Los jueces Jorge Levingston, Cecilia Chada, Eduardo Allende y José Guillermo L´Huillier fallaron contra la medida de no innovar de la Jueza María Eugenia Bona que había frenado los llamados a licitación que impulsa el gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá en su plan de comprometer los recursos económicos de la próxima gestión de gobierno.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia -tomó el caso a través de una vía extraordinaria como el “per saltum”- será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces puntanos dispusieron de conformidad con el Procurador General, Luis Martínez, la “admisibilidad del recurso extraordinario por salto de instancia, con el efecto suspensivo previsto en el art. 255 CPCC, en relación a la resolución cautelar de fecha 02/10/2023.
El artículo II) del fallo dispuso “Correr traslado con habilitación de día y hora, a la amparista, de la presentación de fecha 05/10/2023, por cinco día, de conformidad con lo dispuesto por el art. 255 del CPCC”; y en su artículo III) ordena “al Juzgado de Primera Instancia -y/o a la Cámara que estuviera interviniendo-, que forme incidente del trámite cautelar con las piezas pertinentes”.
En los hechos el fallo del Superior Tribunal de Justicia de San Luis le da vía libre a Rodríguez Saá para que avance con los llamados a licitaciones que comprometerán los recursos económicos de la provincia y sobre cuyo destino debiera decidir la gestión de gobierno que se inicia el 10 de diciembre próximo.