese cargo ejerció la Presidencia del Tribunal Electoral Provincial y desde allí comandó, en el año 2017, toda una estrategia dirigida y pergeñada desde Terrazas del Portezuelo para proscribir al espacio político que integro y luego a -través de un escandaloso manejo de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas (PAS)- intentar proscribir a los candidatos del frente opositor a sus mandantes. Nos tocó llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para encontrar Justicia, a través de un pronunciamiento que en términos casi inéditos intimó al Poder Judicial de la Provincia a que cese todas las tropelías que estaban llevando adelante y solo así se logró que el régimen gobernante no lograra su objetivo.

Eso es solo una muestra del peligro que implica no tener jueces imparciales e independientes. Dicho esto ¿alguien en sus cabales puede seriamente afirmar que el hoy Vicegobernador cumple estos requisitos?

Y esto marca una matriz de una solo aparente división de poderes. Ejemplos: la esposa del secretario General de la Gobernación y encargado de la jefatura de Gabinete es designada ministra del Superior Tribunal de Justicia. El jefe del bloque de Diputados que responden a Rodríguez Saá es designado procurador General de la Provincia (jefe de todos los Fiscales y Defensores Oficiales de la Provincia).

Resultados: Un Poder Judicial que no logra esclarecer los hechos, dar respuesta alguna a la sociedad ni investiga las responsabilidades de miembros del Ejecutivo por las muertes de Florencia Magalí Morales en la Comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara y de Franco Maranguello, en la Comisaría del Menor de Villa Mercedes. Un Poder Judicial que tampoco logra dar respuesta o explicación alguna a la desaparición, hace más de 8 meses de Guadalupe Belén Lucero Cialone.

Y sin dudas esta nominación es parte de una matriz de hacer de la imparcialidad e independencia del Poder Judicial una quimera, toda vez que vemos que la misma es contemporánea con todo una maniobra de colonización del Ministerio Público Fiscal, mediante la designación discrecional por el Poder Ejecutivo de decenas de Fiscales en toda la Provincia, sin que los mismos sean sometidos a examen alguno respecto de su idoneidad, violando flagrantemente lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Provincial. Estos serán después los fiscales que pueden acusarnos de cualquier delito, de definir que quien cometió un homicidio o una violación contra uno de nosotros o nuestros seres queridos; quede libre.

Suena fuerte, pero es la realidad, es la verdad.

Todos nuestros derechos están en juego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: “Si se busca proteger los derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que le permita juzgar tanto las acciones del Poder Ejecutivo, como la procedencia de las leyes dictadas y aun de los juicios emitidos por sus propios integrantes. Por tanto, se considera que la efectiva independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general”.

Es demasiado grave lo que ocurre, no podemos naturalizarlo, no podemos acostumbrarnos. Es imposible ser plenamente libres y tener la garantía de que nuestros derechos más elementales, nuestra vida, nuestra integridad, nuestra propiedad estén garantizados si continúan estos comportamientos antirrepublicanos. Tomemos conciencia de ello y no nos resignemos. Es necesario que, sin miedos ni temor a perder privilegios, los actores sociales, las organizaciones intermedias y todos los ciudadanos ejerzamos todos mecanismos legales que tenemos para impedirlo.

 

 

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