29 de junio de 2022

Denunciaron penalmente al ministro Filomena y a juezas

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Los abogados Ricardo Bazla y Lucio Pereira denunciaron penalmente al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena por la probable violación del Artículo 166 de la Constitución Provincial, por la supuesta violación de la Ley de Colegiación de Abogados y por la posible comisión de negocios incompatibles con la función pública.

La denuncia penal también involucra a las juezas integrantes del Superior Tribunal de Justicia provincia, Carolina Monte Riso y Cecilia Chada, y a la ex jueza Lilia Novillo por la supuesta violación al régimen de contratación de la provincia.

El caso surgió a partir de una investigación periodística que reveló que fue ajdudicada en forma directa la ejecución de las tasas judiciales de la provincia de San Luis al estudio jurídico particular que se referencia en el ministro de Gobierno, Fabián Filomena.

A partir del ingreso de esta denuncia penal a la Justicia, en aproximadamente cinco días debería haber un pronunciamiento fiscal y en unos quince días un llamado a ratificación de la denuncia.

Las tres acusaciones que pesan sobre Filomena fueron claramente tipificadas:

  1. Posible violación de la Constitución Provincial, que en su artículo 166 señala que “Los ministros gozan de sueldo y de los gastos de representación establecidos por ley. No pueden desempeñar otro empleo, profesión u oficio, ni percibir otro emolumento, directa o indirectamente dentro o fuera de la Provincia.
  2. Posible violación de Ley de colegiación de Abogados, en lo referido a la imposibilidad de que un abogado en funciones para la administración pública provincial siga ejerciendo la profesión en el ámbito privado.
  3. Por la posible comisión de negocios incompatibles con la función pública, delito en el que queda incurso según lo establece el Artículo 265 del Código Penal, el funcionario que se interese en un negocio vinculado con su función en el Gobierno.

Tanto las actuales juezas Carolina Monte Riso, como Cecilia Chada y la ex presidenta del Superior Tribunal, Lilia Novillo -quienes firmaron el acuerdo por el que se le concedió a LEG Estudio Jurídico la ejecución de las tasas judiciales- también fueron denunciadas penalmente.

En este caso por la posible violación al régimen de contratación de la provincia, que obliga a realizar un llamado a licitación. Al haberse adjudicado la ejecución de tasas a un estudio jurídico en forma directa, se habría violado el principio de concurrencia.

 

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