La situación judicial del diputado provincial Joaquín Raúl Beltrán ingresó en una nueva etapa. La Fiscalía de Instrucción N.º 3 de Villa Mercedes volvió a solicitar a la Cámara de Diputados de San Luis que le retire los fueros parlamentarios, esta vez con un argumento de particular importancia: la investigación penal preparatoria está concluida y el Ministerio Público Fiscal considera que reunió elementos suficientes para sostener una acusación formal.
El nuevo requerimiento fue presentado mediante el Oficio N.º 301, fechado el 20 de noviembre de 2026, y dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Alberto Leyes. Lleva la intervención de la unidad fiscal a cargo de José Olguín, con Marcelo Palacio como fiscal adjunto.
El 16 de septiembre pasado Beltrán había enfrentado un primer pedido de desafuero solicitado por la Justicia, que no prosperó por solo un voto dado que se requiere dos tercios (29 votos) de la totalidad de integrantes de la Cámara. Esa votación terminó 28 a favor de desafuero y 9 en contra.
Beltrán está imputado en una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública y otros posibles delitos contra la administración pública. El expediente también involucra a Anabela Lucero y otros imputados, en la causa conocida como Molino Fénix.
La novedad más significativa del oficio es que la Fiscalía ya no plantea únicamente la necesidad de continuar investigando al legislador. Ahora sostiene que esa etapa del proceso está terminada y que corresponde avanzar hacia las instancias judiciales que pueden desembocar en un juicio oral y público.
Para hacerlo, los fiscales consideran indispensable que la Legislatura autorice el desafuero.
En el documento explican que la inmunidad parlamentaria no impidió desarrollar la investigación preliminar, pero sí constituye un obstáculo constitucional para celebrar la audiencia de control de acusación ante el juez de Garantías, avanzar hacia la elevación a juicio y discutir medidas restrictivas de la libertad.
Entre esas medidas aparece expresamente mencionada la prisión preventiva.
Esto no significa que la Justicia haya ordenado detener a Beltrán. Lo que solicita la Fiscalía es que se remueva el impedimento constitucional para que el juez competente pueda analizar esa posibilidad dentro del proceso penal.
Una acusación formal y el pedido de prisión preventiva
El oficio contiene una afirmación que marca la diferencia respecto de las etapas anteriores de la investigación. Los fiscales aseguran que la investigación penal preparatoria está concluida y que se reunieron elementos de convicción suficientes para sustentar la acusación formal, cuya copia certificada fue remitida a la Cámara de Diputados.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal pretende que el expediente avance hacia la etapa intermedia del proceso penal, en la que deberá realizarse el control judicial de la acusación antes de una eventual elevación a juicio.
La solicitud también incluye la posibilidad de que se trate una medida de coerción personal, específicamente la prisión preventiva del legislador.
Se trata de dos cuestiones diferentes. Por un lado, la Fiscalía busca que la acusación pueda ser sometida al correspondiente control judicial y que la causa avance hacia el juicio. Por otro, pretende que el juez esté habilitado para evaluar si corresponde imponer una medida cautelar sobre la libertad del imputado.
Los fueros no son un privilegio personal
El documento dedica una parte de su fundamentación a explicar el alcance de las inmunidades parlamentarias.
Los fiscales sostienen que los fueros no constituyen un privilegio personal del funcionario, sino una garantía institucional destinada a proteger el funcionamiento del Poder Legislativo frente a eventuales persecuciones arbitrarias.
Sin embargo, argumentan que esa protección no puede transformarse en un impedimento permanente para el avance de una causa penal cuando existe una acusación fundada por delitos comunes de gravedad institucional.
Para sostener el requerimiento, invocan los artículos 108 y 125 de la Constitución provincial, el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal de San Luis y el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Desde esa perspectiva, consideran necesario que el diputado pueda quedar sometido a la jurisdicción penal ordinaria en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.