La intendenta de Potrero de los Funes, Cristina Vallejo, formalizó este jueves su respuesta política e institucional al intento del Concejo Deliberante de forzar una convocatoria a elecciones tras el fallecimiento del intendente Ignacio Olagaray.
La jefa comunal presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio y, paralelamente, firmó el veto total de la resolución aprobada por el cuerpo legislativo, una iniciativa promovida por concejales alineados con el espacio político de Alberto Rodríguez Saá y del exintendente Daniel Orlando.
Los documentos dejan en claro la posición que asumirá el Ejecutivo municipal en adelante: la sucesión ya fue resuelta por la Constitución provincial y, por lo tanto, no existe ninguna vacante institucional que obligue a convocar elecciones anticipadas.
El núcleo de la argumentación se apoya en el artículo 262 de la Constitución de San Luis. Según la interpretación de Vallejo, la norma establece de manera expresa que, ante la vacancia definitiva de un intendente, debe asumir quien ocupa la presidencia del Concejo Deliberante. Bajo ese criterio, su llegada al cargo no constituyó una designación provisoria sino la aplicación directa del mecanismo sucesorio previsto por la Constitución.
La intendenta sostiene además que ninguna norma provincial ni municipal establece la obligación de convocar a elecciones para completar el mandato de un jefe comunal fallecido. Por el contrario, afirma que el propio Concejo Deliberante reconoció la validez de la sucesión cuando le tomó juramento y la puso formalmente en funciones al frente del Departamento Ejecutivo.
Uno de los puntos centrales de la presentación consiste en diferenciar los conceptos de vacancia y acefalía. Para Vallejo, la muerte de Olagaray produjo una vacancia del cargo, pero no una acefalía institucional, porque la Constitución ya determina quién debe asumir el gobierno municipal. En ese sentido, recuerda que la Ley de Régimen Municipal reserva la figura de la acefalía para situaciones mucho más extremas, vinculadas a la ausencia simultánea de las autoridades ejecutivas y de la mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante.
La jefa comunal también cuestiona la intención de trasladar al ámbito municipal mecanismos previstos para casos excepcionales de sucesión provincial. Según sostiene, la Constitución distingue claramente ambas situaciones y prevé una solución específica para los municipios, lo que impediría aplicar interpretaciones analógicas destinadas a modificar el esquema sucesorio establecido por la propia Carta Magna.
Otro de los argumentos apunta directamente al comportamiento institucional del Concejo Deliberante. Vallejo invoca la denominada teoría de los actos propios para señalar que el mismo cuerpo que reconoció su condición de sucesora constitucional, le tomó juramento y la puso en funciones no puede ahora desconocer los efectos de aquella decisión y redefinirla como una designación transitoria.
La presentación constituye, además, una respuesta a una discusión que en las últimas semanas comenzó a adquirir un fuerte contenido político. Desde el oficialismo municipal sostienen que detrás del planteo impulsado por sectores opositores existe un intento de reabrir una sucesión que ya quedó jurídicamente resuelta desde el momento mismo de la asunción de Vallejo.
Con el recurso presentado y el veto firmado, la intendenta busca que el Concejo Deliberante deje sin efecto la resolución aprobada el 20 de mayo y ratifique la validez de la continuidad institucional puesta en marcha tras la muerte de Olagaray. Su señal política es inequívoca: considera que la sucesión quedó resuelta por mandato constitucional y que no corresponde abrir un proceso electoral extraordinario para elegir intendente en Potrero de los Funes.
