DePolíticaEl consejo Provincial de ATE San Luis se declaró en Estado de Alerta y Movilización en la Municipalidad de Justo Daract y denunció al intendente Alfredo Domínguez por derogar un artículo de una ordenanza municipal que garantizaba el traslado automático de los aumentos que dispusiera el Estado provincial hacia los salarios de los trabajadores municipales.
“Lamentablemente, a partir de dicha derogación, los aumentos para los y las trabajadoras de la Municipalidad de Justo Daract, dependen de la voluntad del Intendente, sin ningún tipo de obligación más que su buena o mala predisposición” señala el comunicado que emitió la central obrera.
“Nuestra denuncia deriva de que todo esto se ha realizado a escondidas del personal municipal y del pueblo de Justo Daract. Sin previo aviso y sin medir los daños que se ocasionan, hipotecando a futuro, el bienestar y la tranquilidad del personal municipal, traicionando a quienes durante tanto tiempo sostuvieron este logro o beneficio (desde 2005), que permitía al personal municipal al menos sentirse contenidos por las políticas salariales de la provincia, como un piso lógico de aumentos que se otorgan todos los años y sus actualizaciones” señaló el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.
Responsabilidades compartidas
La denuncia gremial hace responsable “a todo el arco político de Justo Daract, a todo el Concejo Deliberante que es cómplice de Domínguez y su lacayo el contador Claudio Salas, sin distinción de banderías políticas”.
“Todos sabían de esta situación desde el mes de abril, todo el Concejo Deliberante tenía esta información y se la ocultaron a los trabajadores municipales, quizá por algún magro plus que cobran” denuncia el comunicado.
La acusación sube de tono en la parrafada final contra Domínguez “que comenzó su gestión echando trabajadores, que todo el tiempo vulnera derechos, que ejerce violencia de género, violencia laboral, persecución gremial y política contra representantes sindicales y contra el personal, que durante año pagó el salario de un abusador, que le debe al persona en concepto de salarios mal liquidados más de 300 mil pesos promedio a cada trabajador y trabajadora y que ahora deroga la única ordenanza que beneficiaba directamente al personal municipal”.
