La Cámara Electoral Nacional confirmó que el gobernador Alberto Rodríguez Saá intentó hacer fraude electoral al impulsar un paquete de medidas económicas, popularmente llamado “Plan Platita”, para torcer la voluntad del electorado puntano, luego de la primera derrota electoral (46,9% a 37,3%) que sufrió hace un año, el 12 de setiembre de 2021.
Esta confirmación significa también que la investigación continuará y alcanzará a los funcionarios de Rodríguez Saá que quedaron envueltos en esas maniobras que la Cámara definición como desleales y violatorias de las reglas de la competencia electoral.
La ratificación de la Cámara Electoral Nacional es un espaldarazo legal a la resolución de la Justicia Federal de San Luis firmada por Juan Maqueda, que se originó en una denuncia del Comité Electoral del Juntos por el Cambio contra el Gobierno provincial por la comisión de delitos electorales.
El fallo del máximo tribunal del país con competencia en la materia fue firmado por Daniel Bejas, Santiago Corchera, Alberto Dalla Vía.
Este proceso judicial se inició por una denuncia presentada el 7 de octubre de 2021 por la presidenta del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y presidenta de Bases Republicanas, Jimena de la Torre y el apoderado del Frente Unidos por San Luis, Ricardo Endeiza por la utilización de fondos públicos con fines clientelistas y discrecionales.
El fiscal Cristian Rachid solicitó el dictado de urgentes medidas cautelares «para evitar la comisión de delitos electorales» y el juez hizo lugar a todos los pedidos, incluido el uso de los fondos rotatorios “cajas chicas” por parte de los funcionarios para dar dinero en efectivo sin necesidad de rendir cuentas.
La respuesta del Gobierno provincial fue un recurso de apelación impulsado por el fiscal de Estado, Eduardo Allende, que además de cuestionar el fallo de primera instancia, cargó contra el fiscal Rachid en cuya defensa se expresaron la Federación Latinoamericana de Fiscales y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que consideró los dichos de Allende como un “escrache público” contra el fiscal Rachid.
